Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Una familia numerosa de la zona del barrio Tablada conocida como Villa Manuelita corre el riesgo de quedarse sin su casa. Hace unos ocho meses adquirieron la vivienda de manera informal, cambiándola "mano a mano" por otra de Villa Gobernador Gálvez en la que vivían, sin saber que sobre este nuevo domicilio se tramitaba un pedido de demolición en el marco de la ley de narcomenudeo. Este lunes les dieron el aviso y ahora temen quedar en situación de calle.

La casa en cuestión está ubicada en Convención al 3770. Hasta hace un tiempo allí vivía Ángel M., un chico de 17 años que en el último tiempo acumuló varias acusaciones en el marco de su vínculo con una organización criminal dedicada a la venta de drogas. En ese contexto el fiscal Franco Carbone solicitó el cese de estado antijurídico para "inactivar" la vivienda. La medida fue aprobada en septiembre de 2024 por el juez Gonzalo Fernández Bussy y se ejecutará finalmente este viernes.

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"Fuimos al Centro de Justicia a explicar que habíamos cambiado la casa sin saber que iba a pasar esto. Nos mandaron a distintos lugares pero nadie nos dio una respuesta", contó Luana, una de las habitantes de la casa, a La Capital. En total viven allí diez personas: cuatro niños y seis adultos, ninguno con un empleo formal.

Una familia de Tablada

Este lunes por la mañana agentes policiales llegaron a la casa de Convención al 3700 a notificar a la familia que el próximo viernes se va a ejecutar la medida autorizada por la Justicia. El documento que les entregaron explica que la orden incluye "demolición/inactivación de construcciones cuando resulten necesarias para la protección de bienes jurídicos comprometidos o para impedir la persistencia de actividades ilícitas".

En ese contexto la familia que hoy habita esa casa asegura que nunca tuvieron conocimiento de las actividades que se realizaban allí. "Nos vinimos desde Villa Gobernador Gálvez porque estaba muy difícil para trabajar y nos enteramos que una mujer que conocemos cambiaba la casa. Ella nos dijo que se iba porque tenía problemas con su hijo pero que con la casa no pasaba nada", aseguró Luana. Hace aproximadamente un mes tuvieron un allanamiento, pero como no tuvieron más novedades pensaron que buscaban a los antiguos moradores. Todo quedó ahí hasta que este lunes se enteraron de la orden de demolición.

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La familia está compuesta por seis adultos, un bebé de 4 meses y niños de 3, 9 y 12 años. Uno de ellos, hijo de Luana, presenta un cuadro de desnutrición crónica. Quienes trabajan lo hacen como "changarines", según contó la mujer, a excepción del abuelo de los chicos que es parte del antiguo programa Potenciar Trabajo, hoy llamado Acompañamiento Social

Por una respuesta

Este martes, con la novedad de la orden de derrumbe, fueron al Centro de Justicia Penal. Desde allí los mandaron a otra institución y así comenzó un recorrido por distintas oficinas provinciales y municipales a las que fueron enviados: Servicio Público de la Vivienda, Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Secretaría de Desarrollo Humano, Defensoría del Pueblo, entre otras. "En ninguna nos dieron una respuesta", contó Luana.

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"Nos quedan tres días y no tenemos dónde ir. Esta casa la arreglamos con mucho esfuerzo", expresó la mujer de 28 años. La situación por ahora es de desconcierto y preocupación porque, de no poder evitarse la demolición de su casa, no tienen una alternativa. "Lo único que tenemos es una heladera, una cocina, un freezer y la ropa de los nenes. Yo puedo dormir abajo de un puente, pero no podemos tener a los chicos en la calle", dijo Luana a La Capital.

El próximo viernes podrá anunciarse un nuevo derribo en el marco de las políticas de seguridad pública, en esta ocasión contra una casa que en otro tiempo fue foco de conflictos violentos en el barrio. La historia de esa vivienda de Convención al 3700 comprende ciertamente un trasfondo ligado a la narcocriminalidad, porque allí vivió un joven que estaba relacionado a una banda dedicada a la venta de drogas. Pero también es una historia de marginalidad y vulnerabilidad social que no termina con una demolición y se extiende ahora a una familia que aguarda una respuesta.