El 22 de marzo de 2014 un chico de 18 años fue asesinado a golpes en una cortada del barrio Azcuénaga, zona oeste de Rosario. Se llamaba David Moreira, los vecinos de la zona lo habían acusado de robar un bolso junto a un cómplice que logró escapar. Una vez retenido le pegaron patadas en el cuerpo y la cabeza durante al menos 15 minutos hasta que llegó al lugar un móvil de la policía. Moreira murió tres días después como consecuencia de la golpiza, de la que según testigos participaron decenas de personas. Solo fueron identificados tres: uno de ellos fue condenado en 2019 en un procedimiento abreviado y los otros dos irán a juicio oral en julio de este año luego de que el debate se postergara cuatro veces.
Una de las evidencias más claras del linchamiento de David Moreira es un video de 10 segundos que un vecino filmó con su celular y tiempo después presentó a la Justicia. En las imágenes se ve al chico en el pavimento y a su alrededor nueve personas, de las cuales dos le pegan patadas. "Dale guacho, dale guacho quedate ahí", le grita uno mientras lo golpea. Otra evidencia es el resultado de la autopsia: traumatismo encefalocraneano grave como la causa de la muerte del chico tras estar internado tres días en el Hospital Clemente Álvarez.
El linchamiento fue pasadas las 17 del sábado 22 de marzo de 2014. Agustina, una vecina de 21 años y embarazada, iba por calle Liniers y Marcos Paz con su hija de dos años cuando le arrebataron un bolso. Los dos ladrones iban en moto, quien conducía bajó la velocidad y el acompañante, David Moreira, saltó para arrinconar a la joven. Después de un forcejeo David subió a la moto pero cayeron al piso por una camioneta que los impactó por atrás. El cómplice corrió y logró escapar, Moreira fue atrapado por los vecinos que se habían asomado tras escuchar los gritos de la víctima del robo.
La investigación del hecho quedó en manos del entonces fiscal y hoy juez Florentino Malaponte, quien tomó declaraciones a unos setenta testigos. En esos relatos se reconstruyó parte del linchamiento: Malaponte habló en su ocasión de gente que fue alternándose, incluso de personas que pasaban por el lugar en sus vehículos y al notar lo que sucedía se bajaban a golpear a David. Algunos hablaron de chicos que solían juntarse en un club de la zona y que luego del hecho no se los volvió a ver. Lo cierto es que en ese entonces ningún testigo directo identificó con nombre y apellido a alguno de los participantes del linchamiento.
La Fiscalía identificó a las dos personas que se ve en el video golpeando a Moreira como Nahuel Pérez y Gerardo "Capocha" G. Entonces en un primer momento les imputaron el homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado y por la participación de más de dos personas, delito con una pena en expectativa de prisión perpetua. Luego el fiscal bajó la calificación a homicidio en agresión y en abril de 2017 sumó a un tercer identificado: Cristian A.
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En tanto, el cómplice de David, identificado como Isaías Ducca, fue entregado a la Fiscalía por su padre días después del hecho. Un año después el muchacho quedó preso por otro robo, le unificaron ese hecho y dos más junto al asalto cometido con David y lo condenaron a cinco años de prisión efectiva.
"Cuestiones de agenda"
En septiembre de 2019, tras una confesión de su madre que lo ubicó como partícipe del linchamiento, Nahuel Pérez aceptó en un juicio abreviado la pena de 3 años de prisión condicional. Los otros dos no acordaron y así la causa se encaminó a un juicio oral y público. En un principio el debate estuvo agendado para realizarse entre el 19 y el 26 de noviembre de 2020, pero dos días antes la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) notificó su postergación "por cuestiones de agenda".
Lo mismo ocurrió tres veces más: en mayo de 2021, en abril de 2022 y en septiembre del mismo año. La OGJ en cada ocasión alegó "cuestiones de agenda". Con ese historial Norberto Olivares, abogado querellante en representación de la familia Moreira, realizó una presentación ante la OGJ para advertir la "excesiva demora y dilación procesal" para fija una fecha definitiva para el juicio oral.
