El gobierno avalará por decreto el cobro de un canon tecnológico a los agricultores que compren su semilla pero limitará su percepción al momento de la compra de la bolsa de insumos. Es decir que no se podrán efectuar retenciones por este concepto sobre el grano cosechado cuando se acopie o se embarque. Por otro lado, se excluirá de ese pago a los pequeños productores.
La decisión fue dada a conocer luego de una reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela; y el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, con representantes de toda la cadena productiva.
La decisión busca poner fin a un conflicto desatado hace un par de años a causa de un sistema planteado por la multinacional Monsanto para cobrar regalías sobre la soja comercializada con su tecnología Intacta a partir de la firma de acuerdos entre privados.
La empresa también impulsó una serie de contratos con las firmas exportadoras de granos para que se analice la soja al momento de comprarla a los productores y en caso de tratarse de tecnología patentada, se les descuente la regalía.
Frente a esto, la Federación Agraria Argentina realizó el año pasado una denuncia contra Monsanto ante la Comisión de Defensa de la Competencia, por entender que la empresa incurría en abuso de posición dominante por la imposición de acuerdos con los productores y empresas.
En la reunión celebrada ayer participaron representantes de acopios, exportadoras, cadenas, semilleros y entidades técnicas y de productores, quienes coincidieron en valorar la voluntad del gobierno por alcanzar el consenso necesario para solucionar el problema histórico del comercio de semillas en el país, que en los últimos tiempos había generado conflictos entre diversos actores de la cadena.
Tras el encuentro también se anunció la creación de un registro que permitirá determinar “qué porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y qué porción corresponde al comercio de bolsa blanca”, término con el que se denomina al producto no certificado o fiscalizado.
La cartera nacional precisó también que el decreto excluirá del pago a los pequeños agricultores y se conformará “un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico”.
Consenso. Al finalizar el encuentro, celebrado en la sede de Agricultura, el ministro Casamiquela destacó “el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos actores”, al resaltar que “la modernización del sistema de pago, que establece que no haya dos derechos de propiedad sobre el mismo bien”.
En ese marco, el Jefe de Gabinete ponderó la interacción lograda entre los sectores público y privado, y subrayó la necesidad de que haya claridad en términos de registro para proteger “a los más débiles y vulnerables y poner un fin a tantos años de discusión”.
Delgado, por su parte, expresó que “las inversiones y el desarrollo de la biotecnología y el germoplasma son fundamentales para nuestro país y el mundo. Es un camino de agregado de valor y generación de empleo que tiene que ser incentivado con reglas claras y el consenso de todos los actores”.
El concepto de germoplasma, según las definiciones de uso general, se utiliza comúnmente para designar a la diversidad genética de las especies vegetales silvestres y cultivadas de interés para la agricultura por o que se asimila al concepto de recurso genético.
Por el lado oficial también participaron del encuentro el secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, Javier Rodríguez; el subsecretario de Agricultura, Juan Maceira; y representantes del Senasa, Inase y la Dirección de Matriculación y Fiscalización.
La Policía de Investigaciones lo rastreó a través del programa Lince que funciona en forma coordinada con 6 mil cámaras inteligentes
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