El gobierno de Santa Fe confirmó este viernes una demanda contra el decomiso de una quinta que vale unos 200 mil dólares. La acción judicial corresponde al hijo de Esteban Alvarado, uno de los principales narcotraficantes condenados en Rosario durante la última década. El secretario de Registros de la provincia, Matías Figueroa Escauriza, recordó que el inmueble del paraje Los Muchachos pasó a manos del Estado hace algo más de un año junto con otras propiedades de la organización criminal enfrentada a Los Monos.
Santino Alvarado solicitó la restitución del inmueble este jueves, ante el Juzgado de Primera Instancia de Circuito 2, a cargo de Eduardo Arichuluaga. El Poder Ejecutivo respondió públicamente al día siguiente y sus representantes anticiparon en conferencia de prensa: "Vamos a pelear hasta lo último y hay varios proyectos en carpeta para ver cuál va a ser el destino de esos bienes".
El hijo del narcotraficante preso en Ezeiza pidió una acción reivindicatoria para recuperar la vivienda, que fue decomisada por una sentencia dictada en noviembre de 2022. El título estaba a su nombre y el de su hermana, pero Esteban Lindor Alvarado tenía un contrato de usufructo para disponer de ella.
El contrato y los argumentos
Según el abogado Claudio Tavella, representante legal de Esteban Alvarado, "la chacra en cuestión pertenece a la familia de Alvarado desde hace cuarenta años. Las cuatro hectáreas eran de una tía de Esteban y fueron luego donadas“.
>> Leer más: Allanaron una quinta de Esteban Alvarado y secuestraron quince camiones y armas de fuego
En tanto, desde el estudio jurídico Padilla, que representó a Santino y su hermana, expresaron: "Los terrenos están en la familia desde hace 40 años y fue decisión familiar que quedaran a nombre de Santino y su hermana. Cuando se donó el terreno, los niños eran menores de edad y por eso quedó en usufructo de su padre, Esteban. Presentamos la sucesión, las escrituras y los documentos legales correspondientes. Por eso se pide la restitución".
Las cuatro hectáreas no se vendieron y las autoridades piensan reconvertirlas para darles otro uso, pero antes deberán librar una nueva batalla legal. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, consideró que la familia del recluso no tiene derecho alguno a reclamo. "Esos bienes funcionaron como engranaje del delito por más que ahora se presenten como unos pobrecitos".
>> Leer más: El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares
El funcionario sostuvo que el conflicto legal ameritaba una respuesta pública porque no se trata de "un terrenito o una casa". Y aseveró: "El gobierno de Santa Fe no va a permitir que se ponga en tela de juicio el hecho fundamental de que a las organizaciones criminales hay que desmantelarlas económicamente".
El homicidio
"La quinta fue instrumento de un homicidio", recordó Cococcioni. Luego destacó que "no menos de una quincena" de jueces penales o magistrados de la Corte Suprema de la provincia avalaron el decomiso de manera unánime desde que se dictó la primera condena por el secuestro y asesinato del prestamista Lucio Maldonado.
Según las autoridades del gobierno santafesino, la casa en disputa cuesta unos 200 mil dólares en el mercado. El lote de cuatro hectáreas se ubica cerca de la ruta nacional A012, en jurisdicción de Piñero y a casi 4 kilómetros al oeste del cruce con la ruta provincial 18.
El decomiso efectivo de la quinta y los demás bienes de la banda tardó un año y medio. El gobierno santafesino inició el trámite en febrero de 2024 para que se cumpliera la sentencia. El procedimiento se cerró el 7 de mayo siguiente, cuando se llevó a cabo el desalojo en el marco de un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) y representantes del Ministerio de Seguridad de la provincia.
Desde entonces, la propiedad sigue en manos del Estado. La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) logró transferir parte del patrimonio de Alvarado mediante las subastas que organizó, pero la vivienda del paraje Los Muchachos no corrió la misma suerte. "Nada nos daría más satisfacción que ver que esos bienes sean destinados a políticas de seguridad, combate al narcotráfico y consumo problemático de personas que de alguna manera también son víctimas de las organizaciones", comentó Cococcioni. En este sentido planteó como alternativas la creación de un espacio para el fortalecimiento del sistema investigativo o la formación de personal policial especializado.
El juicio
La finca de la familia Alvarado apareció formalmente en el radar de la Justicia penal tras la muerte de Lucio Raúl Maldonado, confirmada el 13 de noviembre de 2018. Los asesinos tiraron el cuerpo del prestamista de 38 años cerca de la colectora de avenida Circunvalación y la cabecera de la autopista Rosario-Buenos Aires. El cadáver tenía las manos atadas, presentaba al menos cuatro heridas de arma de fuego y habían dejado un cartel con un mensaje mafioso. Los investigadores descubrieron luego que la víctima había sido secuestrada dos días antes en la puerta de su casa.
Los pormenores del caso se ventilaron en 2022, cuando se llevó a cabo el primer juicio provincial a Esteban Alvarado y otros miembros de su banda. El narcotraficante recibió la pena de prisión perpetua como instigador del homicidio tras haber cumplido la condena dictada en el fuero penal bonaerense por robo de autos. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que la banda se llevó a Maldonado desde Garibaldi al 600, en la zona sur rosarina. Después lo llevaron al paraje Los Muchachos y finalmente lo ejecutaron. Los encargados de llevar a cabo el plan del jefe fueron Mauricio Laferrara, Facundo Almada, Matías Ávila y Germán Fernández. Todos recibieron la misma condena que el líder.
