Fuerte disputa sobre Petroquímica Bermúdez y un grave caso de daño ambiental que puede quedar cerrado

Una discusión sobre un daño ambiental de efectos imprevisibles por la que fue denunciada la empresa Petroquímica Capitán Bermúdez fue motivo este martes de un fuerte combate jurídico en una audiencia pública. Lo que buscan dos fiscales es reabrir un proceso por manejo inadecuando de materiales altamente contaminantes que fue cerrado por una instrucción del ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, quien actualmente está en prisión domiciliaria por corrupción.

Los fiscales sostienen que esa decisión de extinguir el caso, tomada por el juez Juan José Tutau, debe ser declarada nula por ilegal, y consideran que le da la espalda a una cantidad de víctimas que aún no pueden cuantificarse. Además, sostienen, no tiene en cuenta el interés público que representa un delito contra la salud pública. El representante legal del empresario Sergio Taselli, dueño de la empresa denunciada, replicó que el caso debía mantenerse como está porque no hay ninguna prueba de que la polución denunciada la haya generado esa compañía y además porque el caso tiene fuerza de cosa juzgada.

El asunto entraña aspectos ambientales y emocionales de primera magnitud. Según los peritos técnicos que desfilaron en este caso, en torno de Petroquímica hay 21 hectáreas afectadas por derrame de cloro, algo corroborado por un informe crítico de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Ese documento señaló que la planta poseía instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos, con inspecciones que evidencian falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas.

¿Qué se discutió en la audiencia pública? Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery sostienen que el juez Tutau cerró el caso porque, de una manera que se insinuó maliciosa, Serjal dio una instrucción con esa finalidad y el fiscal de San Lorenzo Juan Carlos Ledesma tuvo que cumplirla por el principio de acatamiento de una orden superior. Schiappa Pietra y Edery consideran que Serjal lo hizo para proteger a la empresa. Al juez Tutau, dijeron, le faltó una importante cantidad de información sobre este caso que a Serjal le interesaba cerrar. Según los acusadores, el juez fue víctima de la redacción de una resolución engañosa.

Para poder ir hacia el cierre, el fiscal de Estado Adjunto, Gustavo Luzzini, contrarió un decreto del ex gobernador Miguel Lifschitz, que le pedía investigar un delito de contaminación.

Lo que hizo Tutau fue aceptar el planteo de suspender la causa penal contra Taselli, uno de los empresarios más poderosos del país según los fiscales, a cambio de un criterio de oportunidad, que es una salida que implica una reparación pero suspende la imposición de pena.

“Hay mucho en juego en estas audiencias”, subrayó Schiappa Pietra en su alegato. “Dos veces pasó el fiscal de Estado, el fiscal general, el ex fiscal regional, altas autoridades de Medio Ambiente, fiscales y jueces. Este es un caso para que la sociedad se esclarezca sobre cómo los funcionarios públicos defienden sus derechos. Cómo se para el Estado frente a los empresarios. Cómo se posiciona frente a hechos dañinos. Cómo se para el Poder Judicial como agencia de resguardo últimos de los derechos y las garantías de las personas”, dijo.

El alegato de los fiscales se enfocó en que la instrucción del ex fiscal regional fue deliberadamente fraudulenta. Dijeron que lo citó a Ledesma en un shopping para darle la indicación. Que en la indicación de Serjal y en toda la posición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) no se tuvo en cuenta que para proponer una suspensión de juicio a prueba (probation) en un caso como este no tiene que estar comprometido el interés público. Y que nunca se consultó la posición de las víctimas.

“Serjal pretendió convencernos de que no había motivos para que al Estado le importe la persecución penal contra una empresa que contaminó con una gravedad que no podemos aún dimensionar. Se quebraron todas las formas. No podemos disponer de la acción penal como nos dé la gana. Me imagino un fiscal de Estado en EEUU que resigne de esta manera la pretensión penal en un contexto donde hay 21 hectáreas contaminadas. Duraría muy poco en el cargo”, sostuvo Schiappa Pietra.

Con una proclamación encendida de sus argumentos, le remarcó al juez Carlos Andrés Gazza que lo más importante de esta secuencia de audiencias, donde en definitiva lo que se define es si la orden de un magistrado que cierra un caso es o no válida, es el objetivo pedagógico. “Cómo vamos a admitir que un fiscal que colabora en causas donde hay 5 mil presos de repente nos pida una solución alternativa justamente con un empresario poderoso que representa una clientela poco habitual del sistema penal. No pasa con el robo de una cartera”.

