Finalmente, y tras varias idas y vueltas procesales, el juez de Garantías Hernán Postma resolvió la situación del policía Alejandro Bustos, principal acusado de asesinar a Emanuel Medina y David Campos tras una persecución policial ocurrida el 23 de junio de 2017. El juez resolvió que "en esta instancia procesal no hay seguridad de que Bustos sea inimputable", y que "entre los peritos que lo examinaron no hay unanimidad" de criterios. Además ordenó que el policía sea externado de la clínica privada en la que está alojado y sea derivado a prisión. El otro principal imputado en la causa es el agente Leonel Emiliano Mendoza, bajo prisión preventiva, acusado al igual que Bustos de homicidio calificado por abuso de la función policial y alevosía. Para ellos, el fiscal Adrián Spelta y la querella pidieron la pena de prisión perpetua.
Además de Bustos y Mendoza también llegaran a juicio otros 17 policías en libertad. Marcelo Adolfo Escalante está acusado por abuso de armas calificado, encubrimiento doblemente agravado y falsedad ideológica agravada y le pidieron una sanción de 16 años de prisión y 32 de inhabilitación. A Hugo Baroni, Fernando Varela, Paolo Cano, Leandro Cardozo, Claudio Canclini, Aldo Benítez, Roxana Ramírez y Jésica Lezcano, se los imputó por encubrimiento doblemente agravado y falsedad ideológica agravada en concurso real. Para Lezcano y Ramírez pidieron una pena de 7 años de prisión y 14 de inhabilitación; para los demás 12 años de prisión y 24 de inhabilitación.
En tanto, los policías Walter Ocampo, Alexis Tanneur, Alejandro Bolanio, María Ramírez, Germán Mareco y Daniela Abraham fueron acusados por encubrimiento doblemente agravado y falsedad ideológica agravada en concurso ideal, y para ellos la Fiscalía solicitó 6 años de prisión y 12 de inhabilitación. Finalmente a los policías Pablo García y Rosa D'Angelo se los acusó solo de encubrimiento doblemente agravado y se requirió una pena de 6 años de prisión y 10 de inhabilitación especial.
A media mañana del viernes 23 de junio de 2017 David Campos, de 28 años, y Emanuel Medina, de 32, se estrellaron contra un árbol en Callao al 5700 a bordo de un Volkswagen Up en el marco de una vidriosa persecución policial que duró media hora por calles del sur de la ciudad. De acuerdo a la acusación, el auto en el que viajaban las víctimas fue rodeado por policías que dispararon a mansalva contra los jóvenes sin que éstos opusieran resistencia. Medina, quien manejaba, recibió nueve balazos y Campos cinco. En principio se indicó que las víctimas habían evadido un control vehicular y por eso se inició la persecución. Sin embargo, vecinos y familiares de las víctimas sostienen que se trató de un flagrante caso de gatillo fácil en el que luego se adulteró la escena, donde incluso se plantaron dos armas dentro del auto.
Vueltas procesales
Durante el último año la vida procesal del expediente se detuvo. Desde diciembre pasado los familiares de Medina y Campos esperaron la realización de la audiencia que recién se llevó adelante anteayer en el Centro de Justicia Penal. Esa audiencia se postergó al menos dos veces a partir del planteo de la defensa del oficial Bustos, que presentó un informe psiquiátrico en el que establecía que el policía es inimputable ya que sufre de estrés postraumático.
El informe de parte indicó que Bustos, el día del doble crimen, actuó bajo un cuadro de pánico y sin control de sus impulsos. Afirmaron que no debía portar un arma, que debió ser cambiado de puesto dos años antes y que no puede afrontar el juicio porque pondría en riesgo su salud.
Otro informe, esta vez de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), indicó que el policía tenía una discapacidad psiquiátrica del 20 por ciento agregando el 4 por ciento por la tarea que desempeña. A partir de ese momento Bustos fue sometido al menos a dos juntas médicas que lo entrevistaron un par de veces. Esas juntas no tuvieron un resultado unánime. Tras dos intentos de suicidio en prisión, Bustos fue internado en una clínica psiquiátrica.
Externado
Con ese telón de fondo el lunes a la tarde, y con Bustos ausente, el fuerte del debate se centro en si el policía cuestionado entendía la criminalidad de sus actos y luego de la lectura de los informes de las juntas médicas, el juez Postma le dio la derecha a la Fiscalía. El magistrado prorrogó la prisión preventiva de Mendoza y externó a Bustos, quien quedó bajo prisión preventiva a disposición del Servicio Penitenciario (SP) provincial, marcándole la salvedad de que debe ser alojado en una cárcel donde pueda ser asistido según la patología expuesta.
El magistrado requirió que el SP informe cualquier eventualidad surgida con Bustos, quien será examinado mes a mes. Aceptó las pruebas propuestas por la Fiscalía y las defensas; y también el pedido de que el juicio se celebre con un tribunal pluripersonal.
¿Cuándo se realizará el juicio oral y público? Eso dependerá de la disponibilidad de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y teniendo en cuenta que es una causa con detenidos que en junio podrían llegar a estar tres años bajo prisión preventiva sin condena, lo que les permitiría recuperar la libertad.
"Tras la audiencia queda una sensación fea sobre la situación de Bustos. Primero el Estado lo dejó sólo. Y esto va por fuera de que sea imputable o no. El Estado nunca le pagó los padecimientos sufridos tras el enfrentamiento en el que se le murió un compañero (hecho que habría marcado su personalidad). Segundo, el juez Postma dice que no hay unanimidad en los dichos de los peritos médicos y en lugar de sobreseer a Bustos invierte la carga y lo lleva a juicio. La jurisprudencia indica que el acusado tiene el beneficio de la duda. Y tercero, leyendo la legislación de otros países sobre este tipo de problemáticas, hay que decir que en casos como éste, gente como Bustos no tendría que haber portado un arma provista por el Estado", dijo el abogado Juan Ubiedo, defensor del policía implicado como principal autor del doble crimen.
