El remate se realizará el 18 de septiembre y contará con 159 lotes. La inscripción a la subasta cierra el 9 de septiembre
La provincia de Santa Fe se prepara para una nueva edición de la subasta pública de bienes incautados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). La cita será el 18 de septiembre en la ciudad de Santa Fe y ya cuenta con más de 1.500 inscriptos provenientes de 16 provincias.
En total se rematarán 159 lotes que incluyen vehículos, inmuebles, joyas y otros artículos, todos ofrecidos con valores de referencia que oscilan entre el 30% y el 50% del precio de mercado, lo que representa una oportunidad para quienes buscan adquirir bienes a bajo costo.
La inscripción es obligatoria y permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre en el sitio oficial: www.santafe.gob.ar/apradsubasta/subasta.
Uno de los ejes centrales de esta política es brindar seguridad a quienes participan. En el caso de los vehículos, se entregan con nuevas chapas patentes y libres de antecedentes registrales, mientras que los inmuebles se transfieren con una nueva matrícula de folio real electrónico, sin vínculo alguno con los titulares originales.
El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó: “Desde el gobierno intentamos dar la mayor seguridad para que los ciudadanos participen. Somos la única provincia de la Argentina que tiene este mecanismo que le quita los bienes a los delincuentes y los subasta, pero no dejamos de ser conscientes de que atrás de cada bien subastado hay un delincuente al que se lo quitamos; por eso tiene que haber mucha seguridad para quien participa de estas subastas”.
Además, subrayó que en ediciones anteriores no se registraron inconvenientes: “A los vehículos se les cambia la patente y, en términos registrales, nacen como un 0 km, al igual que los inmuebles, que tienen nueva matrícula”.
La Aprad administra todos los bienes secuestrados en causas judiciales vinculadas a delitos o contravenciones. Su destino puede ser diverso: algunos son entregados para uso de la Policía, institutos penitenciarios, escuelas o entidades asistenciales del Estado; otros se donan a organizaciones de beneficencia, se rematan o son compactados.
Con esta política, la provincia busca transformar los bienes obtenidos ilícitamente en recursos que tengan utilidad social y transparencia en su administración.
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