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El planteo para los fiscales se asienta en examinar con cuidado cómo se construyó la voluntad estatal de archivar el caso. “En ningún momento de esta audiencia se mencionaron los daños ambientales. Quien tomó la decisión (por Tutau) no tenía información sobre los niveles de contaminación que hay en Petroquímica Bermúdez. El caso de esta audiencia es que está todo contaminado el predio ese. Ese el caso. Sella un montón de debates futuros. ¿Qué va a hacer Santa fe con un predio contaminado? ¿Tenemos como Estado la decisión de hacer pagar la responsabilidad de contaminar? ¿Qué hacemos con una orden ilegal para perdonar una contaminación por un daño ambiental que hacía desmayar a nenas de colegio? Acá se habló mucho de remediación. Reparar el medio ambiente es muy caro. Son millones de dólares los que va a tener que pagar Taselli si podemos imputar. Eso es lo que se define con abrir la causa o no hacerlo”, sostuvo Schiappa Pietra.

El abogado de Taselli, Jorge Ilharrescondo, replicó que los fiscales presentaron una serie de argumentos que calificó de “efectistas pero no eficaces”. Sostuvo que más allá de la emotividad que rodea el caso no está probado que en una zona que es un anillo de empresas como Celulosa, que está al lado, sea Petroquímica Capitán Bermúdez la que efectivamente produjo la contaminación. Aludió a que los testigos citados en las audiencias previas no lo pudieron señalar. Pero señaló que el debate ante el juez era eminentemente técnico: que los fiscales buscan contrariar una directiva derivada por el mismo órgano al que pertenecen.

“El propio Estado no puede volver sobre sus pasos y deshacer lo que hizo por acción u omisión de todos sus estamentos. El principio es la vigencia de la teoría de los actos propios. La fiscalía desconoce una regla básica. El MPA es uno solo. Y fue el que instó en su momento impulsar la resolución que ahora se pone en crisis. Es inadmisible. Esto es un planteo de revisión de cosa juzgada. Lo señalé y no me contestaron nada. Y es falso que esto sea un archivo. Es un criterio de oportunidad. Es ajustado a derecho lo que hizo Tutau. El fiscal desistió de avanzar”, observó Ilharrescondo.

Antes, Schiappa Pietra había señalado que “el segundo del fiscal de Estado decidió que no debe perseguirse penalmente un acto por el cual se contaminaron todas las napas freáticas y la boca que toma el agua en Bermúdez está afectada”. Sin embargo, Ilharrescondo lo refutó diciendo que el agua potable que abastece a esa ciudad no proviene de la boca indicada por el fiscal.

Insistieron los fiscales que la decisión de Tutau debe caer porque parte de una orden ilegal. El juez, sostuvieron, fue engañado. “Nadie le contó quiénes eran los empresarios ni el derrotero administrativo que tuvo esa causa. (El poder administrador) venía teniendo serios inconvenientes con la empresa porque no cumplían nunca con nadie. Estaban los escapes de gas cloro, no había respuesta de remediación, no paraban de contaminar. Eso lo dijeron los administradores. El juez tenía que evaluar si esa empresa cumplía”, dijo Schiappa Pietra.

Sin nombrar las causas previas de Serjal en el alegato, el fiscal señaló que el ahora funcionario detenido sostuvo que su decisión fue groseramente ilegal. “Se dictó sin haber imputado hechos ni personas. Sin definir cuál era el conflicto. Sin establecer cuánto iba a pagar Taselli de los daños que le provocó a la provincia. ¿Cuándo en estas audiencias se habló de esto?”, sostuvo Schiappa Pietra. “Nadie indagó sobre un escape de gas cloro en el que se habían desmayado veinte nenas en una escuela. Nadie pidió siquiera al dispensario datos sobre enfermedades respiratorias que causan estas emanaciones, si hubo abortos espontáneos, si se había incrementado la afección de cáncer. Nadie se preocupó por esto porque era un problema. A la gente del lugar nadie le preguntó nada. Era sencillísimo hacer una evaluación de cómo estaba la gente”, agregó Edery.

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Uno de los más enfáticos cuestionamientos fue a que la Fiscalía de Estado desistió de avanzar con el decreto provincial que pedía investigar. “En la audiencia se iba a tratar de cerrar la causa que el gobernador había pedido abrir por emanación de gas cloro que se usaba de arma química en la primera guerra mundial. Se mancilló la palabra del gobernador. Lifschitz quería lo que firmó. Lifschitz ordenó a la fiscalía de Estado que al caso lo denunciaran penalmente. Eso dijo el gobernador Lifschitz”, dijo Schiappa Pietra, y afirmó que la declaración de Pablo Saccone en estas audiencias a su criterio quedará en la historia. “Escuchamos al fiscal de Estado decir que la denuncia había sido hecha para presionar. Pero tenía un decreto dijo del gobernador para avanzar sobre un delito. Esa es la manera en la que se defendieron los derechos de los santafesinos. ¡Qué problema!”

Los defensores del fiscal de Estado adjunto señalaron que el planteo de los fiscales es improcedente. “No se puede recurrir un caso que en su momento no se recurrió. El MPA se equivocó”, sostuvieron. También marcaron que los fiscales en la audiencia iban en contra del órgano al que pertenecen que impulsó finiquitar el caso sin perseguir un delito.