La ciudad transita un camino que parece no tener retorno. En una década buena parte de la sociedad pasó del “se matan entre ellos” a no poder entender cómo entre los ejecutados que periódicamente son parte de las crónicas policiales puede haber personas ajenas a los conflictos que se dirimen a balazos en la ciudad. La muerte por asesinato puede ser simbólica, puede exponer cómo el sistema va generando anticuerpos sólo para protegerse sin importarle un rábano la suerte del vecino de a pie. Claudio Ariel Ramírez tenía 49 años y trabajaba como repartidor de carne. Vivía en el Fonavi de Rouillón y bulevar Seguí y el miércoles a la noche fue con su esposa y su hija de 15 años a hacer una cobranza al supermercado “El Progreso”, ubicado en Sánchez de Thompson 48, en la zona sureste rosarina. Pasadas las 20 estacionó su auto, dejó a bordo a su familia y cuando estaba a cinco metros del negocio una ráfaga de disparos lo fulminó. “Recuerdo los gritos desesperados de la hija de 15 años y de su mujer, y no puedo no llorar”, explicó ayer una vecina.
Ramírez cayó muerto a dos metros de uno de los primeros Centros Territoriales de Denuncias (CTD) inaugurados como fruto de la intervención multiagencial que tuvo su puntapié el 26 de junio de 2018. El complejo Fonavi de Grandoli y Gutiérrez era por aquellos días uno de los puntos rojos en el mapa de la inseguridad ciudadana a partir de denuncias de usurpaciones vinculadas a las peleas entre las bandas de Alexis Caminos y Ariel “Tuby” Segovia contra René “El Brujo” Ungaro y Los Funes. La mecánica era sencilla: se expulsaba a vecinos para utilizar los departamentos como aguantaderos o como bocas de expendio de drogas y centro de acopio de armas y estupefacientes.
Cuatro años más tarde el CTD es un punto simbólico que atiende de 10 a 14 y al que los vecinos sólo se acercan en estado de desesperación. “Muy pocos van a denunciar porque acá todo el mundo te ve entrar o salir de ese lugar. Y si pasó eso es porque fuiste a mandar en cana a alguien, lo que en el barrio puede terminar en una casa baleada, con suerte”, explicó un vecino. “Javkin y Perotti están blindados. Hablan lindo, pero lo que nos pase a los vecinos no les importa. Estos muertos para ellos son estadísticas. Acá ya nadie les cree”, agregó.
El supermercado El Progreso está inmerso en el llamado Paseo Sánchez de Thompson-Centro Comercial, una serie de 20 locales desplegados en las plantas bajas de los núcleos 5 y 6 de los monoblocks. El mediodía de este jueves los vecinos que podían esquivaban a la prensa y los que se la chocaban, también. “Este barrio es un desastre como todos los barrios de Rosario. Perdoname pero no te hablo más porque acá las paredes escuchan y ven”, indicó una mujer que reside en el complejo. La gran mayoría de los vecinos consultados y que viven en las inmediaciones del lugar donde cayó muerto Ramírez, dijeron que el miércoles a la noche no estaban en el barrio o llegaron minutos después del crimen.
En el medio de los tiros
“Yo lo conozco desde hace años. Nosotros tenemos el negocio ahí. Él nos traía la carne y venía a cobrar como la hacía siempre, pero no es de acá, no tiene nada que ver con nada ni con nadie. Bajó del auto en el que quedaron la mujer y la hija. Hizo unos pasos para ir a nuestro negocio y se armó una balacera. Quedó en el medio del tiroteo y la ligó”, contó una muchacha que se presentó como hija de la dueña del súper. “Semanalmente venía a cobrarnos la carne”, indicó la muchacha minutos después del crimen y mientras la gentes increpaba a los policías que realizaban las pericias.
“Ahora vienen, no sirven para nada. Hay un destacamento a 200 metros, por Grandoli, y esa mega comisaría que está por Uriburu, pero no son capaces de evitar que a un vecino lo maten a balazos”, comentó indignado otro hombre que vive en los monoblocks. La mega seccional a la que hizo referencia está ubicada en Uriburu e Hipócrates y es una de las seis megaestaciones que proyectó el último gobierno socialista y de la que parcialmente se realizaron dos. La seccional del barrio era la 11ª, en Lamadrid al 200 bis, que fue cerrada y reconvertida en base de la Policía de Acción Táctica (PAT).
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Mientras el cuerpo de Ramírez yacía a metros de CTD, llorado por los suyos, algunos vecinos alertaron a la policía respecto a que dos de las personas que dispararon había llegado en un Chevrolet Corsa verde y describieron algunas particularidades que tenía el auto. Oficialmente se precisó que alrededor de las 22, dos horas después del crimen de Ramírez, una patrulla de la policía dio con un auto como el descripto en 27 de Febrero y Rouillón y comenzó una persecución que terminó en Guatemala y Bemporat, en el barrio Belgrano Sur. Allí tres de los ocupantes dejaron el auto y huyeron a la carrera en distintas direcciones.
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Foto: Virginia Benedetto.
Uno de los que bajaron de ese auto fue detenido e identificado como Damián Agustín C., de 23 años y con residencia en Villa Gobernador Gálvez. Para los investigadores, sería quien manejaba el vehículo en el que iban los homicidas y será imputado esta tarde. El auto tenía una patente que no le correspondía y por el grabado del dominio en los vidrios del vehículo se obtuvo la patente real. Así se comprobó que había sido robado en jurisdicción de la seccional 26ª el lunes pasado.
Barrio asediado
El crimen de Ramírez se produjo a nueve cuadras de la escena de otro homicidio resonante: el de Claudia Deldebbio, ejecutada la noche del 23 de julio cuando esperaba el colectivo en la Plazoleta Rodolfo Walsh, en Maestros Santafesinos e Isola, en el barrio Parque del Mercado.
En medio de la guerra territorial que sostienen la banda de Los Funes y René Ungaro contra Los César y Brian “Pocha” Sánchez, hombres armados llegaron en dos autos al complejo edilicio del Parque del Mercado y balearon la Torre 11. Cuando se retiraban uno de ellos disparó contra quienes estaban en la parada de colectivos. Deldebbio, su hija Virginia Ferreyra y un pibe de 16 años fueron alcanzados por los tiros. Aquel día Virginia, de 32 años y profesora de danzas árabes, fue herida de gravedad y continúa internada en el Heca.
Los residente del lugar hablan de un “barrio tomado por las bandas” en la que “no hay una respuesta del Estado”. Una vecina conocedora del conflicto indicó que los monoblocks de Sánchez de Thompson al 100 estarían en manos de Los César y que no sería raro que alguno de los bandos en pugna llegaran al Fonavi “a disparar porqué sí, a provocar daño. Acá ya no importa si estas metido o sos inocente. Vale todo”. Y que en ese contexto pudo producirse la balacera en la que terminó asesinado Ramírez.
En principio el crimen del repartidor de carne quedó en manos del fiscal Ademar Bianchini, aunque desde la Fiscalía Regional 2ª se indicó que, a partir de la cantidad de homicidios registrados por turno, tras “las primeras tareas realizadas” los casos “serán redistribuidos entre los fiscales de la Unidad de Homicidios”.
