La Legislatura provincial espera explicaciones respecto a la fuga de ocho internos de la cárcel de Piñero ocurrida el pasado domingo. Los responsables de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Walter Gálvez y Jorge Bortolozzi, comparecerán ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, presidida por el radical Juan Cruz Cándido. En principio iba a ser pasado el mediodía de este miércoles pero el encuentro fue reprogramado para el 5 de julio. Por otra parte hoy a las 15 en el Centro de Justicia Penal los recapturados Joel Rojas, Sergio Cañete y Alejandro Schmittlein serán imputados por la evasión y en la misma audiencia será acusada Elizabeth A., quien fue detenida junto a Rojas y Cañete pocas horas después de la fuga en el barrio Cabin 9.
En tanto, anoche continuaba la búsqueda de los cinco prófugos después de que el fiscal Franco Carbone librara oficios a Interpol y a la Dirección Nacional de Migraciones para la captura internacional de los evadidos. En ese sentido, una de las líneas investigativas que maneja el fiscal, no la única, es que Claudio “Morocho” Mansilla, el supuesto ideólogo del espectacular escape gracias a sus contactos narcos, habría logrado cruzar a Paraguay.
Mientras Mansilla, Alejandro Candia, Martín Cartelli, Daniel Piscione y Ezequiel Romero continúan corriéndole al viento para mantenerse lejos de las rejas, los reflectores parecen iluminar al primero de la lista, el hombre que para los investigadores organizó o financió la fuga. Para hoy estaba previsto que finalizara el juicio oral y público en el cual debía estar en el banquillo de los acusados por el doble crimen de Leonel “Ozuna” Bubacar y Kevin Neri, ocurrido el 23 de septiembre de 2018 en Lima al 2100. Al comenzar el debate, el 22 de junio pasado, la fiscal Marisol Fabbro adelantó un pedido de pena de 25 años de prisión para el Morocho. Pero la fuga puso en el freezer los alegatos de cierre de juicio.
Por el momento hay una investigación abierta por la fuga en manos del fiscal Carbone; otra por el homicidio de Walter Ezequiel Soraire, de 30 años, quien fue el encargado de cortar dos tramos del alambrado perimetral de la cárcel para lograr la fuga de al menos cinco detenidos, en manos del fiscal Gastón Avila; y una tercera en la que, según indicó la fiscal regional María Eugenia Iribarren, se analiza si hubo o no responsabilidades políticas que favorecieran la fuga. “Hay una investigación por el homicidio y otra para determinar si hubo responsabilidad del Servicio Penitenciario, además de la responsabilidad política o administrativa”, dijo la jefa de la Fiscalía Regional de Rosario.
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Mansilla tiene 38 años y es considerado un pesado del hampa local. El Morocho ya fue protagonista de otras fugas. En marzo de 2008, cuando estaba preso en la Unidad 3 de Rosario cumpliendo una condena por robo calificado y se lo investigaba por un homicidio de 2006, salió con un permiso transitorio y nunca regresó. Dos meses más tarde fue recapturado tras una denuncia por violencia de género contra su ex pareja. El 3 de mayo de 2011 Mansilla cumplía condena en la cárcel de Coronda por un crimen y aprovechó una salida laboral para escaparse gracias a la colaboración de dos mujeres. Una de ellas era su pareja de entonces, Pamela Escalla. Ella y la otra mujer, María del Carmen S., lo esperaron en un auto en un camino lindero al penal y desde allí tomaron la ruta 11 rumbo a Santa Fe. Unos kilómetros más adelante un retén policial detuvo al trío y Mansilla debió volver a prisión. Ocho meses más tarde Escalla fue a visitar a su hombre a Coronda y fue asesinada a balazos por María del Carmen S., la misma mujer que colaboró en la fuga de Mansilla.
El momento del escape filmado por uno de los internos desde adentro del penal.
Con el hecho consumado
Como suele suceder en esta provincia, una vez consumado un hecho todo el arco político se desayuna de las debilidades del objeto puesto bajo la lupa. En este caso la que hasta el fin de semana era presentada como la cárcel de máxima seguridad de la región. Una prisión inaugurada en enero de 2006 con un minipenal compuesto por 160 celdas unitarias. “En el sur de la provincia, después de 111 años, se inaugura un penal que va a dar la posibilidad de desocupar una parte importante de las comisarías, sobre todo de la ciudad de Rosario", señaló el entonces gobernador Jorge Obeid. A partir de ese momento a Piñero se le fueron sumando módulos y pabellones hasta convertirlo en una prisión para 1.400 reclusos aunque hoy cuenta con unos 2.100 internos. Tras la puesta en funcionamiento de Piñero se inauguraron las unidades penitenciarias 5 (la cárcel de mujeres de 27 de febrero al 7800), la Unidad 6 (en la antigua alcaidía de la Unidad Regional II) y la Unidad 16, en Las Palmeras y calle 1721, en el límite con el barrio Cabín 9 de Pérez.
