El juez de San Lorenzo Carlos Andrés Gazza resolvió la reapertura de la causa penal por la contaminación ambiental atribuida a la empresa Petroquímica Capitán Bermúdez al rechazar la prescripción de la persecución como pretendían las defensas de los directivos de la compañía. El magistrado declaró para ello nula la resolución previa de un juez que siguió el criterio de no continuar adelante con la causa fijado por el ex fiscal regional de Rosario –ahora detenido en el marco de una investigación por juego clandestino– Patricio Serjal.
La determinación de Gazza implica que ahora el trámite por los delitos de daño ambiental seguirá adelante tal como lo demandaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Estos reclamaban reabrir un proceso por manejo inadecuado de materiales altamente contaminantes que fue cerrado por una instrucción del ex fiscal regional Serjal, quien actualmente está en prisión domiciliaria por corrupción.
Gazza señaló que el magistrado que convalidó el cierre del trámite penal contra la empresa –propiedad de los hermanos Sergio y Máximo Taselli, y Matías Gallegos–, Juan José Tutau, fue perjudicado al resolver porque le ocultaron información. “Resulta claro a partir de la declaración de Tutau que no se le expusieron las circunstancias claras, completas, de todo el devenir que había llevado el proceso, para llegar a que el fiscal pidiera en una audiencia un criterio de oportunidad, esto es claro al escuchar no solo al magistrado sino también el registro de audio y video”, señaló el juez.
El tema implica serios aspectos ambientales y emocionales. Según los peritos técnicos convocados en esta causa, en torno de Petroquímica Capitán Bermúdez hay 21 hectáreas afectadas por derrame de cloro, algo corroborado por un informe crítico de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Ese documento señaló que la planta poseía instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos, con inspecciones que evidencian falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas.
Cuando Tutau aceptó cerrar la causa, tal como le pedía el fiscal Juan Carlos Ledesma por orden de su superior Serjal, no sabía que existían una medida en curso en sede civil, ni una denuncia por parte del fiscal de Estado ordenada por un decreto del entonces gobernador Miguel Lifschitz, ni que existía una póliza para la reparación del medio ambiente.
Gazza consideró también que el fiscal Ledesma no lució convencido al acatar la orden de Serjal que resulta, para Edery y Schiappa Pietra, una posible acción de corrupción. También le llamó la atención a Gazza que Ledesma hubiera rechazado contestar a Tutau cuando le preguntaba si su criterio personal sobre lo que debía hacerse en la causa contra Petroquímica era la misma que la de Serjal.
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“Todo ello lleva a una violación clara y que no permite con ninguna circunstancia la aplicación de un criterio de oportunidad”, dijo Gazza. El magistrado remarcó que esta es la discusión de fondo. Y que su tribunal “no podía no advertir que con el grado de contaminación existente está en juego el interés de toda la comunidad, pero no solo de Capitán Bermudez sino de toda región, como lo manifestaron los funcionarios de Medio Ambiente Rintoul y Tripelli, que han prestado declaración”. Y señala que “en tal sentido el tribunal de una cadena llamada Justicia no puede aceptar que la investigación no siga adelante en torno a estas acciones que violentan bienes jurídicos colectivos, que están por encima de cual protección individual que se intente hacer valer”.
Esa alusión parece referir a los planteos de la defensa de los acusados que señalaban que, de hacer lugar a la pretensión de los fiscales, el juez habilitaría el Non bis in idem, principio que supone que no debe juzgarse dos veces a una persona por la misma causa. El argumento es porque, decían las defensas, la resolución de Tutau de aceptar la prescripción de la acción penal había terminado con este trámite, que consideraron por ello lo analizado sobre la cuestión ambiental “cosa juzgada”. El magistrado repone que el juez no resolvió con plenitud de ánimo porque le fue escamoteada información decisiva para ese fin.
“En relación a esta decisión es claro lo que está en juego en este la concepción que hay que tener del mismo, que el interés público es lo que está en juego en este proceso, la concepción que hay que tener del mismo y la mirada de la magistratura ante el accionar de las partes que sin ser ilícito, puede comprometer el mismo”.
Para poder ir hacia el cierre de esta causa, el fiscal de Estado adjunto, Gustavo Luzzini, contrarió el decreto del ex gobernador Miguel Lifschitz que le pedía investigar un delito de contaminación. Por esa razón Luzzini está también imputado en esta causa junto con los empresarios responsables de conducir la empresa. También seguirá sujeto al trámite como imputado el ex fiscal regional de Rosario Serjal.
