Holanda no procesará a Zorreguieta por colaborar con la dictadura militar

El padre de la princesa Máxima de Holanda, Jorge Zorreguieta, no será procesado por la justicia de los Países Bajos por su presunta participación en delitos durante la dictadura militar argentina (1976-1983), indicó ayer un portavoz del Ministerio Público holandés.

Familiares de Samuel Leonardo Slutzky, desaparecido en Argentina en 1977, presentaron en septiembre pasado una querella contra Jorge Zorreguieta ante la justicia holandesa para intentar la apertura de un expediente penal contra el padre de la princesa.

Según fuentes de la justicia holandesa citadas por la televisión estatal NOS, "no se han encontrado suficientes elementos probatorios" en la querella presentada por los familiares de Leonardo Slutzky que justifiquen la apertura de un expediente penal contra Jorge Zorreguieta.

En concreto, se afirma que entre las pruebas aportadas para intentar sustentar la acusación contra el padre de la princesa Máxima no se hallan indicios suficientemente sólidos como para creer que Jorge Zorreguieta estuvo implicado en hechos de desapariciones durante el período de facto en Argentina.

Datos sólidos.La justicia holandesa considera que "no existen datos sólidos" para probar que Jorge Zorreguieta estuvo implicado en los hechos que se denuncian (las desapariciones de miles de opositores) durante el régimen de facto de Jorge Rafael Videla, en el cual Jorge Zorreguieta era subsecretario de Agricultura. De momento, el servicio oficial de prensa de la Casa Real holandesa (Rijksvoorlichtingsdienst) no ha querido pronunciarse sobre si la decisión de no procesar a Jorge Zorreguieta supone el levantamiento —de hecho— de las reticencias de La Haya a dejar que el padre de Máxima pueda viajar a Holanda y tomar parte, a partir de ahora, en actos públicos junto a su hija. La primera reacción de los abogados de la familia Slutzky llegó ayer a la tarde. Según Liesbeth Zegveld, abogada de la familia, la justicia holandesa no ha investigado "a fondo" la posible responsabilidad penal de Jorge Zorreguieta en los casos de de-sapariciones.

"Zorreguieta estaba al corriente de lo que estaba pasando. Sabía de las desapariciones", aseguró Zegveld a la radio NOS. En estos momentos, la familia está considerando apelar la decisión judicial. "Vamos a luchar hasta el final", comentó Zegveld.

Desde el 2 de febrero de 2002, Jorge Zorreguieta está —de hecho— "vetado" en Holanda. Esa fecha es emblemática pues recuerda la boda de su hija, Máxima, con el príncipe heredero de los Países Bajos, Guillermo Alejandro. Precisamente, el entonces primer ministro socialdemócrata holandés Wim Kok, del Partido del Trabajo (laborista, Pvda), vetó la asistencia a la boda real al padre de Máxima debido a su pasado político.

Tampoco asistió a la boda su madre, Carmen Cerruti, lo cual supuso un duro golpe emocional para Máxima.

En ese sentido, los medios de prensa holandeses especulan hoy con que, tras la decisión judicial, los padres de la princesa puedan viajar ahora sin mayores problemas a Holanda. En todo caso, la abogada de la familia Slutzky se mostró decepcionada con la noticia, pues creía que la querella podría prosperar.

Dado que Holanda cuenta desde diciembre de 2011 con una nueva legislación en materia de derecho internacional humanitario, la abogada pensaba que se podría sentar un precedente para que los tribunales holandeses puedan juzgar casos similares.

Intereses opacos."Está muy claro que hay gente en Holanda que no tiene interés alguno en procesar a Jorge Zorreguieta. Hay intereses opacos detrás de todo esto", se lamentó Zegveld.

Slutzky ejercía como médico antes de su desaparición. La hija de Slutzky, Alejandra, uno de los querellantes, reside en Holanda, donde se exilió con su hermano en 1978. Ha escrito una novela autobiográfica sobre esos hechos y es miembro del Partido Socialista, informan medios de prensa holandeses.

Por otra parte, en 2001 se presentó una querella similar contra el padre de la princesa Máxima, aunque finalmente no salió adelante (ver aparte). En tanto, la justicia de los Países Bajos se declaró entonces incompetente para abrir un expediente penal en ese sentido. l (DPA)