Decenas de presos se amontonan en el pasillo de un penal de Brasil, formando una extensa fila que termina en una mesa servida prolijamente con 146 líneas de cocaína. Uno a uno, los reclusos las aspiran en medio de un clima de fiesta y ostentación. Esas imágenes registradas con el celular de un interno y publicadas en las redes sociales son parte de una alucinante antología de videos difundidos en los primeros días de 2018, poco después del asesinato de nueve presos en una cárcel de Goias (centro) que volvió a sacar a la luz el descontrol del sistema penitenciario en Brasil.
El motín se desató el 1º de enero, exactamente un año después de la masacre de 56 internos en una prisión de Manaus, que inauguró un año regado de cadáveres en las cárceles. Brasil tiene la tercera mayor población de presos del mundo: 726.712 internos, según los últimos datos oficiales de junio de 2016. Con edificios anacrónicos y superpoblados, escaso presupuesto y la mitad de los detenidos sin condena firme, el Estado fue perdiendo el control de los penales a manos de facciones de narcotraficantes. Marcos Fuchs, director de la ONG Conectas, dedicada a velar por los derechos humanos, estima que el 75 por ciento de los centros de detención son manejados por el crimen organizado. "Como el Estado no cuida a los presos, no cela por su salud y coloca más personas por unidad de las que debería, perdió el control. Y cuando se pierde el control aparece otro en paralelo", dijo. "No hay escáneres corporales ni funcionarios entrenados, hay corrupción y tolerancia con celulares, alcohol y drogas. La consecuencia son esas imágenes hechas por los propios presos para que Brasil las vea", añadió.
El ministro de Defensa, Raul Jungmann, reconoció el vacío de autoridad. Y sabe de lo que habla. En 2017, el ejército incautó 10.882 armas en 31 prisiones que alojaban a 22.910 internos. Una cada dos presos. "La mitad de la población carcelaria está armada. Es un absurdo incomprensible que maximiza las masacres y la violencia", señaló. Durante esas requisas, en las cuales se usaron equipos de seguridad de los Juegos Olímpicos Rio-2016, fueron hallados casi 2.000 celulares y narcóticos en abundancia. Las masacres de 2017 dejaron más de 100 presos muertos por una guerra que libran al interior de los presidios del país las bandas de narcos PrimerLa Comando de la Capital (PCC), originaria de San Pablo, y Comando Vermelho, de Río. Los nueve internos asesinados en Goias agitaron el temor a otro frenesí de violencia, pero la crisis fue sofocada después de tres rebeliones. Durante el motín escaparon 243 presos y la presidenta de la Corte Suprema, Cármen Lúcia, debió cancelar su visita al penal el lunes pasado porque no podían garantizar su seguridad. El muestrario de imágenes que circula en internet incluye fiestas con alcohol y drogas a plena luz del día, estremecedores registros de homicidios y fugas, como la filmada en la cárcel de Luziania, Goias, en la que dos hombres jalan el barrote de una reja hasta abrir un espacio por el que se fugan diez detenidos.
Para Julio Waiselfiz, coordinador del programa de estudios sobre violencia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el problema excede los muros carcelarios. "Nada indica que los problemas acabarán. Habrá nuevas sublevaciones y matanzas. Dentro y fuera de los presidios, porque la crisis de seguridad no es exclusiva de los presidios", dijo. Brasil registró 61.619 homicidios en 2016, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. El dato superó al que en 2015 llevó al Instituto Igarapé, dedicado a la problemática de la seguridad, a ubicarlo como el país con más asesinatos del mundo. "El Estado no tiene respuestas, no tiene políticas para contener esa violencia", advirtió el sociólogo. Tras las sublevaciones de 2017, el presidente Michel Temer anunció la construcción de nuevas cárceles. Esos centros separarán a los presos por delitos menores de los criminales más peligrosos —algo que no ocurre en la actualidad— y tendrán bloqueadores de celulares, que además de servir para publicitar las romerías carcelarias se usan para dirigir operaciones delictivas.
Inversión y segregación por peligrosidad son parte de las soluciones propuestas por especialistas, junto con cambios en la Justicia y en la política. "Los jueces creen que la solución es privar de la libertad a las personas. Deberían ser más creativos, emplear tobilleras electrónicas, regímenes abiertos y reducir las prisiones provisorias", dijo Fuchs. "Seamos sinceros. Este no es un área popular. Ningún gobernante que diga que cuidará del sistema penitenciario va a sumar votos", concluyó.
