Imputan lavado de activos ilícitos a cinco financistas que quedarán en libertad bajo caución

Tres directivos de la financiera Cofyrco, junto con dos intermediarios, fueron imputados de lavado de activos de origen ilícito y tenencia ilegal de DNI ajenos. Se trata de Patricio Carey, Teodoro Fracasi, Guido Garay, Fernando Vercesi y Javier Zapata quienes, en virtud de un acuerdo entre la fiscalía y las defensas, quedarán en libertad bajo caución, lo que incluye la garantía de allegados y propiedades.

En una audiencia realizada por videoconferencia los cinco jóvenes fueron imputados en la tarde de este jueves por el fiscal Sebastián Narvaja, quien les atribuyó haberle vendido dólares en forma ilegal al asesinado narco Marcelo "Coto" Medrano, quien horas antes de su muerte había comprado en Cofyrco algo más de 17 mil dólares.

El otro delito, por el cual fueron imputados todos menos Zapata, se relaciona con el hallazgo durante un allanamiento de 174 DNI que habían sido extraviados en un boliche de La Fluvial y que fueron utilizados para realizar compras de dólares a nombre de sus titulares. La investigación de la fiscalía incluyó 90 entrevistas a los titulares de esos documentos para constatar que los habían extraviado y que no habían realizado compras de divisas.

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Los abogados defensores de Carey, Garay y Vercesi, Carlos Varela y Adrián Martínez, objetaron la competencia de la Justicia provincial respecto del lavado de activos. Sin embargo, no interpusieron recurso alguno al respecto sino que realizaron reservas para hacerlo en cualquier momento del proceso penal. A su turno los defensores de Fracasi y Zapata, Mariano Scaglia y Hernán Tasada, adhirieron a esa postura.

Al momento de discutir las medidas cautelares, el fiscal aludió a un acuerdo previo con las defensas por el cual los imputados recuperarán la libertad bajo caución. En tal sentido Carey, Vercesi y Garay ofrecieron garantes e inmuebles como caución. Por su parte Fracasi y Zapata, que ofrecieron un auto y una moto respectivamente, deberán complementar la caución con una firma semanal ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) mientras continúen afectados al proceso penal.

El juez de primera instancia Gustavo Pérez de Urrechu aceptó las imputaciones, así como las medidas alternativas a la prisión preventiva.

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