No hace mucho tiempo atrás la imagen de una camioneta policial en la puerta de una entidad financiera era una señal de vigilancia. Hoy, la presencia de un patrullero en el frente de esas firmas puede significar una señal de problemas. Esa postal se reprodujo al menos tres veces este martes en el corazón bursátil de la ciudad. Y no fue por seguridad, sino por la investigación de supuestos delitos cometidos puertas adentro de esas empresas. Es que la pesquisa por el homicidio del sindicado narco Marcelo “Coto” Medrano, ocurrido en septiembre del año pasado, derivó ayer en ocho allanamientos entre los cuales se encuentran los realizados a una financiera y al menos dos cuevas donde se realizarían acciones de lavado de dinero e intermediación cambiaria. En ese marco, la ruta de una bolsa con 175 DNI hallados en septiembre pasado en una cueva de Corrientes 832 expuso un circuito de venta ilegal de dólares en una financiera ubicada en San Lorenzo al 1300. “El dinero obtenido por la venta ilegal de dólares podía terminar en un préstamo o en el cambio de cheques de una persona que buscara una operación legal”, explicó el fiscal Sebastián Narvaja, a cargo de la causa.
Cuando el 11 de septiembre pasado el sindicado narco y barra brava Coto Medrano fue ferozmente asesinado al salir de una estación de servicios YPF de Eva Perón y Pueyrredón, en Granadero Baigorria, de su teléfono celular se obtuvo la información sobre la compra de 35 mil dólares en tres operaciones realizadas horas antes en una financiera del centro rosarino. La última de esas transacciones, por 17 mil dólares a 136 pesos por unidad, fue el mismo día del crimen. Eso motivó que los fiscales de la Unidad Fiscal de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Matías Edery y Luis Schiappa, ordenaran un allanamiento una semana más tarde en Cofyrco SA, sita en Corrientes 832. En ese operativo, realizado el 17 de septiembre de 2020 y a lo largo de diez horas, quedó al desnudo que las compras de dólares del asesinado vendedor de drogas eran habituales en esa agencia de venta de divisas. Pero además, los pesquisas se llevaron de las oficinas de Cofyrco una bolsa con 175 Documento Nacional de Indentidad (DNI).
¿De dónde provenían esos documentos? Fuentes de la investigación indicaron que, tras ser entrevistados la mayoría de los 175 propietarios de esos DNI, éstos manifestaron que habían extraviado los documentos y no habían realizado compra de dólares. La mayoría de ellos eran jóvenes que manifestaron haber extraviado los documentos en uno de los boliches ubicados en la Estación Fluvial. En ese sentido, una teoría bajo investigación es que muchos de los DNI de la bolsa hallada en Cofyrco habían caído accidentalmente entre el deck de madera de los balcones y el patio del boliche. Y una vez removidos, periódicamente esos paneles, los documentos eran introducidos en el mercado ilegal. Fuentes callejeras confiaron que cada DNI pueden ser comprado en unos 500 pesos. Los dueños de los documentos también indicaron que no habían comprado dólares y, sin embargo, figuraban en los registros de AFIP.
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En rueda de prensa, el fiscal Narvaja puso ayer blanco sobre negro en una investigación que comenzó el día que mataron a Coto Medrano. O mejor dicho, una semana después, cuando analizando la ruta del dinero que movía el narco asesinado encontraron una bolsa con DNI en Cofyrco. Para los investigadores, esa firma “es una empresa que tiene como fachada jurídica una financiera pero es una cueva. Las financieras en Argentina son entidades autorizadas por la Superintendencia de Seguros del Banco de la Nación, y ésta no está autorizada”, explicó Narvaja. Terranova si es una financiera. ¿Qué las vincula? La hipótesis de la acusación es que con los DNI encontrados en Cofyrco se compraron dólares en Terranova, una agencia de cambios sita en San Lorenzo 1333.
De acuerdo a lo que consta en el legajo penal, las compras de dólares con DNI se hicieron sin conocimiento de sus titulares que, en su mayoría, los habían denunciado como extraviados. La información aportada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) corrobora que con todos esos documentos se realizaron operaciones de adquisición de moneda extranjera el año pasado.
La pesquisa económica desglosada del violento homicidio de Medrano, un hombre que tenía condena por narcotráfico, se dio a partir de que en el teléfono celular de la víctima se encontraron evidencias de que había realizado en Cofyrco al menos tres compras de billetes estadounidenses en su último mes de vida, todas ellas superiores a 10 mil dólares.
En los allanamientos de la mañana de ayer quedaron detenidos los tres socios de Cofyrco. El presidente Fernando Vercesi, el vicepresidente Patricio Carey y el socio estratégico Guido Garay. También dos intermediarios llamados Marcelo Fracassi y Sergio Zapata. La contabilización final del dinero incautado en el lugar arrojó un total de 7.500.000 de pesos en billetes de $500 y $1.000, según distintas fuentes del caso. En principio los cinco apresados serán imputados el jueves a la tarde por los delitos de lavado de activos y encubrimiento por la tenencia de los 175 DNI extraviados.
