Compradores de desarrollos en distintas localidades del Gran Rosario expusieron sus casos ante concejales. Denuncian demoras e incumplimientos de hasta siete años y buscan crear un registro de damnificados.
La Comisión de Planeamiento del Concejo fue escenario de una reunión con damnificados.
El conflicto alrededor de los desarrollos inmobiliarios comercializados por Grupo Roma sumó un nuevo capítulo. Un grupo de compradores llevó su reclamo al Concejo Municipal de Rosario, donde expuso ante la comisión de Planeamiento las demoras, incumplimientos y dificultades que aseguran arrastrar desde hace años para poder acceder a terrenos en los que, en muchos casos, proyectaban construir su única vivienda.
Los loteos cuestionados están ubicados fuera del ejido de Rosario, en localidades como Pueblo Esther, Ibarlucea, Zavalla, Soldini, General Lagos y Roldán, aunque las operaciones fueron realizadas en las oficinas comerciales que Grupo Roma tiene en una torre de Puerto Norte.
Los damnificados calculan que el conflicto podría involucrar a entre 800 y 1.200 familias. Los casos se remontan a compras realizadas entre tres y siete años atrás y presentan situaciones muy diferentes: desde demoras en las obras y falta de habilitaciones hasta urbanizaciones suspendidas, dificultades para habitar viviendas ya construidas y terrenos alcanzados por restricciones técnicas.
El planteo llegó ahora al Concejo, donde se comenzó a analizar la posibilidad de conformar una mesa institucional que reúna a representantes de las localidades involucradas, organismos provinciales y empresas de servicios. También se propuso crear un registro de damnificados.
Una de las expositoras fue María Laura Rosa, vecina de barrio Tiro Suizo, quien adquirió un terreno en Pueblo Esther. Frente al incumplimiento de los plazos contractuales, explicó, los compradores comenzaron a recurrir a organismos municipales y provinciales.
“Nosotros no compramos un campo, compramos un desarrollo urbanístico”, planteó durante la reunión. Y agregó: “Estamos haciendo las denuncias porque no se cumplieron los plazos contractuales. Queremos soluciones”.
Los testimonios recogidos durante la audiencia mostraron que detrás del reclamo hay situaciones económicas delicadas. Algunos compradores aseguraron haber vendido vehículos o solicitado créditos para poder pagar los terrenos. Otros todavía continúan pagando alquileres mientras esperan poder instalarse en los lotes que adquirieron.
También hay casos de familias que recibieron una posesión precaria y pudieron comenzar obras, pero todavía no cuentan con las condiciones necesarias para vivir allí.
En otros casos, los compradores no sólo proyectaban construir su vivienda sino también desarrollar una actividad profesional, como instalar un consultorio, planes que quedaron paralizados ante la falta de avances.
La concejala Fernanda Gigliani, presidenta de la comisión de Planeamiento, explicó que los problemas varían de acuerdo con cada emprendimiento, aunque señaló como denominador común los incumplimientos atribuidos al grupo desarrollador.
“Hay loteos en donde supuestamente fueron habilitados a construir, pero ahora no les permiten habitar esas casas. Después hay otros que fueron frenados por la Provincia por no tener autorizaciones de las áreas correspondientes, algunos por estar en zonas inundables, otro porque tiene un cable de alta tensión de la EPE que atraviesa el lugar”, enumeró.
Según los testimonios presentados, también hubo emprendimientos que directamente fueron cancelados.
Los compradores cuestionaron además las respuestas obtenidas durante estos años. Según plantearon ante los concejales, Grupo Roma atribuye las dificultades a organismos provinciales, municipios o empresas de servicios.
“La empresa le echa la culpa a la Provincia, a la EPE, a los municipios; todos sus incumplimientos se deben a áreas estatales”, explicó Gigliani.
La concejala agregó que los damnificados también ponen el foco en los controles previos a la comercialización: “Lo que plantean los vecinos, con total razonabilidad, es cómo puede ser que se permitió la comercialización de lotes sin la debida autorización”.
