“Todos, enfermos o no, deberíamos tener el derecho a terminar nuestra vida”, dijo a la BBC Ludwig Minelli, fundador de Dignitas, la organización suiza que tiene una clínica especializada en asistir a personas que piensan en el suicidio como única salida. Pero el gobierno suizo, que hace de las libertades individuales un culto, ahora quiere ponerle límites.
Fundada hace 12 años, la organización ha ayudado a más de 1.000 personas a morir, muchas de ellas extranjeros que han viajado a Suiza porque el suicidio asistido no está permitido en sus propios países.
La legislación suiza para esta práctica es breve y extremadamente liberal. Establece que el suicidio asistido está permitido siempre y cuando los involucrados no estén motivados por “razones egoístas”.
No hay regulaciones más específicas porque durante mucho tiempo se ha aceptado la creencia en ese país de que el derecho a morir es una decisión personal e individual y no debe ser sujeto a interferencia del Estado.
Ahora, sin embargo, el gobierno suizo está considerando establecer nuevos controles sobre el suicidio asistido. Las autoridades presentaron dos nuevas propuestas que podrían forzar a Dignitas a cambiar radicalmente sus procedimientos.
Una de ellas intenta prohibir la práctica totalmente, y la segunda (que se cree es la que podría ser aprobada) limitaría la práctica a los enfermos terminales, lo cual podría reducir el número de extranjeros que viajan al país para un suicidio asistido.
Bajo esta propuesta, los pacientes tendrían que ofrecer evidencia de dos médicos independientes de que su enfermedad es incurable y que tienen sólo unos cuantos meses de vida. También necesitarían demostrar que han tomado una decisión informada, durante un período largo, para poner fin a su vida.
Actualmente, un paciente extranjero llega a Suiza, ve a un médico de Dignitas y muere, todo en el curso de 24 horas.
Tal como informa la corresponsal de la BBC en Suiza, Imogen Foulkes, las prácticas (y las finanzas) de Dignitas y de organizaciones similares están ahora bajo la lupa de las autoridades.
Ha habido rumores en los medios de que Minelli se ha hecho millonario desde que fundó la organización. Y aunque se negó a comentar tales dichos, defendió las políticas de la organización que actualmente ofrece sus servicios no sólo a los enfermos terminales sino a los pacientes con enfermedades crónicas e incluso enfermedades mentales como la esquizofrenia.
“Como abogado de derechos estoy convencido de que el derecho a tomar una decisión para poner fin a la vida pertenece a cada persona que tiene capacidad de discernimiento. La mayoría de las personas con una enfermedad mental tiene esa capacidad total de discernimiento”, puntualizó Minelli.
El fundador de Dignitas incluso está abogando para que este derecho incluya también a las personas que no padecen una enfermedad. “Creo que esta capacidad para tomar la decisión de terminar con la vida también debe aplicarse a una persona sana y yo quiero implementar este último derecho humano”, puntualizó Minelli.
Para el caso, pone como ejemplo el caso de una persona de edad avanzada. “Es una persona muy vieja que no padece enfermedades, pero tiene algunas dificultades porque en la vejez todos tenemos algunas dificultades. Ya no tiene familia, ya no tiene amigos.
Algunos, sin embargo, creen que aunque se permita la existencia de estas organizaciones que ayudan a poner fin a una vida, es necesario regularlas.
“Estas organizaciones deben responder de alguna forma al Estado”, dice Margrit Leuthold, del Comité Nacional de Etica Médica de Suiza. “No es posible que las organizaciones que tratan con la vida y la muerte de ciudadanos actúen con tanta libertad”, agregó.
Ludwig Minelli, por su parte, responde que Dignitas tiene sus propias reglas. “La primera es que nosotros nunca precipitamos un suicidio asistido. Cada paso debe ser iniciado por el individuo y no por nosotros”.
“La segunda regla es que siempre, lo primero que hacemos, es ver si somos capaces de ayudar a la persona a continuar con vida en lugar de ayudarla a dejar de vivir”, aclaró.
Por ahora, sin embargo, es probable que las cosas continúen como están porque cualquier cambio en las leyes de Suiza, dicen los expertos, suele ser un largo proceso.
Minelli afirma que, si es necesario, llevará las propuestas del gobierno a un referendo nacional. “No estoy llevando a cabo una cruzada pero estoy convencido de que debemos luchar para implementar el último derecho humano de nuestras sociedades” expresó. “Y éste es el derecho a tomar una decisión sobre nuestro propio fin, y la posibilidad de tener ese fin sin riesgo y sin dolor”, concluyó. l
