Lo que debió ser el comienzo de uno de los juicios por gatillo fácil más esperados en los últimos tiempos se transformó en un sainete de ribetes bizarros. Un muestrario de cómo está el sistema de Justicia en Rosario. Un catálogo de improvisaciones y viejos vicios. El debate oral y público en el que 19 policías serán juzgados por el fusilamiento de David Campos y Emanuel Medina, ocurrido el mediodía del 23 de junio de 2017, pasó a un cuarto intermedio y se reiniciará posiblemente el viernes 11 a las 8.30. En tanto, a los dos principales acusados, los policías del Comando Radioeléctrico Alejandro Rubén Bustos y Leonel Emiliano Mendoza, quienes enfrentan una pena en expectativa de prisión perpetua, les prorrogaron el encierro preventivo hasta la finalización del juicio tras cumplir tres años en esa situación.
El juicio por la causa Medina-Campos comenzó a las 11.30, una hora después de lo programado, y con 50 personas apiñadas en una sala: 19 imputados (17 de ellos en libertad), sus abogados, policías y penitenciarios que los custodiaban, operadores judiciales, fiscales, querellantes y los jueces María Trinidad Chiabrera, Román Lanzón y Gonzalo López Quintana, quienes si en quince días no logran dar inicio al juicio deberán dar paso a la conformación de un nuevo tribunal.
No hubo que esperar mucho para presenciar el primer escollo. Cuando los jueces comenzaron a preguntar a los imputados sus datos y quiénes los defendían, Daniela Carolina Abraham, una de las policías acusadas por encubrimiento y falsedad ideológica, explicó que no tenía abogado. ¿Por qué? El jueves sus defensores, Carlos Varela y Adrián Martínez, renunciaron a su patrocinio sin que ella les revoque el poder. Y dijo que éstos no lo habían comunicado a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Entonces hubo un cuarto intermedio hasta que a las 12.30 Varela llegó al Centro de Justicia Penal (CJP) y confirmó la situación. Ese momento fue aprovechado por el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, para retirarse del lugar.
Tras un diálogo áspero con la jueza Chiabrera, el abogado dijo que más allá de su renuncia a la defensa debía realizarse un hisopado para determinar si tenía Covid y fue liberado de su obligación. Antes de irse, Chiabrera le anunció que enviaría lo ocurrido al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. ¿Y la policía Abraham? Pasó a ser representada por la defensora pública María Laura Blacich, que así sumó ocho defendidos en el banquillo.
Blacich fue precisamente la primera en pedir la palabra y relató que no podía garantizar una defensa digna para ocho representados, a tres de los cuales conoció ayer antes de la audiencia. E hizo una cronología de cómo varios abogados fueron renunciando a sus clientes y ella sumando representados, entre ellos el policía Bustos, que tiene pedido de perpetua y siete imputados por encubrimiento y falsedad ideológica. Contó cómo el defensor público Gustavo Franceschetti hizo distintas presentaciones alertando sobre ese desborde. Un punto que, tan pronto tuvo la palabra, fue torpedeado por el fiscal Adrián Spelta, quien entendió que Blacich no es la única defensora de un servicio que cuenta con otros 30 abogados.
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De a uno y en fila los defensores privados fueron adhiriendo al planteo de la defensora pública. José Nanni le hizo un agregado: la situación de la pandemia. Quienes lo escuchaban transitaron el razonable camino del peligro de contagio apiñados en la sala. En tanto, el abogado Fausto Yrure, defensor de Mendoza, el otro acusado con posibilidad de recibir perpetua, sostuvo que tenía al menos dos síntomas “tos seca y dolor de cuerpo”, y que era una persona de riesgo, como el 70% de los defensores en la sala.
Luego de la exposición de Yrure y antes de que el tribunal se tomara una hora para resolver la cuestión, el abogado fue aislado en la sala donde estaba el público, familiares y la prensa, todos los que debieron retirarse a un pasillo para escuchar el final de la audiencia.
Así pasaron casi tres horas con el perverso agregado del dolor de los familiares de los muchachos fusilados (ver aparte). Spelta no se opuso al pedido de Blacich, quien pidió un cuarto intermedio de 15 días (plazo máximo para que comience el juicio con este tribunal) y atacó a la defensa privada, a quienes les dijo que habían tenido tiempo suficiente para preparar el caso.
La querella, a cargo de Santiago Garat y Santiago Bereciartúa apuntaló al fiscal y dejó picando la pregunta: “¿Por qué los abogados privados no hicieron algo para no llegar tan ajustados al juicio?”
Tras ello el tribunal resolvió lo que pudo. Indicó que es la Corte Suprema de Justicia provincial la que debe resolver cómo se instrumentan los juicios y la labor de la OGJ, a la que le solicitó la aplicación de los protocolos sobre la pandemia. Le dio parcialmente la razón al planteo de la defensora pública, a la que le otorgó siete días corridos para preparar el caso de sus nuevos representados y la opción de alegar última. Eso, si nada cambia, será el 11 de septiembre a las 8.30. Y quizás sea por Zoom, aunque esa opción no tuvo mayor adhesión entre las partes. Todo lo resuelto quedó supeditado a los anuncios que anoche realizó el gobernador Omar Perotti sobre el cambio de fase de aislamiento social y obligatorio.
