El fiscal regional de Rosario cuestionó fallos de camaristas contra el microtráfico y los responsabilizó si hay "más homicidios". Los jueces respondieron
Por Facundo Borrego
La fiscal general, María Cecilia Vranicich y Matías Merlo regional de Rosario cuestionan a los camaristas
Mientras el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez pedía evitar disputas cotidianas y construir sobre los “elementos que unen”, tomaba temperatura la discusión entre fiscales y camaristas provinciales por la competencia del narcomenudeo. Al menos esa es la punta del iceberg.
Si bien las palabras de Gutiérrez resonaban hacia el gobierno provincial, con el que se hace un esfuerzo enorme por mantener distendida la relación, podrían aplicar al conflicto a cielo abierto entre camaristas y fiscales que prendió durante la semana pasada y tiene pinta de ser un ladrillo de una pelea más amplia.
La encendió el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, cuando cuestionó en términos fuertes a camaristas penales por algunos fallos y por girarle algunas causas de microtráfico a la competencia federal. No dejó nada a la interpretación: "Afectará directamente a la seguridad con más homicidios y balaceras, se van a tener que hacer cargo", arrojó en Cadena 3. Pasó de cero a cien.
Sin embargo, ya al poco tiempo de entrada en vigencia la ley de microtráfico en 2024, que impulsó el gobierno provincial, comenzaron los comentarios por lo bajo de algunos fiscales sobre que los jueces aparentemente “pateaban” las causas al federal. Los magistrados lo negaron rotundamente, como hicieron días atrás contestándole a Merlo.
“Puede disentir con el criterio de la Cámara, pero lo que no puede hacer es adjudicar un eventual incremento de homicidios a ese puñado de resoluciones. Quiere coaccionar Merlo”, explicaron a La Capital en la mesa de camaristas que firmaron un comunicado denunciando "un intento de coacción institucional por responsabilidades propias".
>>> Leer más: Ajustes de roles de la Justicia en Santa Fe
Sintieron que tiró al fleje y que, en realidad, la discusión es “eminentemente jurídica”. “No hay ninguna intencionalidad, todo es convicción de que deben abordarse desde el fuero federal por ser narcotráfico”, sostuvo otro magistrado de la apelación.
Además de un comunicado en rechazo a las declaraciones, esta vez los camaristas sumaron un pedido de intervención a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la Legislatura y la Auditoría del MPA. En pocas palabras: quieren que lo sancionen a Merlo. “Al máximo tribunal enviamos a los fines que estime corresponder”, edulcoró uno de los firmantes.
Otro, sostuvo que puede entenderse algún enojo del fiscal de grado de la investigación, pero no del fiscal regional de Rosario. Se basa en que los fiscales muchas veces se comprometen tanto con la causa que les da “desánimo o frustración” perder el control de la misma.
“Es ver que otro se casa con tu novia”, graficó alguien que trabajó años, y mano a mano, en fiscalía. En cambio, un juez fue directo: “La medalla no debe ser personal. La medalla es que se resuelva el caso”. Hasta sostienen que podrían mantenerse los fiscales del MPA en la investigación federal. Claro, no es lo mismo, es compartido.
Los fiscales del MPA entienden que si la causa pasa al fuero federal todo es más lento bajo el supuesto, en algún momento válido, de que la Justicia federal está renga por falta de personal.
Una fuente del Poder Judicial explicó que se reforzó desde hace unos años la el fuero federal y que tiene 27 fiscales en la jurisdicción, lo que “triplica” a la Unidad de Microtráfico.
“Puede llevar adelante siete casos, claro que sí”, resumía en referencial número que los camaristas giraron a la jurisdicción federal. Los fiscales dicen que son una docena, de aproximadamente 350 causas. También cuestionan a la justicia federal criterios desajustados a la realidad con las prisiones domiciliarias en un tema delicado como el narco. Eso le es ajenos a los camaristas, dirán.
Pero hay algo más que se deja leer en el encono de los fiscales: es distinto su compromiso con el tema porque la persecución penal -con el derribo de búnkeres a la cabeza- se enmarca en la política de seguridad provincial. Es decir, pesa la conjunción entre el MPA y el gobierno santafesino.
Con la nueva Constitución santafesina, el “MPA tiene a su cargo el diseño, la planificación y la ejecución de la política de persecución penal, en coordinación con las demás autoridades de la provincia” (art.134), llámese sobre todo el Ejecutivo, un tema con el que insistió el gobernador Maximiliano Pullaro.
El viernes, Pullaro y su ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, recibieron a la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich; al jefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, Franco Carbone; a la fiscal de la Coordinación, Carla Cerliani y a Merlo.
La foto de respaldo fue evidente. La difusión con declaraciones del gobernador, más. “Teníamos en la provincia de Santa Fe 112 homicidios; tres años después, tenemos 22. Es producto de haber enfrentado el tráfico de estupefacientes, y la violencia que generaba, en muchos barrios y ciudades de la provincia”.
"Tenemos que seguir adelante y no dar un milímetro de ventaja”, indicó. Un milímetro puede interpretarse como una causa en el marco de la discusión por la competencia.
"Le transmitimos al gobernador nuestra afirmación en la política de persecución penal priorizada en violencias altamente lesivas atravesadas por microtráfico y el convencimiento jurídico y de política institucional que estas investigaciones son incumbencia del MPA, máxime cuando son precedidas de acuerdos y trabajo conjunto con el MPF, es decir, los fiscales federales", dijo a este medio Vranicich.
En otras palabras, sostienen la labor coordinada de diseño de la persecución penal con el gobierno provincial. "Tenemos obligación constitucional de trabajar coordinadamente, incluso con autoridades nacionales como el Ministerio de Seguridad", aclaró.
Por lo tanto, ese compromiso conjunto puede darles el marco a las declaraciones vehementes de Merlo, que los camaristas describieron como "exabrupto" o mensaje “imprudente”, como calificó el propio presidente de la Corte Suprema.
Otro condimento insoslayable en todo el episodio es que el MPA logró independizarse del Poder Judicial, ya no depende de ninguna manera de la Corte Suprema, algo que generó tensión durante la reforma constitucional, naturalmente. Aún resuena el concepto de "extrapoder"
Desde entonces, se inició un conflicto que tuvo su punto álgido hace pocos días porque la Corte decidió por unanimidad, incluso el exfiscal general del MPA, Jorge Baclini, reorganizar dependencias judiciales del Centro de Justicia Penal priorizando al Poder Judicial. En otras palabras, no ceder en principio al MPA oficinas en el nuevo edificio ya que no está más en la órbita judicial sino que es un "extrapoder" como clamó durante 2025..
La fiscal general dijo que están “divorciados” y reclama la división de bienes, pero dentro del nuevo Centro de Justicia Penal. Alguien con humor dijo que es una suerte de “división de habitaciones”: separar los bienes, pero seguir viviendo en la misma casa.
En rigor, la renovación y cambios en la Justicia provincial, más la política de seguridad impulsada por el gobierno santafesino, empiezan a generar enfrentamientos políticos colaterales. Se están atravesando dos procesos simultáneos: la independencia del MPA y los cambios en la Corte, con la lucha contra la inseguridad del gobierno de fondo. Y eso todavía tiene juego y no encastra.
Por Azul Martínez Lo Re
Por Pablo Mihal
Por Elbio Evangeliste