Por Claudio Berón
Una semana antes de la detención de Ramona "La Gringa" A., sospechada de gerenciar en la calle una banda comandada por René Ungaro desde la cárcel, la policía realizó ocho allanamientos en barrio Tablada. Entonces se hallaron siete armas de fuego de las cuales tres fueron adjudicadas ayer a esta mujer de 43 años, quien quedó imputada por la tenencia ilegal de dos arma de guerra y una de uso civil, además de un hecho de encubrimiento. El fiscal Matías Edery planteó que "escuchas telefónicas y varias evidencias" la ubican como "jefa externa junto a otras mujeres" de una asociación ilícita vinculada a homicidios y balaceras, aunque analizar parte de las escuchas antes de imputarle formalmente ese rol. Quedó en prisión preventiva por 60 días.
La medida fue dictada ayer por la jueza María Isabel Mas Varela en el Centro de Justicia Penal. En una audiencia anterior, inusual en la mañana de un domingo, el fiscal Matías Edery también imputó a Claudio A., de 28 años, por "haber participado en el atentado ocurrido en la madrugada del domingo pasado en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero". En la entrada a la cárcel se había montado un negocio de venta ilegal de turnos y con los disparos se buscaba amedrentar a personas que hacían cola para visitar a sus familiares presos. Un "servicio" que al parecer comandaba Ungaro, quien cumple condena en esa cárcel por el crimen del ex jefe de la barra brava de Newell's Roberto "Pimpi" Caminos.
Claudio A. fue detenido la madrugada del viernes por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en la misma casa de Buenos Aires al 600 de Capitán Bermúdez en que se encontraba La Gringa. Quedó acusado como coautor de dos hechos de abuso de armas y portación ilegítima de arma de guerra. La jueza le dictó la prisión preventiva por el mismo plazo de 60 días.
Ramona Elvira A. tiene p una causa de 2016 por infracción a la ley de drogas que tramita el juez federal Carlos Vera Barros. En las calles de Tablada se cuenta que es parte de la banda del "Brujo" Ungaro, a quien junto al clan Funes se señala como una de las facciones en guerra por el control del territorio contra los descendientes de Pimpi. Al ser detenida se la sindicó como gerenta en la calle de los negocios de Ungaro, pero aún no le imputaron ese rol porque resta profundizar la pesquisa.
Poder de fuego
Los delitos por los que fue imputada fueron detectados en los ocho allanamientos realizados por la TOE una semana atrás, el viernes 9 de agosto, en casas de Tablada donde se incautaron siete armas de fuego y fueron detenidos Ariel L., de 32 años, y su pareja Eliana S., de 26 e hija de La Gringa. La casa de A. fue allanada pero ella no estaba.
De mediana estatura y con las uñas pintados de un color fucsia furioso, La Gringa dijo ayer que ella "no vivía allí" y que en una casa de calle Colón "tenía un almacén". Esto fue refutado por el fiscal, quien dijo que en esa vivienda se encontraron prendas y el documento de la mujer. Se le imputó la tenencia en una casa de Ayacucho y Estado de Israel de un revólver calibre 32 plateado con dos cartuchos, una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros y diez cartuchos con la numeración limada y una pistola Bersa Thunder Pro.
Esta última arma "es producto de un robo con la modalidad escruche denunciado oportunamente" y por eso también fue acusada de encubrimiento. La audiencia fue corta; el fiscal pidió la prisión preventiva por 60 días, la defensa no se opuso y la jueza ordenó la medida cautelar ante el riesgo de "fuga o entorpecimiento de la causa".
Según la teoría de la acusación, una vez allanada su casa y al saber que estaba bajo la mira de la policía, ese domingo La Gringa envió a una emisaria a la puerta de la cárcel de Piñero para que se encargara de velar por el negocio con las visitas. Sin embargo, no hubo respeto con la reemplazante, alguien la arrinconó y le quitó los talonarios.
A los tiros en el penal
Esto desembocó en la balacera: minutos antes de las 5 del 11 de agosto, cuando familiares de los internos aguardaban para ingresar a la penitenciaría, fueron atacados desde un auto marca Volkswagen Crossfox de color verde militar ocupado por dos personas, un hombre y una mujer.
Desde el vehículo dispararon al menos seis tiros y en esa descarga impiadosa resultaron lesionados Milagros B., de 24 años, herida de bala en un pie, y Mario B., de 28, en ambas piernas. El atentado develó un negocio atribuido a la banda de Ungaro. Por medio de escuchas se descubrió que la organización tenía el control de los números para entrar a la cárcel y del ingreso de objetos, por ejemplo celulares. En esas llamadas se evidencia que los cobradores recaudaban entre 300 y 800 pesos por cada visitante, con una ganancia de unos 40 mil pesos por fin de semana.
Por la ejecución de los disparos el fiscal Edery acusó a Claudio A. en base a distintas evidencias, como videos del atentado registrados por las cámaras del penal, el hallazgo de una vaina 9 milímetros y testimonios.
El fiscal exhibió capturas de los videos del atentado donde se aprecia que el auto llegó al penal a las 3.53 (una fotografía exhibe a A. al bajar) y se estacionó en playón. A las 4.37 se puso en movimiento hacia la salida y entonces desde el vehículo partieron los tiros contra familiares que comenzaron a correr, muchos de ellos con niños en los brazos.
Estos elementos, para la jueza, le asignan una "apariencia de responsabilidad" en el ataque. Los defensores Fernando y Nerina Sirio plantearon que la prueba no era suficiente, ya que ni el arma ni el auto fueron encontrados.
Los abogados indicaron además que el joven se percibe con una identidad de género femenina y por eso solicitaron que fuera alojado en su domicilio o en un pabellón que lo resguardara de "malos tratos y discriminación". El joven robusto, teñido de rubio y de profesión peluquero quedó bajo arresto preventivo por 60 días, aunque la jueza pidió expresamente que sea alojado en un ámbito donde se garantice su integridad.
Por Matías Petisce
Por Mila Kobryn