Barrio Originario Underground es un grupo de hip hop integrado por ocho jóvenes de la comunidad Qom que reside en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario. Surgieron en 2016 y desde 2020 forman parte de la BT Crew, un colectivo de artistas nacido desde el programa provincial Nueva Oportunidad. En ese marco institucional se juntan dos veces por semana, mientras que otros dos días se reúnen en el playón del barrio a practicar. Como dice Cristian, uno de sus integrantes, lo hacen "para ir tomando ritmo y cada vez que toque ir a un evento salir bien pulidos".
Esta podría ser la historia del grupo y su desarrollo artístico, pero por estos días la inquietud de sus miembros pasa por un episodio que ocurrió hace unos días en su barrio. Ensayaban en un playón municipal cuando agentes de la policía provincial los requisaron para identificarlos y se llevaron detenidos a cuatro de los chicos por no tener DNI.
Cristian, uno de los referentes del grupo, habló con La Capital para contar lo ocurrido y sentar una postura en un contexto social y político en el que existe un aval para que la policía solicite DNI a personas en la vía pública. Un marco que alcanzó el debate judicial con fallos que niegan la inconstitucionalidad de estas medidas pero a su vez sugieren evitar detenciones por el solo hecho de que una persona no porte su documento. El gobierno provincial mantiene el respaldo a su fuerza de seguridad, a la que facultó -con una modificación del artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial- para la detención de presuntos sospechosos por no llevar documento.
Este caso tiene otra particularidad: los chicos fueron demorados cuando ensayaban para un festival del Nueva Oportunidad, que se llevó a cabo una semana después y que el propio gobierno provincial difundió desde el área de Desarrollo Humano. Los jóvenes que forman parte de este programa inclusivo, que el gobierno provincial sostiene hace más de 10 años, conviven con la dualidad de que el mismo Estado, desde su policía, los ubique como sospechosos por no tener DNI.
Detenidos por no tener DNI
La juntada de los chicos de Barrio Originario Underground en el playón municipal ubicado en el cruce de las calles Aborígenes Argentinos y Qom, barrio Toba del sudoeste rosarino, generalmente es después de las 20. A esa hora la mayoría vuelve de trabajar, como Cristian, que es ayudante de plomería y por estos días se está ocupando del armado de estructuras para la Fiesta de las Colectividades.
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En eso estaban el lunes 28 de octubre cerca de las 21 cuando un móvil policial llegó al playón. Los chicos pausaron el ensayo, apagaron el parlante y se dispusieron a mostrar sus DNI ante el procedimiento policial. "La mayoría de nosotros tenía DNI, pero cuatro compañeros que viven cerca de la plaza no. Salieron sin DNI porque era para ensayar y estábamos en un lugar público. Nos cortaron el ensayo y se llevaron a los cuatro", contó Cristian a La Capital.
Lo que continuó, según relata este joven, es parte de uno de los trasfondos de esta problemática vinculada a las requisas policiales. La aprehensión de una persona por no llevar DNI es materia de discusión, pero no lo que ocurre desde el momento en que el presunto sospechoso es subido al móvil policial. En este caso lo que contaron los chicos es que, desde que los subieron al móvil hasta que los llevaron a la comisaría, recorrieron distintos puntos de la ciudad. Uno terminó en la comisaría 1ª del centro, los otros tres en la seccional 32ª.
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En el camino, cuentan desde el grupo, a los tres que terminaron en la 32ª los llevaron hasta la zona céntrica de la avenida Pellegrini. "Los frenaron, los bajaron, los esposaron adelante de toda la gente como a criminales. Como para mostrar que estaban trabajando", aseguró Cristian. "En la 32ª la pasaron mal. Les decían indios de mierda, negros, que son ratas. Ellos no se defendieron, agacharon la cabeza para que no les peguen", agregó.
En cuanto al joven que llevaron a la comisaría 1ª, contó que lo liberaron a las 6 del día siguiente porque llevaba consigo una constancia de DNI en trámite. A los otros tres los liberaron a las 15 del día siguiente y, según les dijeron, les inciarían una causa por resistencia a la autoridad. "Nunca hubo resistencia", aseguró su compañero. A uno de los no le devolvieron su teléfono. "Es muy frustrante para él porque en el celular tiene las letras que compone, es su herramienta", contó Cristian.
"Se siente el hostigamiento"
Los talleres del programa Nueva Oportunidad están destinados, en general, a jóvenes que al momento de comenzar a participar no estaban escolarizados o no tenían trabajo. No implican solo la capacitación en determinada disciplina u oficio, sino también la formación de personas con un sentido crítico sobre el presente que viven. La mayoría de integrantes del programa residen en barrios populares y están atravesados por distintas problemáticas sociales. Entre ellas la violencia urbana, con el ejemplo certero de que en los últimos años varios participantes de los talleres fueron asesinados.
De ese marco surge la postura de los miembros de Barrio Originario Underground acerca de lo que les ocurrió: no consideran que se trata de un hecho aislado. "Acá como en todos los barrios bajos de Rosario se siente mucho el hostigamiento de la policía, más a los pibes", explicó Cristian. "Vienen deteniendo a chicos en la calle para mostrar que hacen su trabajo, pero no lo están haciendo bien. Nosotros somos artistas, no somos criminales. Eso es lo más frustrante, es injustificable", agregó.
Una semana después de las detenciones los chicos participaron de un festival que se realizó en el mismo playón y al que acudieron unos 150 jóvenes del Nueva Oportunidad. Desde el gobierno provincial difundieron el evento y citaron las palabras de la directora del programa, Andrea Travaini: "Elegimos hacerlo en el playón del barrio Toba del oeste porque acá hay un grupo que hace hip hop, que es una referencia y nos parecía bueno poder mover al resto de los espacios a uno de los barrios de la ciudad".
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Para los chicos tuvo un valor simbólico. "Volver al playón nos resultó muy satisfactorio. Poder estar de vuelta y decir que seguimos estando acá, que no nos van a detener. Contarle al barrio lo que nos pasó y decirle a las autoridades que estaban ahí que esto no se puede volver a repetir", contó Cristian. "Estamos reclamando un respaldo al Nueva Oportunidad. Muchos pibes de distintos talleres pasaron por esto, pero nosotros lo pudimos visibilizar", agregó.
Respaldo del gobierno a la policía
Este jueves el gobernador Maximiliano Pullaro volvió a respaldar públicamente el trabajo de los policías que solicitan DNI en la vía pública. "Vamos a seguir trabajando con la misma política de calle porque estamos en el marco de la ley", explicó en radio LT8.
El gobernador contextualizó la discusión en una problemática de seguridad pública que va más allá de hechos como el que ocurrió en el barrio Toba. "Lamento que no se llegue a comprender la magnitud del problema que tenemos. Que en una ciudad que hace un año tuvo 290 homicidio y ahora 70 no se entienda que debe tenerse un control estricto d la calle", indicó.
"A una de 15 personas se la molesta para corroborar si tiene pedido de captura. Hay que detectar eso", sostuvo y aseguró: "Los controles han hecho bajar la violencia y aprehender a muchas personas con pedido de captura y tener el secuestro de armas de fuego en flagrancia récord en Rosario". En ese marco desde el Ministerio de Justicia y Seguridad informaron que este jueves, en un procedimiento de rutina de este tipo, lograron la detención de uno de los evadidos de la comisaría 16ª el pasado 13 de octubre.
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El debate por las detenciones callejeras llegó al Centro de Justicia Penal tras una serie de presentaciones del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. En ese marco fue rechazada por el juez Rafael Coria la solicitud de que se plantee la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial que habilita la detención sin orden judicial de personas sospechosas o que se resistan a ser identificados en la vía pública. Sin embargo dio una serie de recomendaciones para evitar demoras arbitrarias.
En la instancia siguiente, el juez Gustavo Salvador, de la Cámara Penal, definió que la policía no puede privar de la libertad a ciudadanos por no tener DNI. Según planteó en su resolución, es porque no existe una ley que oblige a las personas a circular con su el documento de identidad.