“Hay que constatar si con esos DNI se produjo alguna actividad lucrativa. En ese caso la ley agrava la calificación por obtener lucro. Habrá que investigar si hubo sustitución de identidad de estas personas o si se falsificaron DNI. Si eso ocurrió se podrían ampliar las imputaciones. La Fiscalía realizará un desglose de las actuaciones para enviarle a las autoridades (federales) que se encargan de investigar este tipo de delitos cambiarios como es el Banco Central y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)”, indicó Narvaja.
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Un capítulo interesante de la investigación se abrió con el secuestro de cinco celulares iPhone de última generación a los detenidos. El juez Facundo Becerra había ordenado la incautación de los celulares y también si era necesario, con la imposición compulsiva de la huella digital de sus usuarios, lograr desbloquearlos. Eso se hizo. Pero los teléfonos cuentan además con una clave alfanumérica que impide el acceso a los contenidos.
Según portavoces del caso, los propietarios se negaron a entregar esas claves, algo que tiene amparo en un derecho constitucional en virtud del cual nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Los investigadores, no obstante, se proponen llegar a la información reservada dentro de los iPhone dado que el motivo de su incautación con aval judicial es desencriptar los contenidos allí guardados. Para ello, si es necesario, se remitirán los aparatos a una empresa ubicada en San Pablo (Brasil) o a una firma israelí radicada en Estados Unidos, ambas con capacidad para este tipo de operatoria. Al respecto, Narvaja evalúa solicitar ante un juez de garantías, de ser necesario, que se utilice el dinero secuestrado en Cofyrco para pagar el costo del servicio de desbloqueo.
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En febrero de 2020, tras la captura del sindicado narco Esteban Lindor Alvarado, se envió a Estados Unidos el iPhone 8 que el detenido había arrojado al lago del Embalse Río Tercero y de allí surgió información clave para conocer el entramado de empresas que había montado con el dinero obtenido de sus actividades ilegales. Hacer algo similar tiene un costo estimado en 5 mil dólares por cada aparato. Si los usuarios no entregan su clave se respetará ese derecho, pero dado que el requerimiento es para una investigación de interés estatal, posteriormente se pedirá cargar costas por ese trabajo a cada implicado. En la pesquisa hay desde el primer allanamiento, algo más de 80 mil dólares incautados y guardados.
De los ocho allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigaciones (OI) de la provincia, el Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (Giri) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), cinco fueron en los domicilios particulares de los detenidos y en una de esas fincas se encontraron alrededor de 5 millones de pesos. Los restantes fueron en tres oficinas: la financiera Terranova, Cofyrco y una oficina ubicada en un edificio de Córdoba al 600 en la cual, para la acusación, funciona una cueva financiera. En todos esos sitios se secuestraron contratos, escrituras, acuerdos mutuos, tres notebooks de los socios empresarios y el servidor de Internet.
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Pese a que la presunción es que Marcelo Coto Medrano compraba dólares en esa financiera con fondos obtenidos del comercio de drogas, los investigadores reivindican la jurisdicción provincial para el trámite venidero. Esto porque lo que se investiga no es un delito de narcotráfico sino un homicidio, que es un delito ordinario, de competencia provincial. Y porque ya hay numerosos pronunciamientos de la Cámara Penal de Rosario que postulan esa competencia en casos de lavado de dinero proveniente de la narcocriminalidad.
Lo que sostiene como criterio de persecución a reforzar la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos es que las investigaciones económicas son prioritarias para esclarecer delitos violentos de alta lesividad, como son los delitos de sangre en una ciudad como Rosario, donde la Fiscalía Regional estima que el 70 por ciento de los homicidios se vinculan con las tramas del narcotráfico.
Una pata en Santa Fe
No es la primera vez que en una causa penal aparecen funcionarios y operadores de la financiera Carey. Hace tan solo cinco días el fiscal federal de la ciudad de Santa Fe Walter Rodríguez pidió el procesamiento de una decena de personas por el delito de “intermediación cambiaria no autorizada y posible lavado de dinero”, una causa que se desprendió de la que investiga el crimen del empresario de turismo Hugo César Oldani en esa ciudad.
Ese homicidio fue perpetrado el 11 de febrero del año pasado en una galería céntrica de la capital provincial donde la víctima tenía una reconocida agencia de turismo y en un supuesto intento de robo. Pero horas después del episodio, la hija del propio Oldani junto a un grupo de gente llegó al local y con el supuesto permiso de la jueza que investigaba el homicidio, Cristina Ferraro, entró a la escena criminal y se llevó de una habitación oculta más de 3 millones de pesos y un millón de dólares en efectivo.
El fiscal adjudicó a Virginia Oldani; la empleada María José Calle; la presidenta de Mediterránea Sociedad de Bolsa SA, Carina Amelia Chelmo; Leandro Javier Forchetti, Flavio Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marcos Molinas y Eugenio Francisco Alonso.
De acuerdo a la investigación, esta decena de personas llevaba adelante los delitos de intermediación de dinero sin aval legal, cambio de cheques diferidos, préstamos cortos para urgencias y hasta pequeños plazos fijos, todo desde la oficina de turismo en el pleno centro de la city santafesina.
