Ingresaron al Senado las reformas a las leyes de salud mental y discapacidad

El gobierno nacional ingresó en el Senado una reforma a la ley de salud mental y otra a la ley de emergencia en discapacidad, con lo que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.

La estrategia fue definida este viernes, tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada de la que participaron figuras como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, entre otros.

Las dos reformas ingresaron por el Senado, donde el gobierno logró construir una mayoría sólida y le servirá que sea Cámara de origen por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.

Con esos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, previsto para el 29 de abril próximo.

Más iniciativas del gobierno nacional

Además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de inviolabilidad de la propiedad privada y Hojarasca.

La idea del gobierno de Javier Milei es avanzar con Hojarasca el martes en comisión y, de no mediar dificultades, llevar la iniciativa al recinto al día siguiente.

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Respecto de la inviolabilidad de la propiedad privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen debido a reparos de la oposición dialoguista sobre modificaciones que no fueron consensuadas tras la defensa del ministro Federico Sturzenegger en comisiones. Debido a los plazos reglamentarios, se estima que su llegada al recinto ocurriría recién en mayo.

En tanto, acerca de la primera iniciativa enviada al Senado, el texto oficial señala que la iniciativa “tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, implementar acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria”.

En el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que el proyecto busca “actualizar el marco normativo del sistema con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.

En esa línea, explicaron que el objetivo es “superar las limitaciones actuales para el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y criterios y adaptándolos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción”.

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El relevamiento previo incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores judiciales y legislativos, y “se detectaron dificultades concretas en la práctica diaria”.

El segundo proyecto enviado a la Cámara alta se centra en las pensiones no contributivas por invalidez. En el mensaje, el Ejecutivo sostuvo que, entre 2003 y 2023, esos beneficios pasaron de 76 mil a aproximadamente 1.200.000.

Al respecto, el gobierno afirmó que “la magnitud de la situación descripta generó una inevitable sospecha sobre las condiciones en que esos beneficios fueron otorgados”.

El texto añadió que investigaciones y auditorías detectaron “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales” y mencionó “domicilios inexistentes” y casos en los que “no se verifican los requisitos legales y médicos exigidos”.

Según el gobierno libertario, esa situación “genera un injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional” y afecta “la correcta asignación de los recursos”.

Por eso, el proyecto propuso crear herramientas específicas para “prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”.