La Cámara Penal de Rosario confirmó que debe ser reabierta la causa penal por la contaminación ambiental atribuida a la empresa Petroquímica Capitán Bermúdez al convalidar la decisión del juez de primera instancia que rechazó la prescripción de la persecución como pretendían las defensas de los directivos de la compañía. Esto implica que Sergio Taselli, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, podrá ser imputado por producir un serio daño ambiental en el cordón industrial del Gran Rosario.
Hace siete meses el juez de San Lorenzo Carlos Andrés Gazza había declarado nula la resolución previa de un juez, Juan José Tutau, que siguió el criterio de no continuar adelante con la causa por orden del ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, que fue destituido de su cargo y está en camino a juicio por un caso de corrupción. La determinación de Gazza ahora confirmada por la Cámara Penal supone que ahora el trámite por los delitos de daño ambiental seguirá adelante tal como lo demandaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Estos reclamaban reabrir un proceso por manejo inadecuado de materiales altamente contaminantes que fue cerrado por una instrucción del ex fiscal regional Serjal.
Gazza señaló que el magistrado que convalidó el cierre del trámite penal contra la empresa —propiedad de los hermanos Sergio y Máximo Taselli, y Matías Gallegos— fue perjudicado al resolver porque le ocultaron información.
Según los peritos técnicos convocados en esta causa, en torno de Petroquímica Capitán Bermúdez hay 21 hectáreas afectadas por derrame de cloro, algo corroborado por un informe crítico de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Ese documento señaló que la planta poseía instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos, con inspecciones que evidencian falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas.
Cuando Tutau aceptó cerrar la causa, tal como le pedía el fiscal Juan Carlos Ledesma por orden de su superior Serjal, no sabía que existían una medida en curso en sede civil, ni una denuncia por parte del fiscal de Estado ordenada por un decreto del entonces gobernador Miguel Lifschitz, ni que existía una póliza para la reparación del medio ambiente.
Ahora los camaristas Georgina Depetris, Carolina Hernández y Alfredo Ivaldi ratificaron el criterio del juez Gazza de reabrir la causa. Los vocales de la Cámara señalaron que “hay perjuicio, requisito indispensable para que ceda la cosa juzgada”. Y agregaron que “ el cercenamiento injustificado e ilegal a la investigación pone en crisis la defensa de un bien de incidencia colectiva configurado por el ambiente”. Y destacaron la validez del criterio de Gazza cuando dijo que la discusión principal era la del daño ambiental y no la de que la orden del cierre de la causa se haya convertido en cosa juzgada que no se podía modificar lo que, para la defensa de Taselli, violentaba garantías de su cliente. “El Tribunal no puede no advertir esto, con todo lo que significa el grado de contaminación existente al momento de aquella resolución, está en juego el interés de toda la comunidad, pero no sólo en relación a Capitán Bermúdez, sino a toda la región, que se trata de acciones que violentan bienes jurídicos colectivos, supraindividuales, que están por encima de cual protección individual que se intente hacer valer”, dijeron los camaristas.
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Para poder ir hacia el cierre de esta causa, el fiscal de Estado adjunto, Gustavo Luzzini, contrarió el decreto del ex gobernador Miguel Lifschitz que le pedía investigar un delito de contaminación. Por esa razón Luzzini está también imputado en esta causa junto con los empresarios responsables de conducir la empresa. También seguirá sujeto al trámite como imputado el ex fiscal regional de Rosario Serjal. Lo que seguirá ahora, con el fallo de los camaristas, es el levantamiento del cierre de la causa contra Sergio Taselli, Máximo Taselli y Matías Gallego, los tres máximos representantes de la empresa, que serán próximamente imputados.
En una de las audiencias en que se discutió la reapertura del caso, el fiscal Schiappa Pietra apuntaba a la dimensión de lo que estaba en juego en este trámite. "Este caso sella un montón de debates futuros. ¿Qué va a hacer Santa fe con un predio contaminado? ¿Tenemos como Estado la decisión de hacer pagar la responsabilidad de contaminar? ¿Qué hacemos con una orden ilegal para perdonar una contaminación por un daño ambiental que hacía desmayar a nenas de colegio? Acá se habló mucho de remediación. Reparar el medio ambiente es muy caro. Son millones de dólares los que va a tener que pagar Taselli si podemos imputar. Eso es lo que se define con abrir la causa o no hacerlo”, sostuvo Schiappa Pietra.
