Tras una audiencia de conciliación sin acuerdo, los demandantes buscan que universidades y organismos especializados intervengan para medir el impacto ambiental de los terraplenes en el Delta del Paraná.
Foto: gentileza Fundación Humedales
Los terraplenes alteran por completo las funciones ecosistémicas de los humedales.
La causa civil que busca recomponer el daño ambiental provocado por los incendios en las islas y la construcción de terraplenes en el Delta del Paraná presentó una novedad en las últimas horas, luego de una audiencia de conciliación entre la parte demandante y los imputados que no llegó a buen puerto.
En concreto, desde la Asociación Civil Cuenca Río Paraná insisten para que instituciones científicas y técnicas puedan hacer pericias sobre la construcción de terraplenes y cortes de pasos de agua desarrollados durante los incendios que arrasaron con miles de hectáreas entre 2020 y 2022. La solicitud ya fue realizada pero, ahora, quieren sugerir a nuevas entidades para que lleven a cabo una tarea que requiere de conocimientos muy específicos.
La demanda que derivó en esta causa se originó hace cuatro años, "cuando los incendios estaban en su punto más álgido", recordó el abogado Fabián Maggi, abogado demandante, en diálogo con La Capital. El letrado detalló que, en ese entonces, existía la posibilidad de que se sortee un perito oficial para llevar adelante las pericias y que, ya en ese momento, solicitaron que se puedan hacer consultas técnicas o científicas, amparados en el artículo 476 del Código Procesal Civil de la Nación.
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El avance del fuego, el agravamiento por la destrucción del territorio, el descubrimiento de nuevos terraplenes y la ampliación en la lista de los imputados, enumeró Maggi, hicieron que una tarea de esa magnitud no pueda recaer en un único perito y, por ello, solicitaron que un equipo de expertos se encargue de la tarea.
Inicialmente, desde la asociación civil sugirieron a profesionales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que cuentan con grupos de estudios y análisis especializados en humedales. "Tienen un conjunto de científicos muy específicos en la materia y entendimos que ellos podían ser ideales para realizar esta tarea", explicó el abogado.
Ahora, van a solicitar que el Instituto Nacional de Ecología y Desarrollo Sustentable (Inedes), que depende de la Universidad Nacional de Luján (Unlu) y del Conicet, también pueda ser una de las entidades habilitadas para realizar las pericias. De todos modos, Maggi aclaró que el juez que entiende en la causa, Federico Martín, a cargo del Juzgado Federal de Victoria, será quien decida si hace lugar a esta solicitud de los demandantes.
El abogado explicó que los peritos oficiales son profesionales de diversas áreas inscriptos en el Poder Judicial, que son requeridos, mediante sorteo, para que lleven a cabo este tipo de tareas. En ese sentido, contó que la argumentación de los demandantes para solicitar que las tareas no recaigan en una sola persona y que se busque un equipo trabajo especializado se debe a la complejidad de los humedales: "Son ecosistemas muy particulares, que requieren de un conocimiento específico con tareas a ejecutar que involucran desde mediciones satelitales hasta relevamiento de topografía, ver cuál es la extensión de los terraplenes, su altura y ubicación exactas".
"Este tipo de pericias requiere de equipamientos para mediciones que los peritos no tienen y que sí los tienen las universidades. Por eso queremos que las pericias las hagan un grupo de especialistas", agregó.
En septiembre del año pasado, la Cámara Federal de Paraná confirmó que el Juzgado Federal de Victoria deberá seguir tramitando la causa civil, iniciada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, contra propietarios de campos ubicados en los humedales entrerrianos. Este proceso, explicó Maggi, busca el cese del daño ambiental y la recomposición del territorio.
En ese entonces, la abogada Gimena Viviani, integrante del equipo legal que lleva la causa, destacó que el criterio de la Cámara se ajustó con los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), "que en su opinión consultiva OC-32/25 sobre «Emergencia Climática y Derechos Humanos» estableció que los Estados tienen la obligación de garantizar un acceso real, oportuno y efectivo a la justicia ambiental, evitando que formalismos procesales neutralicen la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades".
La Cidh se pronunció con su opinión consultiva en julio del 2025. En la misma, resolvió, por primera vez de manera explícita, que la crisis climática es una amenaza real y actual para los derechos humanos. Además, señaló que los Estados tienen obligaciones concretas e inmediatas para proteger a las personas y al ambiente.
En su resolución, la Cámara no invocó expresamente a la opinión consultiva pero sí hizo un "control de convencionalidad", explicó su momento Maggi a este medio: "Los jueces revisan si las actuaciones judiciales cumplen con estándares internacionales, fundamentalmente de la Corte de Interamericana de Derechos Humanos".
Por Tomás Barrandeguy