Son 60 los alcanzados por la medida. En la provincia de Santa Fe hay 400 presos con distintas restricciones y se prevé que a futuro cada grupo tenga una vestimenta determinada.
Por Claudio Berón
A partir de la próxima semana los más de 60 presos de alto perfil que se encuentran en las cárceles provinciales serán uniformados con trajes tipo mono de color naranja. Según funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia la medida, que se encuentra en la Ley de Ejecución Penal sancionada a principios de 2024, servirá para identificar, controlar y visibilizar el movimiento de los internos dentro de los perímetros carcelarios.
El artículo 24 de la legislación, aprobada en diciembre por ambas cámaras provinciales, establece un código de vestimenta que en algunos casos consta del uso de una ropa determinada. “La reglamentación determinará en qué casos será obligatorio el uso de uniformes, pudiendo asignarse uniformes diferenciados según la situación legal, el nivel de seguridad, la zona de circulación asignada o las tareas que el interno desempeñe”, especifica la ley.
Además de este tipo de internos, a los que se denomina Nivel 1 de alto perfil y peligrosidad, hay más de 400 internos con distintos tipos de restricciones. Parte de estos alojados ya permanecen con regímenes especiales y reciben a las visitas a través de una placa de blindex.
En enero pasado el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni sostuvo: “La ley de ejecución de la pena que fue acompañada de manera masiva en la Legislatura permite que los presos dentro de poco puedan utilizar uniformes de color diferenciado según al sector al que pertenecen. Si trabaja o no, si es de alta, media o baja peligrosidad, según el tipo de delito. Esto para permitir una mejor visualización y control de lo que ocurre”, destacó. La medida también contempla que se prohíba el ingreso de las visitas con prendas de ese color, “a fin de evitar situaciones de conflicto que puedan generar riesgos al establecimiento”.
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Roberto Pettinato (padre), director general de Institutos Penales de la Nación Argentina entre 1947 y 1953, fue quien estableció en 1947 el fin del traje a rayas por ser considerado estigmatizante y mejoró el sistema penitenciario. En 1983, con el retorno de la democracia, se tomó la misma decisión en provincia de Buenos Aires.
La alta cifra de internos, unos 11 mil en las cárceles provinciales, hace casi imposible que la medida se masifique, igualmente desde el Ministerio señalaron que “es probable que parte de los uniformes se hagan en las sastrerías carcelarias, pero para llegar a los 11 mil hay que garantizar los uniformes con sus mudas, y de momento eso es mucha plata" admitió una alta fuente ministerial.
La legislación de Santa Fe establece la designación de presos de “alto perfil” a los que tengan participación o contacto con organizaciones criminales complejas o relacionadas al narcotráfico; existencia de indicios de participación en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos, o en hechos de violencia hacia particulares; antecedentes de evasión, atentado o resistencia a la autoridad policial o penitenciaria; participación en motín o tumulto o, incluso, “disponibilidad de recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hicieran presumir cualquiera de las circunstancias antes mencionadas”.
Por su parte desde el Ministerio de Seguridad se aclaró que “los uniformes, según lo vigente, no deben humillar al interno y con este sentido ya se informó a Defensoría y a los colegios de Magistrados las disposiciones de la ley“, aclaró un funcionario.
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