En los primeros pasos investigativos los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se toparon en Piñero con serias falencias de seguridad. Entre las más visibles se señalaron los vulnerables alambrados que sirven de perímetro y no tienen sensores para detectar roturas o cortes; la falta de monitoreo en el perímetro externo, donde no hay cámaras de video; el uso de garitas que solo hacen vigilancia hacia el interior pero no están preparadas para ataques desde afuera; la falta de armamentos para los agentes que ocupan las garitas, que solo cuentan con una escopeta con munición antitumulto (balas de goma) y un pistola calibre 9 milímetros con diez balas; se detectó asimismo que solo algunas garitas cuentan con una pistola ametralladora FMK3 y entre esos puestos de vigilancia no hay comunicación interna ni botón de alarma (los handys están neutralizados por los inhibidores de frecuencia dispuestos para los celulares).
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“No somos expertos en seguridad ni en planificación de unidades penitenciarias, pero esas son las cosas generales que se ven a simple vista”, explicó una fuente del MPA. “Los agentes de las garitas no tienen visión del afuera y los handys no les funcionan. No hay forma en la que se puedan comunicarse entre ellos, no tienen forma de dar aviso, ni dar una señal de alarma, ni manera de pedir ayuda”, indicó el fiscal Carbone.
Sin cambios
El fiscal Carbone también es el encargado de investigar la evasión de dos internos (Carlos D´Angelo y Hugo Peralta) ocurrida el 17 de mayo cuando con ayuda de dos mujeres se fueron de Piñero escondidos en cajas y trasladados en carritos que utilizan las visitas para llevar ropas y alimentos. “No he visto cambios en las medidas de seguridad en la prisión desde ese día”, indicó.
En este caso los fiscales no ven, en principio, una posible participación de integrantes del Servicio Penitenciario en el escape de los ocho presos. “Los cagaron a tiros, se vieron claramente sobrepasado. Nadie se esperaba que los sometieran a disparos con distintos calibre. Había 9 milímetros disparadas por pistolas y por pistolas ametralladoras FMK3, pistolas 11.25 (calibre 45) y pistola calibre 380”, explicó una fuente tribunalicia. A Cañete, solo para tener dimensión del poder de fuego de la banda, se le incautaron al momento de ser recapturado un revólver 38 y dos pistolas calibre 9 milímetros, una de ellas robada a un policía bonaerense.
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“Nos hubiera sido útil tener alguna cámara de videovigilancia. Pero Piñero es Piñero. Tres de las cuatro cámaras que hay en esa zona no funcionan hace al menos un año. Nos fueron más útiles las filmaciones de los celulares de los presos que las cámaras de la prisión”, indicó la fuente.
La fuerza de choque que golpeó a la custodia perimetral para sacar a los presos del pabellón 14 sufrió una baja. Walter Ezequiel Soraire, de 30 años. Su ultima residencia declarada es Flammarión al 5000 B, en límite entre los barrios Las Delicias y Tiro Suizo. El hombre es un fantasma para la investigación y contaba con dos antecedentes de cuando era menor y una condena de ejecución condicional en el viejo sistema procesal penal. Buena parte de los investigadores estiman que la gavilla que actuó en Piñero es “una banda local” de la que Soraire formaba parte. Sin dudas era él, como encargado de cortar los alambrados con una amoladora, el blanco más fácil del grupo invasor.
Según pudo saberse Soraire no fue víctima de una ráfaga de FAL, tal cual había dicho un interno en un audio viralizado en las redes sociales, sino con un balazo calibre 9 milímetros en la cadera. ¿Lo mató un agente desde una garita o fue víctima de fuego amigo? “Todavía es imposible determinar de qué arma salió ese disparo”, explicó un allegado a la investigación. Aristas que van surgiendo como notas al pie de página.
Incluso, ninguno de los investigadores se anima a descartar que el enfrentamiento ocurrido el sábado a la tarde entre dos facciones a la altura de una estación de servicios sobre la ruta 14 a la altura de Soldini entre los ocupantes de un Fiat Palio blanco y un Renault Koleos negro no esté relacionado con la planificación de la fuga. Además, algunos pesquisas piensan que hay que trabajar contrareloj no solo por la necesidad de resultados políticos sino porque algún grupo rival puede aprovechar la situación y ajustar cuentas con los evadidos, por sobre todo con el “Morocho” Mansilla.
