La expresidenta compartió una carta abierta y confirmó que su defensa presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad
Cristina Kirchner anunció este miércoles que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad.
La decisión se conoció a través de una carta abierta titulada "El costo democrático de la politización de la Justicia", que la expresidenta publicó en medios de otros países como El País (España), Folha de San Pablo (Brasil) y Libération (Francia), además de difundirla en sus redes sociales.
La publicación coincidió con la presentación formal de una Comunicación Individual ante el organismo internacional, mediante la cual su equipo de defensa sostiene que el proceso judicial vulneró garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por la Argentina.
Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución tras ser condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, comenzó la carta: "Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre".
Según su visión, la exmandataria afirmó el objeto que persigue la condena: "El ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino".
En el documento, la expresidenta volvió a definir su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como una "forma de proscripción" y sostuvo que ese mecanismo constituye una amenaza para el funcionamiento democrático.
"La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria", afirmó.
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En este sentido, agregó: "Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido".
Además, aseguró que las instituciones mantienen un funcionamiento formal, aunque "el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política".
Otro de los ejes de la carta fue la denuncia de presuntas violaciones a los derechos humanos durante el proceso judicial.
La expresidenta describió su situación: "Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino".
También aseguró que durante años se intentó juzgarla no sólo por sus decisiones políticas, sino también por su condición de mujer.
"Ser la única mujer electa y reelecta presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se hicieron a lo largo de la historia en nuestro país... ¿Ser la única expresidenta condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?", cuestionó.
Asimismo, denunció una persecución marcada por "violencia, estigmatización y arbitrariedad" y recordó el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022 como parte del contexto que describió en su presentación.
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La estrategia internacional quedó formalizada con una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde la defensa argumentó que durante el proceso judicial se vulneraron derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para esta instancia, el equipo incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, vinculado al equipo legal del presidente Lula da Silva, y al español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Kirchner destacó que ambos cuentan con una trayectoria "independiente y ampliamente respetada" en materia de derechos humanos y sostuvo que su participación permitirá que el caso sea analizado "con el rigor jurídico que merece".
En el tramo final de la carta, la expresidenta afirmó que la presentación ante la ONU no persigue un trato diferencial: "No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino".
Finalmente, ratificó que continuará buscando un cambio en la condena: "Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos. Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política".
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