Un código de seis dígitos puso en jaque el juicio contra Hugo Tognoli. Esa clave, usada por policías en 2011 para averiguar que a un supuesto narco lo perseguían autos de una fuerza de seguridad nacional, es el núcleo de la acusación contra el ex jefe de la policía santafesina. La semana pasada se presentaron dos informes sobre la cantidad de operaciones realizadas a su nombre en el sistema de consulta online de patentes; pero un listado arrojó, en el mismo período, 53 operaciones más que el otro. "¿Cuál es el auténtico?", se preguntaron ayer en tándem los defensores del comisario y otros dos acusados, que sobre esa base jugaron su apuesta máxima: pidieron la nulidad del proceso por asentarse en pruebas falsas y reclamaron la inmediata libertad de sus clientes.
El planteo de los defensores busca que se interrumpa el juicio respecto de Tognoli, el comisario Néstor Juan Fernández y el transportista Carlos Ascaíni —sindicado como traficante de Villa Cañás— quienes están acusados de narcotráfico junto a otros 24 imputados. A los tres los incriminaron en base a una consulta online sobre las patentes de dos vehículos que perseguían a Ascaíni y que resultaron ser de la Policía de Seguridad de Aeroportuaria (PSA).
Los informes sobre el uso de la clave asignada a Tognoli ya estaban en el expediente. Pero el miércoles pasado fueron ratificados por el responsable de servicios informáticos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, Jorge Likerman, que explicó cómo funcionaban los códigos de seguridad otorgados a la policía para consultar dominios.
El funcionario dijo entonces que dos listados enviados por el Registro sobre las patentes consultadas con esa clave, uno de 2011 y el otro de 2016, eran auténticos. Pero como los informes arrojaron resultados dispares sobre un mismo período, los abogados reclamaron ayer que se lo acuse por falsedad de documento público, falso testimonio y violación de sus deberes.
El equipo de fiscales tomó nota del planteo sin intervenir y luego pidió tiempo para meditar su respuesta. Por eso el juicio se suspendió hasta hoy, a las 9.30, cuando contestarán los acusadores Adriana Saccone y Adolfo Villate. Luego definirá el tribunal integrado por Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Otmar Paulucci.
Acusado de proteger
Tognoli, de 53 años, fue detenido en octubre de 2012 tras la publicación de una nota en el diario Página 12 que aludía a investigaciones federales sobre su accionar como jefe provincial de la ex Drogas Peligrosas. Fue acusado de proteger a narcos del sur provincial. Uno es Ascaíni, que en noviembre de 2009 advirtió en la comisaría de Villa Cañás que era perseguido por una camioneta Isuzu y un Fiat Fiorino. Un empleado de esa seccional averiguó en el sistema informático del Registro de la Propiedad y le informó a Ascaíni que la Isuzu pertenecía a la PSA.
Tognoli fue incriminado porque la consulta al sistema informático del Registro se hizo con una clave asignada a su nombre. Para la acusación, no podía ignorar los usos que hacían de esa clave sus subordinados.
El comisario Néstor Fernández, entonces jefe de la brigada operativa de Drogas de Venado Tuerto, fue detenido en noviembre de 2012 como quien hizo esa consulta. El y Tognoli terminaron procesados por el delito de tráfico de estupefacientes agravado y acusados de integrar una "empresa criminal conjunta".
En sucesivas declaraciones, Tognoli explicó que las claves o "segus" que llegaban en sobre cerrado a su nombre desde el Registro, y que habilitaba a un limitado número de consultas, eran giradas a las distintas brigadas de Drogas. Donde, a su vez, los jefes añadían una contraseña desconocida por él para operar diariamente en el sistema. Tognoli dijo que nunca operó él mismo con esas claves. Con un argumento similar, Fernández dijo que compartía el código con el personal a su cargo.
Sobre la operatoria con los "segu" declaró Likerman la semana pasada. El testimonio del funcionario era importante porque fue en base a sus dichos que el fiscal Juan Patricio Murray volvió a pedir en 2013 la indagatoria de Tognoli, quien cuatro meses antes había obtenido la falta de mérito.
Likerman habló sobre el célebre "segu" 210183 atribuido a Tognoli y convalidó dos informes del Registro nacional donde constan las consultas realizadas con esa clave en el mes de noviembre de 2009.
El primer listado, enviado en 2012 a pedido de la fiscal Liliana Bettiolo, arrojó que con esa clave se hicieron 232 operaciones. En 2016 la fiscal Adriana Saccone reiteró el pedido de informes. La respuesta fue que en el mismo período se hicieron 179 averiguaciones.
Manipulación
"Hay una diferencia de 53 consultas", advirtió José Luis Vázquez, defensor de Fernández, quien pidió la palabra ayer ni bien arrancó la audiencia. El abogado denunció que hubo una "manipulación de la prueba" y que no hay forma, a la fecha, de saber cuál de los dos informes es auténtico.
Sus colegas José Nanni, abogado de Ascaíni, y Néstor Oroño, por Tognoli, adhirieron al planteo. Cada uno, a su turno, reclamó la nulidad de las indagatorias de sus clientes, los procesamientos y las requisitorias de elevación a juicio por ser actos basados en una prueba viciada.
"La base de la imputación a mi cliente es el uso de su segu y no hay ninguna otra prueba que lo vincule con actividades de tráfico de estupefacientes", añadió Vázquez.
"Este juicio no puede continuar —se plegó Nanni—, se ha manipulado la prueba . Son instrumentos públicos y fueron fraguados. En ambos informes faltan o sobran datos. El manto de sospecha hace que no se pueda ejercer correctamente la defensa. ¿Los dominios fueron efectivamente consultados o es a dedo?". Enseguida fue por más y pidió la detención de Likerman y el allanamiento de sus oficinas para secuestrar material relacionado con la clave de la discordia.
"Estos personajes del Registro Nacional de la Propiedad Automotor vinieron descaradamente a mentir a esta audiencia", aportó Oroño, y agregó: "No se puede permitir que este proceso se convierta en una farsa. Va a ser difícil explicar algún día por qué llegamos a este juicio".
Luego la jueza Barabani le dio la palabra a la fiscal Saccone, quien se limitó a pedir copias de los audios de la declaración de Likerman y de la audiencia de ayer para brindar hoy su respuesta.
Dos autopsias
"Esto es como que un forense mande dos autopsias. En una dice que la víctima murió apuñalada y en otra que recibió disparos. No hay forma de emparchar esto", comparaban los abogados una vez finalizada la audiencia en la puerta de los Tribunales Federales de Oroño al 900.
"El requerimiento de informes es objetivamente el mismo. Pero la respuesta es objetivamente distinta —remarcaron casi a coro—. Venimos diciendo es que esta es una causa políticamente armada y esto demuestra cómo manipularon la prueba".