La situación ya había derivado en reclamos públicos durante 2025 y 2026. En septiembre, familias de diferentes localidades se movilizaron hasta las oficinas comerciales de Grupo Roma en Puerto Norte para reclamar por lotes y locales que, según denunciaron, habían sido pagados pero todavía no habían sido entregados.
Para los damnificados, buena parte de la gravedad del conflicto radica en que muchos no compraron los terrenos como una inversión sino con la expectativa concreta de levantar allí su primera vivienda.
“Son dos casos muy parecidos”, señaló Gigliani al comparar la situación con el conflicto de Bauen-Pilay.
“La mayoría tenían la expectativa de acceder a su primera vivienda. Están dejando una camada de damnificados y es gente que quedó endeudada, que vendió autos y sacó créditos para poder pagar el lote, al mismo tiempo que sigue pagando un alquiler. Es una situación muy preocupante”, describió.
Uno de los puntos centrales de la discusión es que ninguno de los desarrollos cuestionados se encuentra dentro del municipio de Rosario.
Grupo Roma sí tiene sus oficinas comerciales en la ciudad, pero las autorizaciones y habilitaciones urbanísticas corresponden a las jurisdicciones donde están emplazados los loteos.
A esto se suma que determinadas certificaciones y factibilidades, entre ellas las vinculadas con recursos hídricos y cuestiones ambientales, dependen de organismos provinciales.
Ese esquema vuelve más compleja cualquier intervención directa del Concejo rosarino. Una eventual solución requiere, según se planteó durante la reunión, la participación de municipios y comunas del Gran Rosario, organismos de la Provincia y empresas de servicios públicos, de acuerdo con el problema particular de cada urbanización.
El concejal Juan Monteverde calificó el caso como una “estafa masiva contra rosarinos” y planteó avanzar con la clausura de las oficinas de la firma en Rosario, además de promover un espacio institucional de seguimiento.
La propuesta, sin embargo, abrió una discusión sobre las facultades del municipio: que una empresa tenga habilitada una oficina comercial en Rosario no significa que la ciudad tenga potestad para intervenir sobre urbanizaciones ubicadas en otras localidades.
Durante la reunión también tomó fuerza otro reclamo: evitar que continúe la comercialización de lotes mientras persista el conflicto.
Gigliani sostuvo que la empresa continúa ofreciendo los desarrollos desde su sede de Puerto Norte. “Hasta el día de hoy siguen comercializando estos lotes en la oficina de Puerto Norte e incluso siguen teniendo cartelería con publicidades”, afirmó. Y agregó: “Es algo que se debe frenar”.
La posibilidad de clausurar la oficina comercial estuvo presente durante la audiencia, aunque nuevamente apareció el interrogante sobre qué herramientas jurídicas tiene el municipio para actuar sobre operaciones vinculadas con loteos ubicados fuera de Rosario.
Los reclamos de los compradores tienen además antecedentes administrativos. En 2024, el Gobierno de Santa Fe dispuso la suspensión de obras en diferentes desarrollos inmobiliarios que no contaban con la documentación requerida. Entre ellos se encontraban El Naranjo, en Ibarlucea; Orígenes, en Soldini; y Comunidad Evolutiva, en Pueblo Esther, todos vinculados con Grupo Roma.
Posteriormente, una medida similar alcanzó a Campo Madero, en Ibarlucea.
Las actuaciones estuvieron relacionadas con la falta de distintas autorizaciones provinciales, entre ellas las correspondientes a cuestiones hídricas y ambientales.
La realidad, sin embargo, no es idéntica en todos los emprendimientos. Comunidad Evolutiva, en Pueblo Esther, aparece entre los proyectos que los propios compradores consideran más avanzados. De acuerdo con la información publicada por la desarrolladora, contempla servicios de agua potable, red cloacal, gas, energía eléctrica, alumbrado y pavimento.
Los damnificados insisten precisamente en que cada urbanización debe ser estudiada por separado porque los obstáculos no son los mismos.
Se trata de Eduardo E., quien figura en varias denuncias penales por vehículos vendidos y no entregados. Su socio, Juan A., fue arrestado el pasado domingo
Por Vanessa Balchunas | Meteoróloga y ambientalista
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