Búnkeres de drogas derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

Búnker número 78 derribado en Rosario, 88 en el departamento y 133 en la provincia. Como un contador de ganado, el gobierno de Santa Fe lleva la cuenta y difunde cada uno de los derribos de puntos de droga desde que está vigente la Ley de Microtráfico y lo enmarca en una política de seguridad.

Como la normativa abarca la posibilidad de derribo de búnkeres, el gobierno avanza con el operativo y busca efectos de alivio en esos focos geográficos violentos. La ley adquirió un sentido práctico en el territorio para borrar los entornos hostiles, lo que no quiere decir que la comercialización se haya terminado.

El gobierno la impulsó ni bien asumió en diciembre de 2023 y la tomó como herramienta de seguridad con un trabajo coordinado el Ministerio Público de la Acusación (MPA). A su vez difunde las palas mecánicas derrumbando paredes y le da visibilidad reiterativa a los operativos que puede parecer efectista.

Búnkers

Sin embargo, mostrar el lugar donde interceden es un mensaje en sí mismo a los narcos y a la ciudadanía, argumentan. En el MPA suman otra cuestión: sirve la difusión porque al marcar que hay una respuesta siguen los llamados y denuncias de los vecinos.

Dan el ejemplo de una causa de una banda en un barrio del noroeste: en seis meses tuvieron unos 175 llamados. Era un indicio muy claro que había un problema que resolver allí. Hasta cuentan que la difusión sirve para avisar si el búnker se está rearmando en otro lado.

Pero en este punto se complejiza el análisis porque la configuración de las bandas no es como la de hace años cuando una organización criminal tenía muchos tentáculos y, si le derribaban un punto de venta, en el mismo día levantaban otro en la esquina.

Las autoridades trabajan con un mapa donde hay atomización de bandas, sin haber grandes que monopolizan el mercado como ocurría antes, sino a lo sumo desprendimientos que compiten. Es otra escala. Entonces, sostienen, el derribo de un búnker los complica por más que el negocio eventualmente continúe por otros canales.

“La idea es complicarle el negocio a los narcos pequeños y medianos”, aporta una fuente. Es lo que le permite la Ley de microtráfico que fue resistida en su momento con fundamentos jurídicos abundantes.

Por ejemplo, uno de los cuestionamientos es que termine siendo una política simplista que ataque a los eslabones más débiles de la cadena y no afecte el poder real detrás del mercado ilegal. En síntesis: ¿Hasta qué punto ese punitivismo ataca la esencia del problema?

La explicación que encuentra es que las causas de narcotráfico corresponden a la justicia federal y que los operativos de microtráfico ayudan a reducir los indicadores de violencia que hoy es lo urgente, más que la esencia.

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De hecho, destacan que la prioridad de seguridad es desarmar puntos de venta por la violencia lesiva que atrae. Al desarmar ese punto, descomprime el ambiente hostil.

“En esa dimensión la mejora de las condiciones estructurales en los barrios facilitan desde la perspectiva de la prevención del delito, alentando la participación ciudadana también. Por eso también se despliegan estrategias integrales con otras áreas de gobierno por ejemplo con programas de desarrollo humano y obras de infraestructura”, agregan en el gobierno. Sin esas políticas de fondo puede quedar renga la estrategia.

El tema es complejo, no jurídico, sino también toca lo político. Vale recordar la tensión muy fuerte entre fiscales de Rosario y camaristas provinciales por los criterios de los fallos ya que algunas causas se giraron al fuero federal, al punto que se los responsabilizó si había "más homicidios". Luego hubo una distensión.

¿Cómo trabajan?

El procedimiento de este lunes por la mañana en Benteveo 790, zona oeste, representaba “una problemática compleja para el vecindario, en una zona donde ya realizamos varias intervenciones”, según dijo el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira.

La fiscal de Unidad de Microtráfico, Mercedes Banchio, recordó que el derribo es “el quinto que se concreta en barrio Gráfico a partir de una prolongada investigación realizada por el equipo de Microtráfico que detectó, además de la venta de drogas en el lugar, violencias altamente lesivas, maniobras vinculadas a extorsiones.

Hay una estrategia de priorización de "posibles puntos de venta de estupefacientes" (PPVE) que la lleva adelante la Unidad de Análisis de Inteligencia Criminal, un destino policial, dentro de la Dirección General Central OJO.

Los datos objetivos para la priorización es la concentración de eventos de violencia altamente lesiva (homicidios, heridos de arma de fuego, disparos de arma fuego -sobre todo contra domicilios, tipo amenazas extorsivas-), en un radio de 200 metros alrededor del PPVE.

Con esa información, más las apreciaciones de inteligencia, trabajan en conjunto con la Unidad Especial de Microtráfico del MPA, la encabezada por Franco Carbone, que tiene su propia área de análisis, y se avanza investigativamente. Luego los resultados de las investigaciones, retroalimentan el sistema de inteligencia.