Los tiros que retumbaron en la puerta de la cárcel de Piñero en agosto de 2019 dejaron al descubierto un negocio con la venta de números para asignar el orden de las visitas. En una investigación con escuchas se detectó que era administrado puertas adentro y afuera de la cárcel por la banda de René “El Brujo” Ungaro, quien cumple condena en ese penal. Dos personas fueron detenidas entonces por la balacera y una de ellas aceptó ayer una pena de 3 años de prisión como integrante de una asociación ilícita. Se trata de Noriel Alvez, quien según la sentencia era la encargada de trasladar hasta el penal a los miembros de la organización que gestionaba los turnos.
El acuerdo abreviado homologado por el juez Héctor Núñez Cartelle ubica a Noriel como encargada de los traslados y quien se ocupaba de la venta ilegal de números para el acceso a la cárcel, “amedrentando y amenazando a personas”. Al momento de la detención figuraba en su documento con el nombre de Claudio Ezequiel Alvez. Con esa identidad llegó tres días después a la audiencia imputativa, donde sus abogados señalaron que se autopercibía como mujer y estaba en proceso de cambiar su identidad de género.
Durante el trámite judicial fue trasladada a un pabellón especial en la cárcel de mujeres y desde el Servicio Penitenciario se inició el trámite para el cambio de su nombre en el DNI. Es por eso que en el texto del procedimiento abreviado que acordaron el fiscal Matías Edery y la defensora pública María Laura Blacich aparecen mencionados los dos nombres. “El abreviado debía respetar el nombre con el que ella se percibe y al juez le pareció correcto”, indicó el fiscal. El escrito judicial contiene algunos pasajes en lenguaje inclusivo.
Alvez fue condenada a 3 años de prisión efectiva como integrante de la asociación ilícita de Ungaro, quien cumple condena por el crimen del ex jefe de la barra Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos. Si bien en un primer momento había sido acusada por abuso de armas y portación ilegal, como presunta autora de los disparos en la cárcel, la Fiscalía desistió de asignarle estos delitos “por entender que no existen evidencias suficientes para lograr una eventual sentencia condenatoria en juicio”.
Al prestar su consentimiento a la condena, Alvez admitió haber sido parte de una banda “destinada a la comisión de delitos indeterminados contra la propiedad y las personas para la defensa de territorios en barrios Tablada, Municipal y Villa Gobernador Gálvez”. Una organización con funciones definidas activa desde octubre de 2018, con algunos miembros detenidos y otros en libertad. Noriel fue detenida el 16 de agosto de 2019 en una casa de Buenos Aires al 600 de Capitán Bermúdez junto a Ramona Elvira A., una mujer de barrio Tablada conocida como “La gringa” y acusada de gerenciar en la calle las actividades de la banda. Ésta iba a firmar otro abreviado ayer pero la medida quedó en suspenso mientras se revisan detalles técnicos.
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“El objetivo fundacional, prioritario y aglutinante de la banda investigada es la defensa del territorio, lo que les permite desarrollar los diferentes negocios ilícitos que, a su vez, les generan beneficios económicos y los ascienden en poder respecto de bandas antagónicas”, puntualiza el texto del abreviado. Al grupo se le asignan actividades como la compra y venta de armas, el robo de autos, amenazas, usurpaciones, abuso de armas y “la regulación ilegal del ingreso de personas a establecimientos penitenciarios a través de la venta de números”.
Esta última actividad quedó al descubierto con los disparos del domingo 11 de agosto de 2019 en la entrada a la cárcel de Piñero. A las 4.45 había adultos y niños a la espera de ingresar al penal en día de visitas. Entonces llegó un Volkswagen Cross Fox con dos ocupantes del que bajó una persona que efectuó al menos siete tiros que provocaron un desbande y dejaron dos heridos. Milagros B., de 24 años, resultó lesionada por el roce de una bala en un pie, y Mario B., de 28, fue baleado en ambas piernas.
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A través de escuchas se descubrió que la organización al mando de Ungaro tenía el control de los números para entrar a la cárcel y del ingreso de objetos, como celulares y chips. Se detectó también que cobraban entre 300 y 800 pesos por cada visitante con una ganancia de unos 40 mil pesos por fin de semana. El control del talonario, supuestamente, estaba a cargo de La gringa. Pero dos días antes habían allanado su casa sin encontrarla y desde entonces estaba prófuga. Por eso el domingo del ataque, según la investigación, apareció en su lugar una emisaria suya. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras del penal
Entre las evidencias figura el relato del anterior dueño del VW Cross Fox, quien contó que se lo había vendido a una mujer que sería La Gringa y que se lo entregó a alguien que coincide con la descripción de Alvez en Capitán Bermúdez. Del celular del vendedor se recuperó una conversación de WhatsApp con Ramona A. donde ésta afirma que le pagaba a otra persona para que retire el auto ya que ella no podía manejar porque estaba bajo arresto domiciliario en una causa federal.
Del teléfono de Alvez, en tanto, se obtuvieron fotos de armas de fuego y del auto. Sus contactos telefónicos con A., quien la llama por su apodo de “La Pepa”, fueron desgrabados en el legajo judicial. Y en una conversación que mantuvo La Gringa con otra mujer el día de la balacera, su interlocutora alude al incidente: “Supuestamente me iban a pegar a mí e iban a volver. Se fueron todos. Cobardes. Ni respondieron los putos”.
