Tres de cuatro peones rurales están en negro

Sólo uno de cada cuatro trabajadores rurales está registrado, según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que criticó el proyecto que fija un régimen previsional especial para esa actividad que cuenta con media sanción del Congreso.

"Se trata de una iniciativa de dudosa eficacia social dada la masiva informalidad que prevalece en ese segmento del mercado laboral", planteó.

Asimismo, consideró "muy preocupante que se sigan sancionando normas que aumentan las promesas a futuro cuando los incumplimientos presentes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) están generando cientos de miles de juicios previsionales".

Señalaron, en base a cifras oficiales, que la cantidad de trabajadores asalariados registrados en el sector rural asciende a 335 mil personas, un 25 por ciento del total de empleados rurales.

"Los trabajadores rurales que acceden a la cobertura de la seguridad social y, por lo tanto, serían los beneficiarios directos del régimen especial, constituyen una minoría. De cada cuatro trabajadores, tres van a quedar excluidos porque trabajan en negro u, ocasionalmente, son cuentapropistas con aportes intermitentes", alegó.

Remarcó que, según la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), los 335 mil trabajadores "en blanco" reciben una remuneración promedio de 2.500 pesos mensuales, lo que "casi duplica la que percibe un trabajador en negro urbano, y seguramente también es mucho más alta que los ingresos que reciben la mayoría de los trabajadores informales rurales".

"El proyecto de ley intenta atender la realidad de que su eficacia es muy baja debido a la masiva informalidad en el sector rural. Para ello, establece una moratoria previsional permanente, a través de la cual se propone eximir de la obligación de realizar aportes para acceder a la jubilación especial a las personas que declaren haber realizado trabajos rurales en negro. La idea implica asumir con resignación la masiva informalidad laboral y agrega un nuevo nicho para la corrupción y el negocio de los gestores", evaluó.

A su criterio, "prometer beneficios previsionales de manera improvisada constituye un acto de demagogia y un irresponsable aumento de la deuda publica no registrada".