Empezó el juicio oral a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes en las Cuatro Plazas

Ocho años después, comenzó el juicio oral contra 21 policías acusados de apremios y torturas contra siete jóvenes que en marzo de 2018 estaban reunidos en un banco de las Cuatro Plazas de barrio Belgrano y fueron detenidos y vejados durante varias horas en una comisaría.

Ante un tribunal compuesto por los jueces Florentino Malaponte, Fernando Sosa y Gonzalo López Quintana, la fiscal de Violencia Institucional Carina Bartocci pidió penas de entre cinco y diez años de cárcel para los agentes, que llegaron al debate oral en libertad.

Sin motivos legales

La madrugada del 23 de marzo de 2018 siete amigos de entre 21 y 24 tomaban gaseosas en un banco de las Cuatro Plazas de Mendoza y Provincias Unidas cuando terminaron en medio de un operativo policial. Según la acusación, eran cerca de las 4 cuando dos de los jóvenes fueron hasta un kiosco en una moto y al regresar notaron que los seguía un patrullero con las luce apagadas. Al llegar a la plaza una chica se bajó del rodado y el conductor se fue, pero al ver que lo seguían varios patrulleros se detuvo en Provincias Unidas y San Lorenzo.

Entonces dos agentes del Comando lo detuvieron, lo tiraron al piso y lo patearon con los borceguíes en las costillas. Si bien se comprobó allí que era el dueño de la moto, los policías lo subieron a una camioneta y volvieron con él a las Cuatro Plazas. Para entonces otros dos uniformados se acercaron armados a los otros jóvenes y los requisaron “sin fundamento legal alguno”, según la imputación.

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Los jóvenes comenzaron a pedir explicaciones por la situación y entonces comenzaron a recibir golpes como respuestas. Uno intentó resguardarse corriendo hacia Provincias Unidas y entonces recibió un disparo de munición antitumulto en una pantorrilla. Entre amenazas y más golpes, las víctimas fueron subidas a distintos patrulleros para ser trasladados hasta la comisaría 14ª.

En la seccional los seis varones del grupo fueron esposados unos a otros en un patio donde los obligaron a mantenerse en pie durante horas, mientras los policías les sacaban fotos. A uno de ellos, un agente le apoyó los genitales en los glúteos, lo golpeó en la cabeza y lo amenazó con violarlo, antes de obligarlo a sacarse la ropa.

La situación de violencia institucional, que incluyó amenazas, burlas y golpes, se mantuvo aproximadamente hasta las 17 de ese día. Al ser liberados dos de las víctimas notaron que les habían robado dinero de sus billeteras. Como suele suceder en estos casos, el acta oficial registró una versión falsa de los hechos por lo cual a varios de los acusados se les endilgó además el delito de falsificación de instrumento público.

En el banquillo

Erica Denis, Mariano Saavedra, Gastón Farley, Ariel Godoy y Angela García están acusados como coautores de apremios ilegales, falsificación ideológica, hurto agravado por ser funcionarios públicos e incumplimiento de deberes. La fiscal solicitó 6 años de prisión para los dos primeros y 5 años para los demás. Para Walter Duarte pidió 6 años por esos delitos más el de abuso sexual simple. Para todos requirió multas de 12 mil pesos e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Por esos mismos delitos sumados al de tortura, la fiscalía pidió 10 años de cárcel para Roberto Damián Salinas y Santiago Alejandro Morgan. En este caso la querella solicitó para ambos doce años, por considerarlos al frente del procedimiento. A su vez, Diego Ojeda y Leonel Romero también afrontan un pedido de 10 años de prisión como coautores de apremios ilegales, tortura e incumplimiento. Para estos cuatro acusados se solicitó la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Finalmente, otros once policías se sentaron al banquillo acusados de tortura e incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. Se trata de María Florencia Gorocito, Alexis Cali, Ileana Romero, Adrián Molina, Nadia López, Cristian Nevares, Angel Avalos, Agustín Eloy Cañete, Melina Lamanna, Lucas Sánchez y Jesús Soria. También para ellos se pidió una inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos.