Juan Carlos fue demorado por la policía cinco veces en dos semanas. Nicolás entró y salió de comisarías cuatro veces en 18 días. Después de pasar la noche en la céntrica seccional 1ª, Maximiliano fue ingresado a la 19ª de barrio Triángulo con una diferencia de cuatro horas. Ninguno de ellos fue acusado de algún delito: lo que tienen en común es que viven en situación de calle. Los tres integran la lista de 86 personas sin techo que fueron detenidas por la policía en un lapso de 21 días por carecer de DNI o ser consideradas sospechosas.
Sus nombres figuran en una presentación que realizó el Servicio Público de Defensa Penal para pedir que cesen esas detenciones. El organismo denunció la amenaza “actual inminente y potencial” que padecen quienes viven en la calle, pero también los jóvenes que circulan sin documento. Es que, de las 876 personas demoradas en Rosario entre mediados de julio y la primera semana de agosto, la mayoría fueron detenidas por no poseer DNI. En 385 casos la policía no informó el motivo del arresto.
Las detenciones “sistemáticas” de personas que circulan sin identificación se profundizaron, según el planteo, tras la reforma al Código Procesal Penal aprobada sin mayores disensos por la Legislatura provincial en abril pasado. Entonces se retocó el artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía que habilita “excepcionalmente” a la fuerza a demorar personas “cuando hubiese sospecha o indicios ciertos” de que pudieran estar relacionados con un delito. A esa facultad, se añadió como causal la “resistencia a ser identificado en la vía pública”.
En audiencia
Si bien la demora no puede exceder las 6 horas y debe ser fundada, un relevamiento de Defensa Pública en Rosario arrojó que “se han incrementado de forma masiva en la ciudad detenciones, aprehensiones o demoras”, sobre todo de personas en situación de calle. Es por esto que la institución presentó un recurso de hábeas corpus que este viernes, a partir de las 10, se discutirá en audiencia ante un juez en el Centro de Justicia Penal. Los defensores no sólo pedirán el resguardo de las personas demoradas, en ocasiones de manera reiterada, sino también que se declare inconstitucional el artículo que faculta esas intervenciones.
El recurso lleva al firma del defensor regional Martín Riccardi junto a las de Marcelo Marasca y Santiago Bereciartúa, del área de Prevención de la Violencia Institucional, quienes pedirán que se cite al personal policial para indagar en casos concretos por qué se dispusieron las demoras, por cuánto tiempo, dónde fueron alojados los afectados —que no deben compartir celda con detenidos por delitos— y si tuvieron acceso a un llamado telefónico.
Los datos se obtuvieron de un estudio que realizó la Defensoría Regional de Rosario entre el 17 de julio y el 7 de agosto. Se sistematizaron actas y planillas que los defensores públicos de guardia confeccionaron en esos días, ya sea al ser notificados desde las seccionales o en recorridos propios por las dependencias. El recuento arrojó que 86 personas en situación de calle —todos varones— fueron detenidas en esos días por motivos como “responder con evasivas”, “no poseer DNI”, “actitud sospechosa” o “evitar al personal policial”.
Para los defensores, estas detenciones son “arbitrarias”, constituyen un abuso a derechos elementales y discriminan a personas en situación de extrema vulnerabilidad social. “Este fenómeno no sólo refleja un sesgo sistemático en la actuación de las fuerzas del orden, sino que también perpetúa un ciclo de marginalización y desprotección”.
El relevamiento detectó un “patrón de selectividad” y arrojó que cerca de veinte personas en situación de calle fueron detenidas más de una vez en distintos días o incluso con diferencia de horas. Juan Carlos, detenido cinco veces entre el 21 de julio y el 7 de agosto, llegó a sumar veinte horas encerrado. Otros estuvieron retenidos hasta tres veces en una misma seccional. O salieron de una para ser ingresados en otra con diferencias de hasta dos horas.
Los motivos
Del total de casi 900 casos en el período bajo estudio surge que el principal motivo esgrimido por la policía fue que los demorados (166 en total) carecían de documento de identidad. Otras 103 personas fueron retenidas por “responder con evasivas” y 24 por “evitar al personal policial”, esto es, cuando al ver a la policía la persona “se cruza de vereda”, “da marcha atrás”, “vuelve sobre sus pasos” o “acelera los pasos”.
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A raíz de esos procedimientos, según el informe, las personas afectadas son trasladadas a una comisaría, permanecen allí varias horas y en ocasiones pierden la jornada laboral o las changas. “Estaba cerca del Monumento. Llegaron dos motos y me trajeron. Varias veces me trajeron a ésta y a otras comisarías por no tener DNI. Yo no tengo DNI”, dijo un malabarista de 22 años entrevistado por una defensora en la seccional 1ª, donde la cifra de demorados en espacios sin bancos, sillas ni colchones llegó a ser de 20 a 40 personas en una noche.
“Estaba en la plaza del Che. Me levanté para ir al baño y dejé la mochila con el DNI. No me dejaron ir a buscarla. Es la tercera vez que me traen a esta comisaría. Me dejaron venir con el perro”, expresó también allí un hombre de 31 que duerme en la calle.
“Es la primera vez que me pasa. Me trajeron por no tener DNI. Vino mi jefe a la comisaría a buscarme y no me dejan salir. El día de hoy me lo van a descontar”, apuntó un empleado no registrado de 29 años cuyo testimonio consta en el informe.
El planteo que se discutirá este viernes pide no sólo que se revisen esas situaciones y se las considere ilegales sino que se declare inconstitucional la norma que las facilita por tratarse de actuaciones sin orden judicial que violan la presunción de inocencia, consagran el “olfato policial” e imponen una pena de hecho que criminaliza a los más pobres. El recurso cita antecedentes y remarca que el control judicial de las detenciones tiene un efecto preventivo ante “controles masivos” sobre ciertos sectores: “El no control fomenta una práctica lesiva de los intereses generales de la comunidad (razias) y oculta responsabilidades penales y disciplinarias de los funcionarios policiales”.
