“Me quedé shockeada, no entendía lo que estaban haciendo. Los mataron a sangre fría porque los que iban en el auto no dispararon en ningún momento”. Esa descripción del doble crimen de David Campos y Emanuel Medina, acribillados en un episodio de gatillo fácil, parece el crudo relato de una testigo ocasional. Pero es la declaración de una empleada policial que está entre los 19 acusados en el juicio oral que se está realizando por el caso. Ese testimonio y el de otra agente imputada, reproducidos en la sala de audiencias, desnudaron las maniobras de encubrimiento de la tropa para justificar el ataque: la búsqueda de dos armas para plantar, la recolección de casquillos en la escena y, en una oficina, el falseado corporativo del acta policial.
Las dos uniformadas revelaron que fueron “forzadas” a participar de un pacto de silencio para proteger a los efectivos que tiraron a mansalva contra el Volkswagen Up en el que iban Medina y Campos. Los dos amigos fueron acribillados en junio de 2017 luego de una persecución de veinte minutos por la zona sur que se inició por una infracción de tránsito. Al llegar a Cazadores y Callo chocaron contra un árbol, estallaron los airbags y fueron alcanzados por una lluvia de balas policiales. Medina, un comerciante de 32 años que iba al volante, recibió nueve tiros. A Campos, un metalúrgico de 28, lo alcanzaron cinco impactos.
Los testimonios de las empleadas constituyen una rareza en casos de violencia institucional, donde el relato de la fuerza suele ajustarse al guión de actas amañadas. Las dos quedaron implicadas en septiembre de 2017 cuando el fiscal Adrián Spelta detuvo a los policías del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica (PAT) que participaron del procedimiento. Al mes pidieron declarar ante el juez Héctor Núñez Cartelle y contaron que “fueron obligadas por su jefe a firmar un acta falsa”. También precisaron que efectivos dispararon.
Las empleadas de la PAT Jésica Lescano y Roxana Ramírez no asisten al juicio oral y público que se inició el viernes pasado porque están bajo custodia de Gendarmería Nacional dentro del programa de protección de testigos tras declarar en octubre de 2017. Para ellas, el fiscal y la querella solicitaron penas de 7 años de prisión por encubrimiento y la falsificación de documento.
Además la acusación requirió prisión perpetua para los dos acusados de efectuar los disparos letales: Alejandro Bustos, del Comando, y Leonel Mendoza, de la PAT. Para otros 15 implicados en el encubrimiento (se adulteró la escena y a las víctimas les plantaron dos armas) pidieron penas de 4 a 16 años.
Ramírez y Lescano coparon la atención en la tercera jornada de audiencias. Ante los jueces María Trinidad Chiabrera, Román Lanzón y Gonzalo López Quintana, a pedido del fiscal, se transmitió la filmación de las declaraciones que rompieron el molde, donde explicaron el plan de ocultamiento y dijeron que fueron obligadas a firmar el acta y a guardar silencio. El abogado de las uniformadas dijo que el video fue observado bajo un silencio “tajante” en la sala (ver aparte).
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La mañana del 23 de junio de 2017 Roxana Ramírez expuso sobre un procedimiento en la Fiscalía de Montevideo al 1900. Alrededor de las 10 la pasó a buscar el móvil que manejaba el acusado Mendoza. Se ubicó detrás de Jésica Lescano, que iba como acompañante. “Me subo a la chata y el chofer, muy alterado, me dice: «Subite rápido que los chicos están en procedimiento y tenemos que ir»”, contó.
Interceptaron el VW Up bajo el puente del Acceso Sur que ingresa a Pueblo Nuevo. “Hay que tirarle a las ruedas porque pueden tener armas”, dijo Ramírez que le ordenó el chofer, y ella lo hizo. No era el primer disparo policial en la persecución, que siguió por Circunvalación, Ovidio Lagos y Arijón hasta llegar a Callao. “Cuando llegamos el auto estaba chocado contra el árbol”, contó la agente. Fue el cuarto móvil en arribar a la escena. Apenas bajaron, las empleadas escucharon la segunda secuencia de tiros y se refugiaron detrás de una chata del Comando.
“Bustos le estaba tirando al auto del lado del chofer —relató Ramírez—. Delante estaba Marcelo Escalante (acusado de disparar a la línea baja del auto) y también le tiraba. Me quedé shockeada porque no podía creer lo que hacían. Cuando termina de disparar Bustos dice «ya está, ya está, consíganme dos, consíganme dos». Yo me di cuenta de que lo que pedía eran armas”.
Lescano reparó en la reacción de Mendoza: “Mi compañero baja de la chata con el arma. Va del lado del paredón. Veo cuando él dispara. Cuando viene hacia mí agarra la vaina y se la guarda en el bolsillo”, relató la agente, que en aquel momento le preguntó a su colega si había tirado y éste le dijo: “Sí, le pegué en la cara”. Ese balazo le fraccionó la médula a Campos.
Al cesar los tiros, a las agentes de la PAT les ordenaron que montaran un cordón por calle Cazadores. “Desde ahí veíamos movimientos raros. Que se agachaban y agarraban cosas del piso. Se veía cuando abrían las puertas del auto”, detalló Lescano, mientras que Ramírez dijo haber estado tan aturdida que no prestó atención a lo que pasaba.
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Las dos empleadas contaron que en la División Judiciales las llevaron a un cuarto y les indicaron que no debían hablar con nadie, ni por teléfono. El entonces director de la PAT le recomendó insistentemente a Mendoza decir que se le había escapado el tiro “por el nerviosismo” o de lo contrario iba a “perder”. “De lo que viste y escuchaste no vas a decir nada si no querés perder tu trabajo”, fue la orden que Ramírez dijo recibir más de una vez aquel día.
Las dos uniformadas manifestaron haber sido presionadas para firmar el acta, “rápido y sin tiempo para leerla”. Señalaron que la entonces jefa de Judiciales se enojó al advertir la maniobra de falseamiento y estuvo a punto de revertirla, pero llamó a su superior y “quedó todo en la nada”. “Esto muere acá y no tiene que salir de acá”, les dijeron, según revelaron cuando decidieron hablar porque “las cosas no tenían que ser así. A ellos los mataron a sangre fría y no era necesario porque no tenían armas”.