Un mes y medio después de recibir condenas en la Justicia provincial por conformar una asociación ilícita, René “Brujo” Ungaro y otras quince personas escucharon la acusación de cierre en un juicio federal por narcotráfico. El fiscal Federico Reynares Solari solicitó 12 años de prisión para Ungaro y los hermanos Alan y Lautaro Funes, recién llegados a la cárcel de Ezeiza, como organizadores de una red de tráfico al menudeo advertida en escuchas. Para otros acusados con roles menores pidió entre 3 y 12 años de prisión efectiva.
El juicio oral que inició hace tres semanas por la red de venta atribuida al grupo en los barrios Tablada, Municipal y República de la Sexta ingresó así en la etapa final. En los próximos días presentarán sus descargos las defensas. Luego los acusados serán convocados a decir sus palabras finales de cara al veredicto de los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Moisés Vázquez y Germán Sutter Schneider, previsto para después de la feria judicial de invierno.
Los tres sindicados como jefes de la banda escucharon el pedido de penas por videoconferencia desde la cárcel federal de Ezeiza. Allí fueron trasladados la tarde del jueves junto a otros presos de alto perfil acusados de dirigir organizaciones de narcotráfico. La movida se produjo tras la espectacular fuga de hace dos semanas de la cárcel de Piñero. Se presume que el financista del golpe comando fue uno de los ocho internos que escaparon, Claudio “Morocho” Mansilla, líder de una banda de la zona oeste y cercano a Ungaro.
El grupo en juicio fue detenido tras una serie de allanamientos realizados por fuerzas nacionales y provinciales en abril de 2018 en la zona sur de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Funes. Un año antes, el operativo bautizado “Los Miserables” que la Policía Federal centralizó en Tablada y República de la Sexta había puesto sobre la mira a la organización del clan Ungaro en sociedad con los Funes, hoy en apariencia distanciados, quienes protagonizaron una guerra descarnada con la familia del asesinado ex jefe de la barra de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos.
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La investigación con base en escuchas comenzó en la Justicia provincial y derivó en un juicio oral que cerró el 19 de mayo pasado con 7 años de condena para Ungaro como jefe de una asociación ilícita dedicada a cometer amenazas y usurpaciones y 35 años de prisión para Alan Funes por integrar la banda y por el homicidio de Marcela Díaz. En procedimientos abreviados anteriores ya habían sido condenadas otras 14 personas, entre ellas Lautaro “Lamparita” Funes y Carlos “Pelo Duro” Fernández, a quienes Reynares les atribuyó en este juicio roles de peso en la red de tráfico.
Por tratarse de delitos que dejan su huella de violencia en los territorios, pero en definitiva son contracara del negocio narco, la investigación de la fiscal provincial Gisela Paolicelli fue informada a la Procunar. Sirvió de base a una causa desdoblada en la Justicia federal, con competencia en las acciones de narcotráfico. Se conectó con una denuncia reservada que ese fuero había recibido dos años antes con menciones a René y Lautaro y alertando que “el barrio Tablada está copado por los narcos”.
En sus alegatos finales, el fiscal del juicio hizo mención a ese derrotero: dijo que no se trató de una investigación “convencional” sino más bien orientada a “los delitos de competencia ordinaria: hay una realidad sociológica y es que esta causa empezó en el fuero provincial. Esa prepotencia logística hizo que la jurisdicción federal sea el furgón de cola”. Al superponerse dos causas, “las dos por modalidades asociativas”, alentó la intervención de un “fiscal coordinador” que diseñe “estrategias conjuntas” entre ambos fueros.
“¿Es un grupo que busca dominio territorial para vender droga o vende droga para conseguir territorios? Interrogantes hay muchos. Pero la actividad principal era vender droga. Si la actividad principal era esa, la investigación debe iniciarse en la jurisdicción federal”, opinó Reynares Solari y recordó lo que “todos leímos los diarios al inicio de 2018”, cuando los hermanos Ulises y Jonatan “Bam Bam” Funes fueron asesinados con algunas semanas de diferencia entre enero y febrero.
