Fue en una audiencia a puertas cerradas en los tribunales de Santa Fe. El juez dispuso acciones inmediatas, bajo reserva, para los menores de 14 y 15 años involucrados en el crimen
El brutal asesinato de Jeremías Monzón adquirió relevancia nacional
A puertas cerradas y bajo un estricto mandato de confidencialidad, este miércoles se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe una audiencia multipropósito clave para el caso Jeremías Monzón, en la que se definió el marco de intervención estatal sobre los dos adolescentes no punibles involucrados en el crimen.
La audiencia fue encabezada por Gustavo Urdiales, quien dispuso una serie de medidas de aplicación inmediata para los menores de 14 y 15 años. Las resoluciones, según se informó oficialmente, permanecerán bajo confidencialidad, tanto en su contenido como en el desarrollo del debate judicial.
Las medidas fueron solicitadas por el fiscal de menores Francisco Cecchini, a partir de propuestas elaboradas por la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. Su titular, Daniela León, participó de la audiencia, al igual que representantes del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público de la Acusación.
En la sala 6 del Palacio de Justicia estuvieron presentes, además, el ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni, el fiscal Luis Schiappa Pietra, la familia de Jeremías Monzón junto a sus abogados y los defensores particulares Pedro Busico y Martín Durando.
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Los dos adolescentes participaron del acto procesal: uno de manera presencial y el otro a través de una videoconferencia.
Finalizada la audiencia, Cecchini explicó en conferencia de prensa que el juez impuso un deber de confidencialidad absoluto, que alcanza tanto a las medidas adoptadas como a los intercambios producidos durante la audiencia. “Se utilizaron todas las herramientas que brinda el Código Procesal Penal Juvenil. Hubo un trabajo coordinado de todas las partes, incluido el Poder Ejecutivo, que permitió arribar a un acuerdo que dejó conformes a los actores del proceso”, sostuvo el fiscal.
Por su parte, Schiappa Pietra remarcó que las resoluciones fueron diseñadas con foco en el resguardo de las víctimas y que serán ejecutadas por el Poder Ejecutivo bajo control del Poder Judicial. “Son medidas efectivas, pensadas para dar respuestas institucionales sin lesionar el principio de no punibilidad”, señaló.
Consultado sobre la posibilidad de una institucionalización de los adolescentes, el fiscal evitó dar precisiones: “No podemos brindar detalles. Estas audiencias muestran que el nuevo Código permite articular acciones coordinadas entre distintos organismos del Estado sin vulnerar garantías”.
Jeremías Monzón fue visto con vida por última vez el 18 de diciembre, cuando salió de su casa rumbo a la ciudad de Santa Fe. Ante la falta de noticias, su familia denunció la desaparición y se activó la Alerta Sofía, el protocolo nacional para la búsqueda urgente de niños y adolescentes en situaciones de alto riesgo.
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Cuatro días después, el 22 de diciembre, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un galpón abandonado del barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación confirmó que se trataba de Jeremías. El informe forense indicó que el cuerpo presentaba 23 puñaladas, realizadas con un cuchillo y un arma blanca de fabricación casera, y se encontraba en avanzado estado de descomposición.
En el marco de la investigación se realizaron allanamientos que derivaron en la detención de M.B.A., una adolescente imputada como coautora de homicidio triplemente calificado, quien permanece alojada en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ). Además, quedaron involucrados dos chicos que al momento del hecho tenían 14 años, sobre quienes ahora se definió el régimen de medidas confidenciales.