En el marco de la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) ordenó el embargo preventivo de propiedades, vehículos y activos comerciales de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y otros condenados en el expediente.
El Tribunal Oral Federal Nº2 avanzó con el decomiso de los bienes de la expresidenta, sus hijos y otros condenados en el marco de la causa Vialidad
La resolución no implica que Cristina Kirchner deba cambiar su domicilio para cumplir con su condena
En el marco de la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) ordenó el embargo preventivo de propiedades, vehículos y activos comerciales de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y otros condenados en el expediente.
La medida alcanza al departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso adoptaron la decisión a pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
El TOF 2 sostuvo que los embargos buscan preservar los bienes y garantizar que el tribunal pueda ejecutar el decomiso dispuesto en la causa.
Los magistrados señalaron que resulta necesario "adoptar los resguardos necesarios para preservar los bienes individualizados y asegurar que la jurisdicción conserve aptitud real".
La medida no implica una subasta inmediata ni una pérdida definitiva de la propiedad. El embargo impide que los titulares transfieran, graven o retiren de la jurisdicción los activos alcanzados mientras avanza el proceso.
En el caso del departamento de San José 1111, la resolución tampoco ordena que Cristina Kirchner abandone el inmueble ni modifica, en esta instancia, las condiciones de su prisión domiciliaria.
Las nuevas medidas forman parte del proceso destinado a recuperar $685.000 millones, monto que la sentencia de Vialidad estableció como perjuicio patrimonial para el Estado.
El TOF 2 ya había avanzado con una primera etapa de decomiso sobre bienes, que ahora atraviesan procesos de tasación. En noviembre, el tribunal había ordenado el decomiso de 111 propiedades: 20 vinculadas a la familia Kirchner, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas y otras seis correspondientes a los demás condenados.
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En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal avaló el criterio del TOF 2 sobre esos bienes. La expresidenta y Báez recurrieron la decisión ante la Corte Suprema, donde el planteo continúa bajo análisis.
La segunda etapa contempla 144 bienes, entre propiedades, vehículos y paquetes accionarios de distintas sociedades.
Entre los activos alcanzados aparecen: el departamento de San José 1111 donde Kirchner cumple prisión domiciliaria; un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera en el complejo Madero Center, en Puerto Madero; propiedades en El Calafate y Río Gallegos, el chalet de la expresidenta sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner, en El Calafate; viviendas ubicadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo; el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén, en Santa Cruz.
Además, la determinación incluye el dinero que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia, más de 5 millones de dólares.
En este marco, el tribunal también ordenó al Banco Galicia que informe con carácter urgente, en un plazo de 24 horas, sobre el estado de una caja de seguridad y de dos cuentas de ahorro de Florencia Kirchner, una en pesos y otra en dólares.
Los jueces adoptaron esa medida bajo apercibimiento de ley ante los incumplimientos que, según la resolución, la entidad había registrado frente a pedidos de información anteriores.
Para fundamentar los nuevos embargos, el TOF 2 se remitió a los argumentos de la sentencia condenatoria de la causa Vialidad.
El fallo determinó que la maniobra vinculada con la obra pública "generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner".
Los jueces también establecieron que durante el período investigado existió "una conexión económica y comercial comprobada".
Según la sentencia, empresas vinculadas a Báez alquilaron, explotaron turísticamente y construyeron emprendimientos en hoteles y propiedades de la familia Kirchner, tanto de forma directa como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
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El tribunal también dispuso medidas sobre activos de empresas constructoras vinculadas a la causa por la obra pública.
Entre ellas, ordenó el embargo de un inmueble de Kank y Costilla, adquirido en abril de 2005, después de que el expediente incorporara documentación que acreditó su ingreso al patrimonio de la sociedad.
La Justicia también avanzó sobre una propiedad de Río Gallegos que Lázaro Báez adquirió a fines de 2005 mediante una cesión de derechos ajena a un proceso sucesorio previo.
Además, los magistrados ordenaron reinscribir embargos sobre distintos vehículos de otros condenados: un Honda CR-V de Cristina Fernández de Kirchner; un Ford Mondeo, un BMW 630, un Chrysler Coupe y un Torino de Lázaro Báez; un Chevrolet Meriva de José López; una Land Rover Defender de Mauricio Collareda; una Dodge Journey de José Raúl Santibáñez y un Fiat 600 de Nelson Periotti.
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