Tras algunos intentos fallidos desde la vuelta de la democracia, este lunes en cárceles santafesinas los presos de alto perfil serán distinguidos con uniformes naranjas
Presos con uniformes: en 1947 se dejaron de usar por orden del presidente Juan Domingo Perón y el director general de Institutos Penales de la Nación, Roberto Petinatto (foto).
Este lunes los presos de alto perfil de las cárceles santafesinas comenzarán a vestir uniforme naranja. La iniciativa se enmarca en la ley de Ejecución de Pena puesta en marcha en enero pasado, pero lleva detrás una larga historia de polémicas. Desde los antiguos trajes a rayas y la prohibición decretada en el gobierno de Juan Domingo Perón, hasta los posteriores intentos sin éxito de la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Si los presos deben o no utilizar uniforme durante su alojamiento en las prisiones argentinas es un debate que lleva largos años y que está regulado por leyes. Por eso mismo este lunes la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Lucía Masneri, agradeció a la legislatura santafesina. "Es una tranquilidad saber que hacemos esto en el marco de nuestra nueva ley de Ejecución de la Pena (Nº 14.243) puesta a regir en enero de este año. En su artículo 24, la norma nos permite categorizar a los internos e ir colocando progresivamente uniformes”, explicó la funcionaria.
Masneri detalló que por el momento serán 60 presos de alto perfil "Nivel 1", categorizados de esa manera por su peligrosidad, los que usarán ambos naranjas. “Estos uniformes se utilizarán en todo momento para salir de los pabellones. Los internos no recibirán visitas, ni asistirán a audiencias virtuales o presenciales, ni acudirán a consultas médicas sin estos uniformes. Creemos que así marcamos una diferencia y nos adelantamos a lo que va a venir. Este es el primer paso. Es para los internos del Nivel 1. Quedan los de niveles Dos y Tres, y este año se harán las licitaciones pertinentes para las adquisiciones. Los uniformes son propiedad del Estado y no de los internos”, indicó la titular de Asuntos Penales.
Las instituciones carcelarias en Argentina comenzaron a regularse en 1866 con la sanción del Código Penal que el profesor universitario Carlos Tejedor había redactado por encargo del poder ejecutivo nacional. Poco tiempo después se creó la Penitenciaría de Buenos Aires que luego pasó a llamarse Penitenciaría Nacional. Al momento de la reinauguración fueron trasladados a esa institución 710 presos.
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Los libros de historia explican que al ingresar los reclusos lo hacían engrillados y de dos en dos. Una vez dentro les retiraban las esposas, los afeitaban, les cortaban el pelo y se les entregaba un uniforme. El mismo consistía en una camisa azul de blusa, pantalón y gorro nuevos. Desde entonces no eran identificados por sus nombres, sino por un número que le designaban el servicio penitenciario y que llevaban pintado en sus prendas tanto por delante como por detrás.
Una cárcel donde no se utilizaba uniforme era la de Neuquén, conocida vulgarmente como "Cárcel Miseria". Allí, se decía, los presos eran confundidos por los celadores y ese fue uno de los supuestos motivos que facilitó una masiva fuga de casi 100 reclusos el 23 de mayo de 1916.
En Argentina el uniforme a rayas para reclusos se impuso en 1924 en aquella Penitenciaria Nacional, ubicada en lo que hoy es la Plaza Las Heras del barrio porteño de Palermo. Tiempo después se instaló la misma modalidad en el centro penitenciaro de Ushuaia, conocido como la Cárcel del Fin del Mundo. Allí los uniformes eran de rayas horizontales, negras y amarillas.
A fines de la década de 1930 comenzó una etapa que cambió la historia de las cárceles argentinas. El jefe de la Sección Penal de la cárcel de Ushuaia, Roberto Petinatto -abuelo de los mediáticos Tamara y Homero y padre del animador televisivo y ex músico-, creó un campo de deportes y ordenó una serie de mejoras en las condiciones de vida de los reclusos.
En 1947 Petinatto pasó a ser director general de Institutos Penales de la Nación, durante el gobierno de Perón, y ese mismo año estableció el cierre de la cárcel de Ushuaia. En ese mismo período el entonces presidente ordenó que se eliminaran los uniformes a rayas porque atentaban "contra los propósitos de humanización y contra la dignidad humana".
En la provincia de Buenos Aires la utilización de uniformes se mantuvo hasta 1983, cuando se recuperó la democracia tras el fin de la dictadura cívico militar. Hasta entonces en las cárceles bonaerense un recluso era provisto de indumentaria al momento de ingresar a la cárcel.
Se le daba una camisa blanca con botones desde el pecho y hasta el cuello. A los que ya esta estaban condenados le sumaban un uniforme marrón oscuro para ponerse arriba. Mientras que los que estaban procesados sin condena tenían que vestir un uniforme azul oscuro.
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También les daban calzados, los cuales tuvieron que ser modificados porque los presos se los fumaban. Así ocurría con unas alpargatas que tenían las suelas tejidas con un tipo de hierba que los presos utilizaban para consumir como estupefacientes. Por lo tanto comenzaron a ser reemplazadas por suelas de goma y por zapatos de cuero que eran confeccionadas en las propias cárceles.
En 1998 hubo un primer intento de volver a la utilización de uniformes. El ensayo fue en la cárcel Nº 29 de Melchor Romero, donde se le asignó a los reclusos un uniforme beige con rayas naranjas. Duró tan solo unos meses por un simple motivo difícil de controlar: los internos los prendían fuego.
Dos años después, ya durante el gobierno de Fernando de la Rúa, hubo un nuevo intento de la mano de Patricia Bullrich, entonces secretaria de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Nación. La iniciativa se planeó como parte del Programa de Tratamiento de Máxima Seguridad, en un marco similar al que hoy lleva adelante la actual ministra de Seguridad de la Nación en las cárceles federales.
La resolución firmada por Bullrich el 25 de julio del 2000 estableció que los presos iban a vestir de naranja y que la medida aplicaba a los que habían reincidido en delitos graves, toma de rehenes o intentos de fuga. El proyecto finalmente no se llevó a cabo por una serie de polémicas que prolongaron su puesta en marcha, finalmente cancelada con la renuncia del entonces presidente en el estallido social de diciembre de 2001.
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