En una carrera contra el tiempo, y con la versión siglo 21 de la lucha de clases que determina cada vez más la criminalidad en el país transpirando por todos sus poros, la audiencia imputativa contra la organización delictiva polirrubro que le atribuyen comandar a Ariel “Viejo” Cantero y su pareja desde su comedor comunitario en la Vía Honda volvió a pasar a un cuarto intermedio. Más de diez horas compartieron ayer fiscales y defensores para discutir si las 20 personas detenidas la semana pasada y otras tres que ya estaban tras las rejas, deben seguir en prisión preventiva mientras los investigadores avanzan en el análisis de la información que a su entender los incrimina. El cuestionamiento a la lábil figura de asociación ilícita, la presunción de que la prisión preventiva es más norma que excepción, dos propuestas de nulidad basadas en el origen de la pesquisa _escuchas pedidas en función de un informante anónimo para la búsqueda del prófugo Claudio “Morocho” Mansila_ y la evidente falta de tiempo que los fiscales esgrimieron para poder exponer toda la evidencia contra los sospechosos consumieron las horas de ayer en una audiencia en la que no faltaron un abogado que se empeñó en citar _¡dos veces!_ un capítulo del libro Moby Dick, otro que alguna vez fue imputado por disparar once tiros contra el negocio de un dirigente de Newell's Old Boys y una defensora que anunció que hoy a las 15 se entrega la copa de leche en el merendero de Avellaneda al 4500 donde viven el Viejo y su pareja.
En ese marco, y con más de 20 personas denunciando que desde hace varios días duermen en el piso y se bañan con agua fría _también se deslizaron otros tipos de maltratos que al parecer investigará la Fiscalía de Violencia Institucional_ la jueza Valeria Pedrana pidió, aunque intentó evitarlo hasta el final, medio día más para pronunciarse. Será hoy a partir de las 13 cuando la magistrada de primera instancia se expida sobre las imputaciones y resuelva quién seguirá privado de la libertad y en qué condiciones. Así habrá terminado el primer hito judicial de una investigación que por momentos parece desmedida y que desde su inicio viene arrojando sorpresas a los fiscales.
Otra investigación que surge de rebote, igual que la pesquisa por un homicidio que se terminó cargando al ex fiscal regional Patricio Serjal, terminó con 20 detenidos _y otros tres que ya estaban presos_ acusados de integrar una estructura criminal que abarca extorsiones, aprietes, balacera, narcomenudeo, venta de entradas para ir a ver a Central, riñas de gallos, cinchadas de ponis y hasta el manejo presuntamente dudoso de cajas alimentarias que atribuyen comandar, aún en silencio, a Cantero y su pareja Rosa “Bibi” Montero. A 21 de los acusados les imputaron pertenecer a una asociación ilícita y también pesan sobre cada una diversas imputaciones por hechos concretos, como balaceras a dos estaciones de servicio y a dos escuelas.
Esta investigación parece resumir toda la complejidad que atraviesa _no sólo a los tiros_ la sociedad rosarina por estos días, con una pobreza creciente y una desigualdad que horada la democracia, toda vez que no sólo es económica sino de clase. Cuestión que asomó ayer en masa con las historias de mujeres presas en sus casas con varios hijos que cuidar, con alusiones al hambre y la solidaridad, y la pobreza determinando en forma despiadada la vida de quienes se sientan al banquillo.
Este jueves los fiscales pidieron prisión preventiva para todos los acusados y los defensores se dedicaron a rechazar tal petición. El defensor de Cantero, Marcelo Martorano, fue tajante: “Hay un jefe que no le ordeno nada a nadie. No se acreditó que Cantero haya elaborado un plan y distribuya tareas. No hay estructura vertical donde impartiera órdenes, asignara funciones. Su conducta podría considerarse pasiva o ajena a las actividades de terceros”, fue parte de lo que dijo respecto de la acusación como jefe de asociación ilícita.
Martorano cuestionó la relación de Cantero con las dos células que, según la acusación, ejecutan las acciones delictivas que se le atribuyen: una manejada desde la cárcel de Coronda por Nelson “Pandu” Aguirre y la otra por el villense Marcos Vera. Para el abogado no hay pruebas materiales que abonen esa teoría que, en rigor, parece sustentarse en función de indicios mientras se espera la información que arrojen los más de cien celulares incautados en los allanamientos de la semana pasada.
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En cuanto a la otra sindicada como jefa, Rosa Bibiana Monteros, la abogada Romina Bedetti dijo que “la única responsabilidad que tiene por una asociación es una asociación civil”, pidió su libertad y propuso medidas morigeradas en forma subsidiaria. En cuanto otro de sus clientes, el sindicado como sicario Nazareno Gauna, dijo que “no se le secuestró nada, si era quién organizaba balaceras e iba a tirar, ¿no le tendrían que haber incautado plata o armas?”, dijo, además de quejarse de que en la audiencia se ventilaron “cosas íntimas” de algunos de los imputados.
