Los padres del niño ahogado y sus abogados solicitaron que se impute por homicidio culposo a cuatro miembros de la comisión del Jockey y a otros responsables
La pileta 'la dulce', del Jockey Club, donde Facundo quedó atrapado. Ahí mismo se lo recordó tiempo después.
El caso de Facundo Gorga, el niño de 10 años que murió ahogado en enero en la pileta 'la dulce' del Jockey Club, suma un nuevo capítulo judicial. Los padres del pequeño y sus abogados solicitaron a la fiscal Mariela Oliva que impute a algunos máximos directivos del club, a partir de elementos novedosos que, estiman, amplían las responsabilidades por la tragedia.
Concretamente, los abogados entienden que deben ser citados e imputados por homicidio culposo en calidad de autores el presidente del club, Charles Roberts; el vicepresidente, Diego Cripovich; el secretario general, Carlos María Félix Linari Micheletti; el tesorero, Luciano Walter Magri, y también el vocal Jorge Sánchez Almeyra en su condición de presidente del Country donde ocurrió la muerte del pequeño. Todos integran la comisión directiva de la institución.
Además, piden que se "complete el elenco de imputados, en función de las evidencias reunidas, con los intendentes del Club, Ramiro Martínez y Juan Carlos Díaz, y el gerente general Luis Luzzini". Estas últimas imputaciones habían quedado pendientes, ya que estas personas, por el rol institucional y laboral que cumplían, también estaban "en situación de garantes de la seguridad de los socios y de sus hijos, en oportunidad de asistir y utilizar el natatorio de la pileta 'la dulce'".
Así lo reveló a La Capital Víctor Corvalán, quien junto a la abogada Evelyn Quain ejercen como apoderados de la parte querellante, Gabriel Gorga y María José Chena, papá y mamá de Facu. "Hay testigos que afirman que la mesa directiva estaba al tanto de las irregularidades que desembocaron en la trágica muerte del niño, al tal punto de que en una ocasión un socio fue sancionado por introducir un toallón en el mismo ducto que terminó succionando el pie del chico. Y otro socio declaró que que hace unos años también el sufrió la succión de un brazo, al punto que lo informó por escrito y otra persona puso personalmente en conocimiento del presidente del club ese episodio", enumeró Corvalán.
En los fundamentos del escrito que analiza la fiscal, los abogados recuerdan que "la muerte del niño ocurrió porque sus piernas quedaron atrapadas en el ducto por el que se aspiraba el agua para el filtrado de la totalidad de la pileta y pese al esfuerzo de quienes intentaban sacarlo de esa grave situación. Recién cuando se apagó el motor, lo lograron. Pero era lamentablemente tarde y no hubo forma de evitar su deceso", mencionó Corvalán.
Los abogados afirman que la muerte del chico es "el resultado típico a que refiere el artículo 84 del código penal, o sea un homicidio culposo. El resultado es consecuencia de que la víctima, que era un excelente nadador pese a su corta edad, no pudo volver a la superficie para respirar, ya que lo atrapó la fuerza de succión del agua para filtrarse. Esa situación es directa consecuencia de una grave imprudencia de parte de todos los responsables del natatorio, ya que lo habilitaron bajo dos riesgos intolerables, o dichos técnicamente 'no permitidos' por el ordenamiento jurídico: el que genera tener un ducto sin ninguna protección y el de no tener un modo para proceder en una emergencia al inmediato apagado del motor para liberar la presión que impedía sacar a Juan Facundo de su posición".
Los apoderados están convencidos de que las responsabilidades penales llegan mucho más arriba de los tres imputados que tiene la causa, ya que la situación estructural del filtrado de la pileta, que provoca la muerte por ahogamiento, era conocida por las autoridades del Jockey Club de Rosario. "Era una situación que existía desde mucho tiempo atrás, como se comprueba con las evidencias conseguidas y que han permitido reconstruir buena parte de la historia de ese natatorio, pese a no contar con la colaboración de las autoridades" de la institución.
Fue el imputado L. S., en su condición de responsable de operaciones, quien declaró que la pileta había estado vacía desde mediados de noviembre hasta unos días antes del 9 de diciembre de 2023, en que se inauguró la última temporada. "Quiere decir que el ducto, así como lo conocemos, sin protección alguna, estuvo a la vista de todos, tanto en el tiempo en que la pileta estuvo vacía como para quienes ingresaban a nadar", dice la querella. Un hecho que también era conocido por los operarios que pintaron la pileta antes de la apertura de temporada. Y todos comprobaron que el ducto carecía de protección.
"Se ha podido comprobar que tanto el presidente como los demás miembros de la comisión directiva, especialmente los que componen la mesa ejecutiva, sabían perfectamente que en la pileta 'la dulce' la succión del agua para su filtrado se hacía por ese ducto carente de cualquier tipo de protección que impidiera el atrapamiento de los miembros inferiores del niño. También conocían perfectamente que para poder apagar el motor para el filtrado se debía acceder a la sala de máquina, que no estaba al alcance de cualquier persona", afirman los abogados. Pero van más allá y recuerdan que un testigo narró que el propio presidente de la institución hacía uso del natatorio los sábados por la mañana. "Este testigo da cuenta de que la situación del ducto sin protección llevaba varias temporadas, y se trata nada menos que de un operario del Country, con una antigüedad de siete años", agregan.
Asimismo, en la temporada 2020/2021, un joven socio del club fue sancionado por introducir una toalla en el ducto. De esta sanción "surge con claridad el riesgo que implicaba el ducto sin protección, ya que el ingreso de la toalla así lo indicaba. Todas las autoridades, no sólo la del Country sino las superiores de la mesa ejecutiva, estaban al tanto del riesgo que implicaba el ducto sin protección, aunque más no fuera para permitir el ingreso de un toallón", revelan Corvalán y Quain. Y abundan: "La sanción por la toalla en el filtro, que ocasionó arreglos y gastos, es un antecedente que claramente indica el conocimiento que las autoridades del Club tenían de la realidad en que funcionaba la pileta 'la dulce', especialmente en su sistema de filtrado.Por lo demás, la presentación hace alusión a un episodio anterior, en que un socio identificado como T. R. se había tirado a la pileta en profundidad y sintió que el ducto lo succionó. Fue entre los años 2019 y 2020, y el hombre pidió por escrito que se colocara una protección, lo cual se hizo. Pero "evidentemente en algún momento fue sacada", aseguran los abogados. Ese episodio llegó a oídos del presidente del club por boca de un amigo de T. R., de nombre ·E. D., quien también prestó testimonio en Fiscalía.
"Todos estos antecedentes, que responden a episodios conocidos por las autoridades del club, además de sus funcionarios y empleados, recientemente ha sido motivo de expreso reconocimiento de parte del R. M, vocal de la Comisión Directiva, delante de la madre de Facundo, de su abuela y de una socia, M. S. V. Conocemos el episodio gracias al relato que por escrito brindó la mamá de Facundo, María José Chena, coincidente con el testimonio que brindado la mencionada testigo M. S. V.", relata el escrito.
En resumen, los abogados ponen énfasis en señalar la "enorme responsabilidad" que los directivos del Club tenían y tienen al habilitar la pileta a temporada tras temporada, en esas "condiciones de riesgos absurdos". Con estos elementos, los padres del niño fallecido y sus representantes legales pidieron las nuevas imputaciones.
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