En ese marco, indicó que “es poca la cantidad de droga” secuestrada pero coherente con una imputación por narcomenudeo. Remarcó que la base de la prueba son las escuchas, reveladoras de una organización donde “la voluntad de cada uno se somete a la del conjunto. Un grupo de gente se hace obedecer estando en la cárcel. Porque los admiran, los consideran su modelo a seguir, las razones que sean. Personas privadas de la libertad convocan a personas extramuros para que lleven adelante sus fines”.
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En ese esquema, René Ungaro fue ubicado en la punta de la pirámide como organizador de una cadena de comercialización. El fiscal pidió que sea condenado a 12 años de prisión a unificarse en 20 años con una condena a 13 años dictada en 2015 por el crimen a tiros del Pimpi frente a un bar. La misma pena solicitó para Alan y Lautaro, de quienes “queda claro” que coordinan “el traslado del material estupefaciente para ser vendido”, así como “el control final sobre todo lo que se hacía en los puntos de venta”.
Un escalón más abajo ubicó a “Pelo Duro” Fernández, recordado desde adolescente por una serie de delitos y condenado en 2019 a 18 años de prisión por homicidio. Fue detenido en Funes en la casa de Daniela Ungaro, hermana de René, y “quedaron claras en los chats las actividades de comercio”. Si bien no fue apuntado como jefe, afronta el mismo pedido de pena que los organizadores por el volumen de actividad de tráfico organizado que se le detectó.
El fiscal también adjudicó un rol protagónico a Brisa Amaral, la amiga de Jonatan Funes que lo acompañaba cuando lo acribillaron en una emboscada frente a la cárcel de Piñero el 5 de febrero de 2018. “Tiene un rol fundamental. Si bien está en los niveles intermedios de la organización, su rol deviene muchísimo más importante que el de otros miembros porque ella era la polea de transmisión de las órdenes de personas privadas de su libertad. Era la que distribuía las órdenes de Lautaro y Alan y las verificaba en el territorio”. Pidió para ella 8 años de prisión a unificarse en 9 y medio con una condena provincial a 3 años por participar de la asociación ilícita.
De Daniela Ungaro dijo que “tenía suficiente dominio para la obtención y distribución de material estupefaciente” (en su casa se encontraron envoltorios de marihuana, cocaína y una balanza) y pidió para ella 6 años de prisión por comercio de estupefacientes tras aclarar que “no resulta agravamiento su apellido o su historia personal”. La misma pena solicitó por ese delito para Kevin Oviedo, un “eslabón intermedio” con secuestro de droga en su casa y Mariel Soledad Lezcano, quien habla de “quedarse toda la noche armando” la mercadería.
Para Solange Correale, hija de Daniela Ungaro, pidió 3 años de prisión como partícipe secundaria del delito de comercio. Con el mismo encuadre solicitó esa condena para personajes situados en los peldaños finales como Sasha Samira Leiva, Gastón Ezequiel Benardinelli, Néstor Gabriel “Tatú” Finamore, Enzo Nicolás Romero Giménez y Daniel Esteban Meli. Para Maximiliano Canal pidió la absolución por la duda.
En todos los casos el delito se consideró agravado por la participación organizada de más de tres personas y al pedido de pena se añadió una multa a cada uno por 18.759 pesos. “Hay una disputa permanente por el territorio, pero ellos tienen el poder para llevarla adelante. Las cantidades y el dinero que manejan nos permiten sostener la razonabilidad de esta pena”, planteó Reynares.
Sobre el final, el fiscal insistió sobre el sobre el peso de las escuchas, donde la droga aparece mencionada como “remeras”, “flores”, “polenta”, “bolsos”, “ropa”, “pantalones”, “cocacola” o “milanesa”. En todos los casos pidió que la pena sea efectiva por “la gravedad de los hechos, el control del territorio y los niveles de violencia” de la organización.
