La Policía Federal secuestró armas en Recreo, Esperanza y Santa Fe. Falta recuperar 150 armas registradas y detectadas en un cruce de información entre MPA y Renar.
uno de los detenidos durante los allanamientos
La fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Juliana González, imputó en los tribunales de Santa Fe capital ante el juez Pablo Spekuljak a nueve personas que tras adquirir como legítimos usuarios de armas de grueso calibre haberlas desviado hacia el mercado ilegal.
La investigación surgió a partir del análisis de información solicitada al Registro Nacional de Armas (Renar) y a la Subsecretaría de Intervención Federal. El trabajo interinstitucional se enmarca en un convenio firmado por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, con el Renar y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Los imputados son siete hombres y dos mujeres y la fiscal González expuso que “a partir de pericias específicas, pudimos detectar que en diversos hechos de violencias altamente lesivas cometidos en la provincia se utilizaban armas de fuego que pertenecían a legítimos usuarios que las proveían a los autores de esos ilícitos, hubo homicidios en los que se secuestraron armas que en el Renar aparecían a nombre de algunas de las personas imputadas hoy”, expresó.
González explicó que “los imputados habían sido detenidos la semana pasada en allanamientos que se concretaron en inmuebles ubicados en la capital provincial, en Esperanza y en Recreo (las tres ciudades pertenecen al departamento La Capital)”, y subrayó que “los operativos se desplegaron en domicilios que habían sido informados como los lugares de guarda de 154 armas, de las cuáles sólo se hallaron 12”. Al respecto, remarcó que “estamos rastreando el destino de las armas no encontradas”.
La funcionaria judicial abundó que: “además de 17 allanamientos realizados la semana pasada por personal de la Policía Federal Argentina, el último martes se requisaron cinco armerías a las que solían acudir los imputados”.
A las nueve personas investigadas se les atribuyó el delito de provisión ilegal de armas de fuego calificado (por habitualidad). A su vez, a una de las imputadas les atribuyó una falsa denuncia. “Se presentó en una comisaría y dijo que le habían sustraído cuatro armas de fuego que en realidad había introducido al circuito ilegal”, indicó González.
González afirmó que “en los allanamientos también se detuvo a otras tres personas a las que además de armas se les secuestraron estupefacientes, elementos para fraccionarlos, balanzas y dinero en efectivo”. En tal sentido, puntualizó que “hoy fueron imputadas por microtráfico en audiencias en las que el fiscal Eric Fernández y la fiscal María Gabriela Arri representaron al MPA”.
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El 4 de diciembre pasado y tras una investigación que llevó varios meses se realizaron los 17 allanamientos simultáneos en Santa Fe, Esperanza y Recreo. En total, doce personas terminaron esposadas y a disposición de la Justicia en el marco de un expediente que apuntó a desarmar un circuito clandestino de armas de fuego.
El trabajo realizado entre MPA y Renar detectó un patrón inquietante: solicitudes de tenencia de armas realizadas entre 2016 y 2025 por personas cuyo perfil económico no coincide, ni de lejos, con la compra de pistolas de alto poder ofensivo. Las armas eran de grueso calibre y alto costo en el mercado, muchas de ellas marca GlocK. y calibres 9, 40 y 380 milímetros, los preferidos en hechos de violencia grave.
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