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"Tanto tiempo transcurrido atenta -de manera material y esencial- contra el derecho inalienable de la parte querellante de acceder a una performance judiciaria que agote -debida y profundamente- la investigación, que esclarezca debidamente los hechos para una plena y efectiva verdad, y establezca una justa y equitativa reparación del daño sufrido", indicó Olivares. En ese marco, la OGJ confirmó que el juicio oral y público comenzará el 10 de julio de este año con el tribunal compuesto por los jueces María Isabel Mas Varela, Hebe Marcogliese y Gonzalo López Quintana. El fiscal a cargo es Alejandro Ferlazzo, de la Unidad de Homicidios y la pena solicitada es de seis años de prisión efectiva.
"No hay interés político de la Justicia de Santa Fe en este caso. Es indudable que la causa no está dentro de ninguna prioridad y el clima político electoral va a agudizar las cosas", sostuvo Olivares en diálogo con este diario. Para el querellante, además de dilatar la búsqueda de justicia de parte de los familiares de la víctima, la demora en el inicio del juicio también afecta a la calidad del debate. "El riesgo que corre la prueba en un juicio que se hace a 9 años conspira contra la posibilidad de un juicio más o menos normal o efectivo", explicó. "Si no mandábamos este escrito no iba a pasar nada", agregó.
Una madre que espera
Luego de la muerte de David su familia se mudó a Uruguay, donde se instalaron a vivir en las afueras de Montevideo. Lorena Torres, madre de David, volvió a Rosario en distintas ocasiones para estar al tanto de la causa por la muerte de su hijo. En esta ocasión, según contó a este diario, todavía no sabe si estará presente. "Me gustaría pero sé que va a ser muy duro. Me voy a encontrar con cosas muy fuertes que espero tener la fortaleza para soportarlas", indicó.
"Con respecto a las veces que se suspendió el juicio, primero fue entendible porque era época de pandemia. Pero ya después no sé por qué se suspendió tantas veces", dijo en relación a las postergaciones consecutivas. "Parece que la Justicia no es para todos igual, al menos yo pienso eso con todo lo que he vivido, por los años que pasaron y todavía sigo esperando", agregó.
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Acerca de las expectativas de cara al juicio indicó: "De parte de la Justicia nunca tuvimos una respuesta, espero que esta vez respondan con una condena justa". "Creo que matar a una persona como mataron a David es algo grave y la Justicia no lo tomó de esa manera. Ya hubo una condena con prisión condicional y yo pienso que una persona que mata a otra tiene que tener una condena en la cárcel", agregó.
"Espero que todo esto sea para bien y sirva de ejemplo, pera que no pase nunca más. Nadie tiene derecho de juzgar a nadie y menos a tomar justicia por sus propias manos a tal punto de llegar a matar a otra persona", consideró Lorena. "El juicio oral es de gran importancia, porque es donde realmente se cuenta lo que pasó y creo que no van a tener más opción que decir la verdad", sostuvo.
Silencios
La audiencia preliminar al juicio se realizó en agosto de 2018, cuando por entonces Nahuel Pérez todavía no había firmado el acuerdo abreviado. En ese marco, la Fiscalía explicó por qué había decidido cambiar la calificación de homicidio agravado a homicidio en agresión. Argumentó que no se pudo definir un golpe mortal que lo diferencie del resto, que lo que causó la muerte de David fue toda la secuencia de golpes. A su vez explicaron que no se había tratado de un ataque organizado, más allá de que los imputados se conocieran entre sí.
Lo que sí se percibe en la investigación judicial es la suerte de pacto de silencio que se tejió entre los vecinos del barrio Azcuénaga, lo que incluyó también a los familiares de los acusados. Es el caso de la madre de Nahuel Pérez, quien había declarado en abril de 2014 y negado la participación de su hijo. Luego, tras una escucha judicial en la que la mujer confesaba que el muchacho sí había golpeado a David, se desdijo y contó que en una primera ocasión no había dicho la verdad por miedo y para proteger a su hijo.
No fue la única testigo que se desdijo durante la investigación. Algo similar ocurrió con una vecina que en una primera ocasión había dicho que cuando ella llegó al lugar David ya estaba custodiado por la policía. Sin embargo, luego se comprobó que uno de los llamados al 911, solicitando presencia policial, había salido de su celular. Entonces dijo que había tenido miedo y en una segunda oportunidad describió a "un petizo pelado con lentes de sol" como uno de los que más le pegó a David.