Las otras defensas también rechazaron de plano la pertenencia de sus asistidos a la estructura. Sobre Marcela Aguirre, profesora de educación física y hermana de Pandu, quien está acusada de manejar las finanzas, su defensor dijo que no hay pruebas, que carece de antecedentes penales e incluso minimizó los dos cargadores, trece celulares y la balanza de precisión halladas en su casa. “Se la estigmatiza por ser hermana de Pandu”, dijo el abogado, el primero en usar una palabra que también emplearon otros. “¿Vamos a meter a todo el mundo en la misma bolsa? ¿Existen las mismas pruebas para todos? Es temerario pedir la prisión preventiva por el plazo de ley para todos, es no diferenciar a uno del otro”, sostuvo. Por ello pidió la libertad de Aguirre y de Angel Villarroel.
Por su parte la defensa de Pandu no tuvo que hacer mucho para evitar la prisión preventiva, ya que está preso desde hace años. Sí rechazó esa medida para Ailén Centurión, embarazada de siete meses en riesgo por una enfermedad que requiere cuidados especiales, además de objetar por vagas las acusaciones contra ella.
David Villada, abogado de Leonardo Puchetta, cargó directamente contra los fiscales a quienes les preguntó si sabían lo que es el hambre. “¿Cómo cuestionan la integridad de personas que hace nueve años que ayudan a la gente, hay diez comedores detrás de la asociación civil El Ceibo?”, dijo el defensor del presidente de la asociación civil con sede en la casa de Cantero.
La defensa de Oscar Malgueño también habló de estigmatizar: “confunden marginalidad con comisión de delitos”, dijo su abogada, que cuestionó el uso de la palabra “obvio” por parte del fiscal Franco Carbone. “Se llevaron un celular de la madre de mi cliente que cuida enfermos y ahora no sabe cómo hacer para seguir trabajando”. La abogada de Sebastián Gómez dijo que sólo es un remisero que no puede ser culpado de lo que hagan sus pasajeros. Y cuestionó la imputación contra Teresa Fuente, madre del también acusado Esteban Stoppani, “una mujer de 60 años vendedora ambulante y discapacitada con trastornos depresivos”. También rechazaron las imputaciones los abogados de Jonatan Sánchez por “falta de evidencias”.
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A su turno el defensor de Patricia Celestina Contrera, Fausto Yrure, cuestionó desde el vamos la investigación reafirmando el pedido de “inaprovechabilidad” de las escuchas formulado antes por el abogado Rodríguez. Y luego objetó la acusación concreta como coautora de cuatro balaceras a estaciones de servicio y escuelas. “No queda claro si pagó o encargó. La fiscalía no tiene prueba objetiva, no hay conversación de Contrera por el supuesto encargo. Nadie habló de ello. Tampoco hay motivación”, sostuvo antes de rechazar la imputación como coautora: “Es imposible bajo cualquier doctrina. Según la teoría del dominio funcional del hecho, debe haber un plan común que acá no está. No hay evidencia, pero si la hubiera, tiene que estar en la ejecución del hecho, no antes ni después”, dijo del encuadre del delito en cuestión.
El abogado de la ex pareja del Viejo Cantero y madre de los líderes de Los Monos también rechazó la prisión preventiva requerida al afirmar que “La Cele” ya está cumpliendo una condena federal en prisión domiciliaria con tobillera electrónica. “¿Cómo podría entorpecer la investigación? ¿Tiene que estar presa para cautelar esta investigación? Si ni siquiera está acusada como miembro de la asociación ilícita”.
Mientras el tiempo amenazaba con escurrirse otra vez más, los fiscales replicaron los dichos de la defensa superando los 20 minutos que les había dado la jueza. La situación demostró que la causa es tan amplia y compleja que difícilmente puede resolver con seriedad en función de los tiempos procesales previstos. Tres de los acusados, que ayer presenciaron la audiencia desde su lugar de detención en el Order, volvieron a reclamar por el maltrato que están sufriendo aun cuando ni siquiera fueron imputados.
Eso conminó a Pedrana a intentar resolver anoche, pero se topó con la imposibilidad de expedirse tan rápidamente sobre un tema tan complejo, con tantas aristas que superan el alcance judicial, punitivo y develan las carencias actuales del Estado para abordar y resolver la desbordada situación en la que se convirtió la vida cotidiana en los barrios más pobres de Rosario.
