Por Manuel Parola
Barrios calientes intervenidos por el gobierno provincial y municipal
El Congreso de la Nación se prepara para el debate particular de los artículos de la ley ómnibus presentada por el gobierno nacional. En la última sesión, el oficialismo ingresó en el texto de la ley una serie de artículos que habían sido suprimidos del dictamen y luego restituidos. Dos de ellos refieren al redireccionamiento de los fondos recaudados por el impuesto País, lo que podría dejar sin dinero a las obras para la urbanización de 109 barrios populares de Rosario.
El Fideicomiso para la Integración Sociourbana (Fisu) es una herramienta creada desde la ex Secretaría de Integración Sociourbana, la cual dependía del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para llevar adelante las obras de urbanización de las villas y asentamientos en el país.
Actualmente es financiado por lo recaudado por el impuesto Pais, el cual destina el 70% de su recaudación a la obra social Pami y al Ansés, mientras que el restante 30% se destina al ex Ministerio de Obras Públicas (19,5%) a Turismo Social (1,5%) y al Fisu (9%). La reincorporación de los artículos 179 y 180 modifica esta erogación enviando el 100% de los recursos recaudados por el impuesto País al Pami y al Ansés.
La consecuencia de esta decisión es el desfinanciamiento del fideicomiso, el cual derivaría en la cancelación de las 1300 obras que se están llevando adelante para la integración sociourbana en los barrios postergados del país.
Fernanda Monticelli, ex titular de la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación, apuntó a La Capital que a los barrios en obras se deben sumar los más de 250 mil mejoramientos de vivienda con el programa Mi Pieza (que busca la construcción por parte de los propios vecinos de sus casas a partir de subsidios a mujeres líderes de familias en barrios populares) llevadas adelante en 5 mil barrios populares de todo el país, en el marco de la generación de nuevos lotes con servicio y la conexión a servicios básicos de más de 230 mil hogares. La ex funcionaria hizo hincapié en que, además de ser una política procíclica, es generadora de mano de obra local, lo que creó 320 mil nuevos puestos de trabajo.
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Sólo en Rosario son 40 los barrios que están siendo intervenidos de alguna manera, pero si se incluye el dispendio de los fondos para el programa Mi Pieza, la cifra de espacios que se ven beneficiados con esta política pública asciende a 109.
“De 175 barrios populares en Rosario, 109 tienen obras incluyendo el programa Mi Pieza, generando la autoconstrucción de sus hogares a las familias cuyas cabezas de hogar son mujeres. Esta medida permite la llegada al territorio y han generado mano de obra local y el crecimiento infraestructural de los barrios”, explicó Monticelli a este diario.
Según detalló, los aportes del Fisu sirvieron para ejecutar obras de infraestructura en toda la provincia de Santa Fe, la cual alberga 469 barrios populares, según el relevamiento del Renabap. “Es una política pública que ha funcionado en las últimas dos gestiones de gobierno más allá de su signo político, y es una política de excelencia que ha demostrado que tiene las herramientas para llegar a las barriadas humildes donde antes el Estado no llegaba”, sostuvo.
Los registros de la ex secretaría de Integración Sociourbana apuntaron que las obras desarrolladas en la ciudad comprometieron un monto de $10.806.211 entre más de 40 proyectos, de los cuales la mayoría son llevados adelante por entidades no gubernamentales como la organización Techo, Cáritas, la organización La Poderosa, Ciudad Futura, el Movimiento Evita, entre otros, además de la participación del estado provincial, el municipio y el cuerpo de ingenieros del Ejército Nacional.
"El financiamiento del Fisu hizo posible la primera gran obra en el proceso de integración sociourbana del barrio Nuevo Alberdi, que fue la red domiciliaria de agua y las conexiones domiciliarias de 1960 familias. Sin el Fisu no se podría haber hecho", dijo Antonio Salinas, presidente del partido Ciudad Futura y ex director de la Oficina municipal de Defensa del Consumidor. "Nos quedaron pendientes tres espacios públicos de muchísima importancia. En primer lugar, un playón deportivo en el fuelle entre la zona urbana y la rural del barrio, que siempre estuvieron como desconectadas y que va a tener un impacto muy positivo, incluso en el movimiento económico del barrio, porque pretende la instalación de una cancha de pasto sintético con iluminación y de un espacio ferial para trabajadores de la economía popular", destacó.
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Salinas añadió que también está pendiente otra plaza en el interior del barrio y la puerta de ingreso de Nuevo Alberdi, que hoy es un yuyal sin iluminación ni senderos peatonales. El comité del Fisu, responsable de la asignación de las partidas, tiene aprobadas las erogaciones para llevar adelante estas obras, no obstante desde el 10 de diciembre la Secretaría de Integración Sociourbana no tiene titulares designados ni nadie que firme las entregas de las partidas para el desarrollo de los proyectos.
"Esos tres proyectos están aprobados y licitados por la Municipalidad de Rosario, pero la obra está frenada. En el barrio, la asamblea de Nuevo Alberdi está elaborando un plan de lucha para que eso sea un compromiso administrativo jurídico del Estado Nacional, pero también con el municipio y la provincia, que no vemos que estén peleando con el mismo ahínco la recuperación de los fondos para estas obras, los cuales afectan a los que menos tienen", apuntó el militante.
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Salinas destacó que "todos estos meses en los que se siguió cobrando el impuesto País, a ese fideicomiso le siguió entrando dinero. No sabemos qué va a pasar con eso", admitió. El Fisu es un fideicomiso de afectación específica, por lo que no se puede usar para otros objetivos.
Según los registros del Renabap, el 85% de los barrios populares de Rosario no tiene una conexión regular de agua potable en sus casas. En cuanto a las instalaciones energéticas, el 92,4% de los hogares está conectado de forma irregular a la red, mientras que el 96,6% cocina con garrafa y el 68,9% calefacciona su casa con estufas eléctricas. Respecto a cuestiones netamente estructurales, casi siete de cada diez hogares (69,7%) no tiene conexión cloacal, mientras que el 20,2% desecha sus efluvios en un pozo ciego o en una cámara séptica.
Monticelli subrayó que, previo a la existencia de esta política pública, las intervenciones en barrios populares habían sido experiencias muy específicas y focalizadas llevadas adelante por el municipio o el estado provincial. “No es casual, cuando hicimos el relevamiento, que el 85% de los vecinos en los barrios no tienen acceso al agua. No existió una política pública de inversión para democratizar el acceso a los servicios. Es una de las deudas de la democracia”, señaló Monticelli y sentenció: “Desfinanciar el Fisu, cancelar las obras, es un crimen”.
La captura se concretó mediante un trabajo de inteligencia que evitó hacer público el ofrecimiento de recompensa para no entorpecer la investigación
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