"Estoy sufriendo", dice Lucas, un usuario habitual del colectivo interurbano entre Rosario y San Lorenzo. Al hombre, que hace el viaje a diario para trabajar, ya le pesa en su cuenta familiar el boleto que cuesta 756 pesos o 1.050, si se da el lujo de tomar el que hace un tramo por autopista. Sin embargo, el gobierno provincial readecuó este viernes la tarifa del transporte interurbano como consecuencia del incremento de los costos, la paritaria de los choferes (UTA) y la quita del Fondo Compensador del Interior. En síntesis, la suba representa un 150% para el bolsillo.
A ese escenario se suma un sistema que ya venía siendo absolutamente dependiente de los subsidios al transporte que el gobierno nacional retiró y además la crisis del servicio: falta de frecuencias, suspensiones nocturnas a partir de las 20, y estudiantes que vienen denunciando desde 2023 que los colectivos viajan "explotados" y sin condiciones mínimas, rotos y sin aire acondicionado.
"Lo que sucede en el sistema interurbano no es de estas semanas", señala la presidenta de comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la provincia, Lucila De Ponti, y agrega: "Hace tiempo que hay líneas que eliminan el servicio nocturno, sobre todo en el caso de las que conectan las localidades del Cordón Industrial con Rosario, donde además hay disminución de frecuencias y si a eso se suma un incremento del boleto, se va a generar una pérdida para los usuarios que no van a poder pagar y el sistema se deteriorará aún más".
Para morigerarlo, junto al legislador del Frente Social y Popular (FSP), Carlos Del Frade, la referente trabaja en una serie de propuestas que buscan que sean la principales 20 empresas exportadoras de la provincia las que aporten a un fondo para el transporte y otras medidas ya ingresadas en la Legislatura provincial.
Mientras tanto, lo que la diputada justicialista señala no es ni más ni menos que lo que los usuarios, trabajadores y estudiantes relatan a diario. La queja principal, señalan las agrupaciones estudiantiles, es que "directamente los colectivos dejan de circular después de las 20" y consideran que eso es "lo más grave" porque directamente deja de a pie a los usuarios que en muchos casos deben buscarse alternativas para llegar a destino.
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Y, aunque unas más que otras, las localidades de la región afectadas son casi todas por igual. "El Expreso Andino recortó todos los servicios de los fines de semana", cuenta uno de sus habituales pasajeros, mientras que el Interbus, que une Rosario con localidades como Álvarez y Alvear, también redujo sus servicios.
Las condiciones tampoco son las mejores. "Los bondis van explotados, sin aire y muchas veces rotos, pasan hasta las 20.30 y no pasan más", detallan, a lo que se suma que más de una vez, si van sobrecargados, no se detienen en las paradas indicadas (nada diferente de lo que sucede con el transporte urbano en plena Rosario).
Las quejas en números
Para finales de 2023, De Ponti llevó adelante junto a concejales de localidades del Gran Rosario una encuesta que sistematizó las quejas de los usuarios. Si bien en el registro hay una fuerte presencia de pasajeros de San Lorenzo, se suman también las voces de quienes utilizan el sistema en otras ciudades, como Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Puerto General San Martín, Ricardone y Timbúes.
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Con una fuerte presencia de usuarios jóvenes y adultos jóvenes entre los consultados, en un rango de entre los 17 y los 35 años, más del 60 por ciento afirmó utilizar "siempre" el servicio de colectivos y otro 35 por ciento, lo utiliza "a veces", y los destinos fundamentales son trabajo y estudios, ya sea escuela, terciario o universidad. Un resultado que deja apenas a una franja de un 1,2 por ciento de vecinos que dicen no utilizarlo "nunca".
Las respuestas sobre la calidad del servicio no hacen más que ponerle números a la crisis del sistema. Casi 9 de cada 10 considera que las frecuencias nunca volvieron a recuperarse tras la pandemia de Covid de 2020 y, lo que es peor, el 95 por ciento señala que no pudo acceder al transporte y más del 84 por ciento tuvo que buscar otro medio para llegar a destino. Todo eso por un boleto que más del 80 por ciento, ya a finales de 2023, consideraba "excesivo" por el servicio que obtenía.
Proyectos en diputados
Mientras en las últimas horas gobernadores e intendentes miran hacia Chubut, donde un juez federal de la ciudad de Rawson falló a favor de un recurso de amparo presentado por el gobernador la provincia, Ignacio Torres, para que se restituyan los subsidios nacionales suspendidos por la Nación y que pueden ser un antecedente para el resto de las jurisdicciones del país, en Santa Fe la Legislatura busca alternativas para suplir los fondos que el gobierno nacional retiró.
La propuesta del diputado Del Frade apunta a las 20 principales exportadoras de la provincia que, a lo largo de 2022, cuando presentaron sus balances de venta, declararon una facturación de 6 billones de pesos.
"Ante esta decisión inconstitucional, ilegal y antinacional de recortar los fondos destinados por ley a las provincias es indispensable poner entre paréntesis el artículo 127 de la Constitución Nacional que prohíbe a las provincias cobrar derechos de exportaciones a quienes hagan uso de sus recursos, desde el agua, el cielo y la tierra, como es el caso de las 20 principales exportadoras radicadas en Santa Fe", explicó Del Frade como fundamento de la propuesta.
El legislador detalló que "sólo con lo que estas compañías facturaron hace dos años, cobrándoles apenas el 5 por ciento en concepto de ingresos brutos, la provincia obtiene 324 mil millones de pesos, que es lo que por ahora el gobierno de Javier MIlei no piensa destinar ni al transporte ni tampoco al Fondo de Incentivo Docente".
Para el diputado del FSP, "es una alternativa que se puede aplicar inmediatamente porque si el gobernador (Maximiliano Pullaro) habla de impuesto a la riqueza tiene que empezar por casa".
A esa propuesta, se suma otra batería de medidas ya presentadas, como la ley para gravar a los latifundios en las provincias, así como las viviendas ociosas en las grandes ciudades como Rosario y Santa Fe, además de la renta financiera que considera "elementos fundamentales para una reforma progresista que haga que paguen más los que mas tienen".
Lo que Del Frade llama el "robo" consumado por la Nación a Santa Fe asciende a 85 mil millones de pesos: 38 mil millones de pesos anuales en el Fondo de Incentivo Docente y 46.800 millones de pesos anuales en subsidios al transporte.
