Por Juan Chiummiento
El proyecto inmobiliario se plantea sobre un predio de 1,7 hectárea ubicado en Puerto Norte.
En una extensa sesión, que se inició el jueves y continuó durante la jornada del viernes, el Concejo aprobó dos proyectos de alto impacto en temas urbanísticos, ambos de especial interés para la Intendencia. Por un lado, habilitó la construcción de una torre de 200 metros en Puerto Norte, que se convertirá en el inmueble más alto de la ciudad. Por otro, dio luz verde a la creación de una desarrolladora pública, que buscará dinamizar las obras en barrios populares.
La búsqueda de consensos para ambos proyectos venía siendo buscada desde hace varias semanas por el oficialismo, que pretendía evitar que los proyectos queden juntando polvo durante el verano. No resultó tarea sencilla, pues incluso dentro del mismo Frente Progresista hubo reparos. Las dos concejalas del socialismo, Verónica Irizar y Mónica Ferrero, no acompañaron las iniciativas.
Tal como suele suceder en estos casos, los bloques políticos opositores negociaron hasta último momento su apoyo. Tal fue el caso de algunos ediles de Juntos por el Cambio, que lograron introducir algunas modificaciones al proyecto de la empresa pública, entre ellas el compromiso de utilizar recursos para generar tierra con infraestructura para la clase media: “Tenemos que lograr que más gente tenga acceso a la vivienda propia”, señalaron.
La idea de una desarrolladora municipal apareció hace apenas unas semanas, luego de varios meses en los que diferentes fuerzas políticas buscaron cómo dinamizar las obras en barrios populares, un tema en el que si bien no faltan buenas intenciones por ahora no tiene canales aceitados.
Una vez formalizada, la empresa tendrá amplias facultades en materia habitacional: desde la ejecución de obras hasta la posibilidad de adquirir suelo en barrios populares, pasando por la posibilidad de administrar inmuebles. Incluso se desliza la posibilidad de “promover modalidades alternativas de gestión de soluciones habitacionales, como la vivienda pública de alquiler, los complejos de propiedad colectiva y la gestión social del hábitat”.
El nuevo ente estará conducido por un presidente, un vicepresidente y un vocal designados por el Departamento Ejecutivo. Asimismo, contará con un Consejo Asesor, conformado por integrantes de las secretarías de Planeamiento, Obras Públicas y Movilidad, además del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat. Dentro del texto enviado al Concejo se indica que la sociedad recibirá los bienes que actualmente conforman la reserva del Fondo Municipal de Tierras.
Según los considerandos, la iniciativa “guarda coherencia” con los marcos normativos actualmente en debate en la Legislatura provincial. Se cita la reciente presentación de un proyecto de ley para crear instrumentos concretos para que municipios y comunas tengan autonomía real y puedan tomar “decisiones para abordar las principales problemáticas en sus territorios”.
Los ediles aprobaron también la construcción de la que será la torre más alta de Rosario. Se trata del proyecto pergeñado por las firmas Obring y Sancor Seguros, que tendrá 200 metros de altura y estará ubicado en un amplio predio de Puerto Norte.
La Intendencia buscó que al emprendimiento no le pase lo que sucedió en el caso Lattuca, que recién obtuvo luz verde tras varios años de infructuosos intentos. El Concejo lo aprobó en 2019, pero por ahora no tiene signos de inicio.
Según le aseguraron los empresarios a Javkin, el emprendimiento podría dar sus primeros pasos en 2023, una alternativa que entusiasma al oficialismo por las señales que podría generar hacia el mercado. Si a ello se le suma la inversión para reactivar La Favorita, el intendente tendría dos muy buenos motivos para festejar en un año electoral.
La torre de 200 metros se erigirá sobre un predio de 1,7 hectárea, ubicado en la selecta franja costera de Puerto Norte. El acuerdo con el municipio contempla que, por fuera del edificio, se genere un amplio espacio verde, en un área que hoy se encuentra vedada al acceso público.
En el oficialismo defienden que el emprendimiento sería un gran aporte a la comunidad por dos motivos. Por un lado, lo citado anteriormente: el 92% del terreno en cuestión pasaría a convertirse en parque. Por otro, los inversores aportarían en concepto de compensación económica unos 6 millones de dólares, que engrosarían los fondos de la flamante desarrolladora pública.
Las declaraciones de personas de su entorno permitieron señalar a Cristian López, acusado por los crímenes del arquitecto Joaquín Pérez y del comisionista Ariel Simoncini. Afronta un pedido de prisión perpetua por ambos hechos.
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