Un hombre quedó detenido a casi una semana del operativo por balaceras y agresiones a testigos del juicio a Jonatan Almada
Foto: PDI.
El sospechoso era buscado por amenazas a quienes declararon en el debate.
La investigación sobre amenazas narco a testigos en el barrio Ludueña se actualizó este lunes con una nueva detención. Fuentes oficiales confirmaron que un octavo sospechoso se entregó después de los allanamientos que se habían realizado la semana anterior en relación al juicio a Jonatan Almada, suspendido luego del inicio del debate en Rosario.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe anunció el arresto de Walter G. a última hora de la jornada. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) había pedido su captura el 4 de agosto, cuando solicitó un procedimiento para esclarecer balaceras y otras agresiones intimidatorias en la zona donde operaba la banda comanda por el imputado junto a Mauro Gerez.
El prófugo se presentó en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), a seis días de aquel despliegue con 17 allanamientos y siete personas aprehendidas. Una vez que se corroboró su identidad, lo arrestaron y quedó a disposición del fiscal José Luis Caterina para profundizar la pesquisa.
El juicio a Jonatan Almada comenzó el lunes 20 de julio con un pedido de condena a 40 años de prisión. El MPA propuso que se aplicara una pena unificada de 46 años de cárcel a partir de una sentencia previa en el fuero federal.
El hombre de 34 años era la única persona imputada ante el tribunal conformado por Lorena Aronne, Paola Aguirre y Lisandro Artacho. Una semana después del inicio de las audiencias en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la primera magistrada se apartó en medio del proceso porque la defensa advirtió que había intervenido en causas previas vinculadas a otros integrantes de la misma organización ilegal.
>> Leer más: Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en un operativo en el Paraná, a la altura de San Nicolás
El juicio se frenó el martes 28 de julio, a menos de una semana de la lectura del fallo de primera instancia. Esta pausa no pasó inadvertida en la calle, ya que el fiscal Pablo Socca advirtió en los días siguientes que los testigos empezaron a recibir amenazas en el barrio Ludueña.
Sin resolución en cuanto a la reanudación o el reinicio del debate, el funcionario pidió que se convalidaran las declaraciones de las primeras audiecias para que las personas citadas no volvieran a declarar. Con el fin de garantizar su protección, argumentó que ninguna de ellas es responsable de la suspensión del juicio.
El juicio que debía concluir el martes anterior llevó al banquillo de acusados a uno de los principales miembros de la célula de Los Monos que disputó el control territorial para vender droga en el noroeste rosarino frente a la banda de Fran Riquelme. Entre 2021 y 2023, Almada tenía un rol protagónico para poner en práctica las órdenes que daban Matías César, Andy Benítez y Julián Aguirre desde la cárcel de Piñero.
El MPA definió al imputado como el "gerente de una empresa criminal" responsable de usurpaciones, extorsiones, narcomenudeo y homicidios en Ludueña. Hasta el momento, más de 30 miembros fueron condenados mediante procedimientos abreviados.
Luego de la suspensión de las audiencias, la PDI hizo 17 allanamientos el 4 de agosto junto a la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la Policía de Santa Fe. Alrededor de 200 agentes fueron a buscar a familiares y allegados a los cabecillas de la banda por las amenazas que recibieron los testigos.
Las fuerzas de seguridad provinciales arrestaron a Gonzalo E., sobrino de Gerez; Maricel G., hermana; Ludmila E. y Estefania E., primas; y Camila H., novia del recluso. Además, fue aprehendido Kevin "Yerba" A., considerado miembro de la banda desde que era menor de edad. En otros procedimientos también realizados en Ludueña fue aprehendida Sandra W., pareja de Andy Benítez, ya condenado como jefe de la banda que ahora quedó comprometido, junto a Almada, por una nueva acusación vinculada a usurpaciones y administración de alquileres.
En total, las autoridades secuestraron 21 teléfonos celulares, un arma de fuego y documentación de interés para la causa. Entre los domicilios allanados, el MPA pedirá la inactivación de un búnker de drogas ubicado sobre Solís al 300.
La querella de la familia del niño que se ahogó en una de las piletas de la institución insiste en el pedido para imputar a tres directivos. Sostienen que se usaron "pruebas inventadas" para protegerlos
