El oficialismo buscará reunir este jueves los votos para aprobar una iniciativa que elimina las restricciones a la compra de tierras rurales. Las posiciones de Carolina Losada, Eduardo Galaretto y Marcelo Lewandowski serán determinantes en una sesión atravesada por fuertes presiones políticas.
Los tres senadores de Santa Fe, Lewandowski (PJ), Losada (UCR) y Galaretto (UCR).
El Senado volverá a quedar este jueves en el centro de una disputa que desborda los límites del Congreso. El oficialismo intentará aprobar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa cuyo capítulo más conflictivo elimina las restricciones nacionales para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Con los votos todavía bajo negociación, las miradas también estarán puestas sobre los tres representantes de Santa Fe.
Las posiciones santafesinas muestran, hasta el momento, dos posturas claramente enfrentadas y una definición que todavía no fue expresada públicamente. La senadora radical Carolina Losada defendió el proyecto después de las modificaciones introducidas durante la negociación parlamentaria. El peronista Marcelo Lewandowski confirmó que votará en contra. Eduardo Galaretto, también integrante de la UCR, figura entre los votos que la Casa Rosada contabiliza a favor, aunque aún no anunció formalmente qué hará en el recinto.
El tratamiento había quedado suspendido el pasado 16 de julio, cuando Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, pidió un cuarto intermedio ante la falta de garantías para aprobar el texto. Dos ausencias inesperadas entre los aliados y las diferencias con el Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, obligaron al oficialismo a postergar una votación que ya había intentado impulsar en varias oportunidades.
La sesión continuará este jueves 6 de agosto, desde las 12. Para obtener la media sanción y girar el proyecto a Diputados, La Libertad Avanza necesitará reunir el quórum y alcanzar 37 votos afirmativos.
Carolina Losada es la única de los dos senadores radicales santafesinos que explicó públicamente su posición. La legisladora de la UCR defendió la iniciativa con los cambios incorporados al texto y se mostró confiada en que el Senado podrá destrabarla.
“Yo creo que los votos estaban. Probablemente alguno tuvo alguna duda respecto de algún punto y durante este tiempo, hasta el 6 de agosto, seguramente se va a subsanar o, si hay que hacer alguna modificación, se hará”, sostuvo durante la reciente visita a la Exposición Rural de Palermo.
Losada remarcó que no respalda el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, sino una versión modificada durante las negociaciones con los bloques dialoguistas. Entre los controles incorporados mencionó la prohibición de que un Estado extranjero compre tierras en la Argentina.
En el caso de las empresas extranjeras con participación estatal, explicó que se exigiría un “doble conforme”: la autorización del gobierno provincial involucrado y también del Estado nacional. Además, señaló que fue eliminada la figura del silencio administrativo, que permitía considerar autorizada una operación si las autoridades no respondían dentro del plazo establecido.
“Nosotros lo que pedimos es muchos controles para la venta de cualquier tipo de tierra. Y los controles me parece que es lo necesario, no prohibir más que a los Estados extranjeros”, afirmó.
La senadora sostuvo que el país necesita inversiones y diferenció las compras realizadas por particulares de las operaciones impulsadas por otros Estados o por compañías controladas por gobiernos extranjeros. También recordó que el artículo 20 de la Constitución Nacional reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos para adquirir bienes y comerciar.
Sin embargo, admitió que todavía pueden incorporarse modificaciones. “Hasta que no se consigan todos los votos, la ley no se va a tratar”, aclaró.
La posición de Eduardo Galaretto es menos explícita. El senador radical no comunicó públicamente cómo votará, aunque distintas estimaciones parlamentarias lo incluyen dentro del grupo de legisladores que podría acompañar al gobierno.
La Libertad Avanza sostiene que cuenta con 36 adhesiones, un cálculo que comprende a sus propios senadores, al PRO, a dirigentes provinciales y a los diez integrantes de la bancada radical. Dentro de esa estimación aparecen Losada y Galaretto.
