Esta denuncia reavivó las sospechas de lavado de activos mediante la cadena de bares y locales gastronómicos vinculada a Francisco Langeri Bullrich, hijo de la actual senadora libertaria. Piden investigar un entramado empresarial diseñado para ocultar el verdadero origen del dinero.
Patricia Bullrich y su hijo, Francisco Langeri Bullrich, fueron denunciados por lavado de dinero a través de la cadena de cafeterías Tostado.
El abogado Gregorio Dalbón presentó este martes una denuncia penal ante la Justicia Federal contra la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y el fundador de Tostado Café, Fernando Goijman, por evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita.
La denuncia apunta a que se investigue un entramado societario para ocultar el origen de fondos vinculados a la cadena gastronómica con más de 70 locales, en el país y el exterior.
La presentación va contra Francisco Langeri Bullrich y Fernando Goijman, socios de las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A; y también incluye a Patricia Bullrich.
En la denuncia, Dalbón sostiene que Langeri Bullrich aparece vinculado a una red de más de 70 bares y locales gastronómicos, operados a través de las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., cuya rápida expansión económica “no encuentra una explicación razonable en antecedentes comerciales, capital inicial ni financiamiento bancario verificable”.
Según el texto, “dicha expansión empresarial se habría producido en un lapso relativamente breve, alcanzando un valor económico de millones de dólares, sin que existan antecedentes públicos que expliquen razonablemente ese crecimiento”.
La presentación judicial se apoya en investigaciones periodísticas que advierten sobre la multiplicidad de sociedades comerciales, algunas con domicilios coincidentes o vinculados a inmuebles asociados a Patricia Bullrich.
En particular, se menciona una propiedad ubicada en Beruti 3822, en la Ciudad de Buenos Aires, que tendría relevancia patrimonial y fiscal.
“El entramado societario se encontraría fragmentado en diversas firmas, lo cual podría responder a una estrategia deliberada de atomización destinada a dificultar el control fiscal, contable y patrimonial”, advierte la denuncia.
Dalbón también señala que algunas de las empresas habrían registrado cheques rechazados por falta de fondos, una situación que —según plantea— “contrasta marcadamente con la supuesta envergadura económica del grupo empresario” y podría ser indicio de desmanejos financieros, subfacturación o simulación de solvencia.
Además, la denuncia remarca que el grupo tiene presencia internacional, con locales en España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, lo que incrementa la complejidad del esquema y obliga a analizar posibles transferencias transfronterizas de fondos.
En uno de los párrafos del escrito, el abogado sostiene que “no existiría información pública clara ni verificable respecto del origen de los fondos iniciales utilizados para la apertura simultánea o sucesiva de numerosos locales gastronómicos”.
Advierte el abogado que la actividad comercial podría haber sido utilizada como “pantalla o mecanismo de legitimación” de capitales de origen ilícito.
Respecto del rol de Patricia Bullrich, la denuncia aclara que el vínculo familiar “no implica por sí solo reproche penal alguno”, pero subraya que su posición institucional “exige extremar los recaudos de investigación a fin de descartar cualquier situación de conflicto de intereses, favorecimiento indebido o tolerancia estatal”.
El letrado enfatiza en un “elemento de singular relevancia institucional: la existencia de vínculos directos y familiares con una funcionaria de altísimas esferas del poder político, circunstancia que, sin implicar por sí sola reproche penal alguno, exige extremar los recaudos de investigación a fin de descartar cualquier situación de conflicto de intereses, favorecimiento indebido, utilización de influencias o tolerancia estatal frente a eventuales irregularidades económicas de significativa envergadura”.
Entre las medidas solicitadas, Dalbón pidió allanamientos, el secuestro de documentación societaria y contable, informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a organismos fiscales, además de requerir que los denunciados sean citados a declaración indagatoria.
La causa quedó por sorteo en manos del juez federal Ariel Lijo y la fiscal Alejandra Mángano, que deberán evaluar la apertura formal de la investigación.
La Justicia federal ordenó la captura de otras ocho personas y dos de ellas permanecían prófugas tras el inicio de una serie de allanamientos