El eventual respaldo de ambos se inscribe en el acercamiento político entre el gobernador Maximiliano Pullaro y la Casa Rosada. No obstante, la conducción nacional de la UCR presiona en la dirección contraria.
El presidente del Comité Nacional, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, inició conversaciones individuales con los diez senadores radicales para pedirles que rechacen el proyecto. La bancada conducida por el correntino Eduardo Vischi no tiene una posición unificada y varios de sus integrantes responden a gobernadores que mantienen una relación fluida con el presidente Javier Milei.
La incógnita alrededor de Galaretto, por lo tanto, se mantendrá hasta que el legislador comunique su decisión o se produzca la votación.
Marcelo Lewandowski anticipó que rechazará la iniciativa. El senador peronista considera que la eliminación de los límites nacionales permitirá que grandes extensiones y recursos estratégicos queden en manos extranjeras.
“Esta ley que quieren votar, te pueden comprar una provincia entera si el gobernador está de acuerdo. Te pueden comprar la cordillera, te pueden comprar absolutamente todo”, advirtió.
Lewandowski vinculó el proyecto con otras reformas impulsadas por el gobierno, entre ellas el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el denominado “Súper Rigi”, los cambios en la Ley de Glaciares y las modificaciones al régimen de sociedades.
El legislador aclaró que no rechaza las inversiones extranjeras ni la explotación minera, petrolera o gasífera. Su planteo apunta a discutir qué beneficios quedan en el país, cómo participan las pequeñas y medianas empresas y de qué manera se protege el empleo argentino.
“¿Cómo traducimos eso para que nuestras empresas puedan trabajar? ¿Cómo traducimos eso para que las empresas que están cerrando se reconviertan y puedan participar de todo ese entramado?”, planteó.
También cuestionó la posición que atribuye a los legisladores de Unidos y marcó la contradicción interna que atraviesa al radicalismo.
“Resulta que el supuesto presidente de la UCR a nivel nacional, Leonel Chiarella —intendente de Venado Tuerto—, se pronuncia contra la ley, pero los senadores del gobernador, presuntos radicales, votan con Milei”, sostuvo.
La ley vigente desde 2011 establece que las tierras rurales en manos de personas o empresas extranjeras no pueden superar el 15% de la superficie nacional. Ese mismo límite se aplica en los ámbitos provincial y departamental.
Actualmente, ninguna provincia supera ese porcentaje, pero más de 30 departamentos ya excedieron el límite, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales. Se calcula que existen alrededor de 13 millones de hectáreas extranjerizadas, equivalentes a aproximadamente el 5% del territorio nacional.
El dictamen impulsado por el gobierno elimina el tope nacional del 15% y transfiere a las provincias la facultad de establecer sus propias restricciones. Cada jurisdicción podría autorizar, limitar o impedir la venta de tierras rurales a extranjeros.
También desaparecería el máximo de mil hectáreas en la zona núcleo, una restricción destinada a evitar la concentración de grandes extensiones en las regiones de mayor productividad agropecuaria.
Otro de los puntos cuestionados es la posible derogación de las restricciones que pesan sobre campos ubicados en zonas fronterizas o que contienen cuerpos de agua relevantes. Los opositores advierten que la reforma podría habilitar operaciones sobre territorios con lagos de agua dulce, bosques nativos, acuíferos, minerales críticos y pasos estratégicos.
El Gobierno sostiene que la flexibilización permitirá atraer inversiones y aumentar el ingreso de dólares. Sus críticos responden que la mayoría de los países utilizados como referencia por la administración libertaria mantiene controles sobre la adquisición de tierras y activos estratégicos.
En el debate fueron mencionados los casos de Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Austria, China y México, todos con distintos grados de regulación o autorización estatal.
El proyecto llegó a acumular numerosas versiones durante las conversaciones entre el oficialismo y los bloques aliados. La semana pasada, Bullrich recibió a Sturzenegger en su despacho del Senado para explicarle los cambios reclamados por los legisladores dialoguistas.
Uno de los puntos que generaba mayores diferencias era la facultad de las provincias para dictar sus propios regímenes sobre tierras rurales. Según las primeras versiones posteriores al encuentro, Bullrich había conseguido que el ministro aceptara el texto negociado.
Sin embargo, una nueva reunión virtual realizada este viernes con los aliados volvió a mostrar que las diferencias no están completamente saldadas. Algunos senadores reclaman mantener un límite para la superficie provincial que puede quedar en manos extranjeras. Las alternativas discutidas contemplan topes del 20% o del 30%, frente al 15% vigente.
“Así como está, no la votamos”, fue la respuesta atribuida a uno de los legisladores que participa de las negociaciones.
Dentro del propio oficialismo admiten que el capítulo sobre tierras es el principal obstáculo. Sin ese apartado, sostienen, la ley ya habría sido aprobada.
La iniciativa no se limita a la compra de tierras rurales. También modifica el régimen de expropiaciones y endurece los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre una propiedad privada.
La declaración de utilidad pública deberá ser específica, necesaria y proporcional. Además, la indemnización deberá pagarse antes de que el Estado tome posesión del bien.
El texto incorpora el lucro cesante, por lo que los propietarios podrían reclamar no solo el valor actual de un inmueble o terreno, sino también las ganancias futuras que habrían obtenido mediante su explotación.
En materia de desalojos, el proyecto amplía de tres a diez días el plazo de intimación por falta de pago. También establece excepciones para evitar desalojos masivos en barrios populares, alcanzados por una protección que suspende esos procedimientos hasta octubre de 2032 mientras avanza la regularización dominial.
El paquete incluye, además, modificaciones relacionadas con la Ley de Manejo del Fuego y otras regulaciones sobre el uso y la propiedad del territorio.
El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical formalizó su rechazo mediante un documento titulado “La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra”.
Para el partido, la reforma “elimina limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”.
“Para la UCR, defender la soberanía es hacer cumplir la ley vigente porque hoy en Argentina hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas, equivalente al 5% del país, y ya existen más de 30 zonas que pasaron el límite permitido del 15%”, señaló el comunicado firmado por el el presidente del Comité Nacional, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella,.
La conducción radical sostiene que la normativa actual todavía permite ampliar considerablemente la participación extranjera y que, por lo tanto, no existe una necesidad inmediata de eliminarla. También reclama que se haga cumplir el límite en los departamentos donde ya fue superado.
Con diez integrantes, el radicalismo puede inclinar la votación. En el intento anterior, al menos seis senadores de la UCR aparecían dispuestos a respaldar el proyecto. Ahora Chiarella, busca que la bancada rechace en bloque la modificación de la ley de tierras. Para ello, deberá convencer en primera instancia a los dos senadores radicales de su propia provincia, que todo indica que votarán junto al gobierno: Carolina Losada y Eduardo Galaretto.
El debate de este jueves en el Senado nacional estará acompañado por protestas en los alrededores del Congreso y en distintos puntos del país. Organizaciones ambientales, políticas, sociales y sindicales, comunidades indígenas y figuras de la cultura convocaron a movilizarse.
“Argentina no está en venta”, “Las Malvinas son argentinas, el resto del territorio también” y “Pueblo argentino vs. $enadores vendepatria” son algunas de las consignas difundidas.
La Iglesia Católica también manifestó reparos, mientras gobernadores y espacios provinciales comenzaron a advertir sobre las consecuencias que la reforma podría tener en zonas fronterizas, regiones productivas y territorios con recursos naturales estratégicos.
En Misiones, uno de los distritos con mayor sensibilidad por la propiedad de la tierra y la presencia de pequeños productores, dirigentes del oficialismo provincial señalaron que la eliminación de las restricciones podría afectar las economías regionales, el ambiente y el sistema productivo.
Un informe indica que el costo promedio para arrendar esas unidades en octubre se ubicó en 400 mil pesos, sin contar el gasto de las expensas
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