Los investigadores del lavado de dinero de la banda de Los Monos creen haber dado ayer un paso clave en la detección del modo en que la organización blanqueaba sus ingresos delictivos. Fue con el secuestro de cinco taxis que operaban en Rosario y que funcionan con chapas que son propiedad de personas allegadas al núcleo duro de la organización criminal. Los vehículos fueron interceptados ayer en distintas zonas de la ciudad. Los manejaban choferes que en algunos casos están vinculados por lazos de parentesco a la familia Cantero y en otros no tenían más que una relación laboral. Unos y otros entregaron las unidades a la policía sin ofrecer resistencia alguna.
La acción de ayer fue el corolario de una larga pesquisa en la que intervino de principio a fin la Brigada Operativa de la División Judicial de la Unidad Regional II. Todo comenzó con el inventario económico de las propiedades atribuidas al clan Cantero que agrupa, según información policial, unas 50 viviendas y un centenar de vehículos en manos de sus diferentes miembros. En el capítulo de los vehículos, durante la búsqueda de documentación surgieron informaciones que señalaban que algunos de esos autos eran destinados a prestar el servicio oficial de taxis.
Las dos mujeres. La posesión de esos datos llevó a los pesquisas hasta la Dirección General de Fiscalización de Transportes de la Municipalidad de Rosario. Esa repartición puso a disposición la base informática y de allí surgió que figuran como titulares de chapas dos personas que son las parejas de dos de los máximos líderes de la red criminal: Máximo Ariel "Guille" Cantero, que está detenido, y Ramón Machuca, alias "Monchi Cantero", con pedido de captura.
Las personas que figuran como dueñas de las licencias de los taxis, según las fuentes policiales y la página oficial de la Municipalidad de Rosario, son Vanesa Jacquelina Barrios — esposa de Guille— y Silvana Gorosito —la pareja de Monchi—. La primera aparece como titular de tres chapas y la segunda de las otras dos.
La constatación llevó a un largo recorrido para ubicar a los autos. Un trabajo de seguimiento de los vehículos para los cuales resultó esencial la colaboración de cinco empresas de radiotaxis.
Pero también se realizaron observaciones domiciliarias a los choferes de las unidades y seguimientos satelitales por el dispositivo de GPS de las unidades investigadas. También se concretaron vigilancias sobre los lugares donde los peones de los vehículos entregaban las recaudaciones, lo que no se hacía diariamente.
El juez de Instrucción a cargo de la causa de la asociación ilícita en la que se encuentran Los Monos, Juan Carlos Vienna, tomará declaración a los choferes de los vehículos el lunes próximo. En principio se espera que declaren como testigos, bajo juramento, y no imputados de ilícito alguno. Ninguno de ellos opuso resistencia y todos dijeron no conocer a los dueños reales de los autos que manejaban.
En la calle. Los autos estaban en perfectas condiciones de mantenimiento. Se trata de dos Chevrolet Corsa (RA 2562 y RA 0474), ambos a nombre de Vanesa Barrios; y tres Renault Logan (RA 0843, RA 1866 y RA 3062), el primero a nombre de Vanesa y los otros dos de Silvana Gorosito. Los vehículos fueron secuestrados en distintos puntos: Ayacucho y Seguí; Güemes y Oroño; Flammarión y Arijón; Avellaneda al 5400, y Arijón y Oroño.
El hallazgo de esos taxis consolida algo ya advertido por los investigadores: los presuntos miembros de la organización criminal ceden a sus mujeres la titularidad de bienes que son inscriptos legalmente.
Pero además los encargados de la causa llamaron la atención sobre el interesante mecanismo que implica la compra de taxis para blanquear el dinero procedente del comercio de drogas. El valor de una licencia de taxi promedia los 320 mil pesos. Al cambio oficial son unos 57 mil dólares.
Tanto Vanesa Barrios como Silvana Gorosito aparecen en los registros de la Afip como empleadoras de servicio de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises. En la página digital del municipio (rosario.gov.ar) se verifica que las licencias de los taxis secuestrados ayer corresponden a ellas.
Uno de los choferes de los taxis incautados, según fuentes de la causa, es un tío de los hermanos Máximo y Claudio Cantero. Frente a la localización del primero de los autos, de acuerdo a los voceros, hubo intentos para resguardar los vehículos de los requerimientos de secuestro, los que no prosperaron.
El capítulo que investiga el blanqueo del dinero ya detectó varias modalidades para el lavado del efectivo procedente del campo ilegal. En ese sentido se investigan acciones en el campo inmobiliario y la construcción, la compraventa de vehículos, la actividad de taxis y remises, el transporte de cargas urbanas e interurbanas, la compra de cheques y hasta la participación en pases o derechos federativos de futbolistas.
El objetivo. Para los investigadores, el operativo de ayer afianza el objetivo de la pesquisa: demostrar el patrimonio atesorado por el grupo investigado. La meta de los cuatro fiscales que trabajan en el caso es trazar el mapa de bienes y conectarlos con sus propietarios o testaferros. Una vez que se acredite este vínculo serán los acusados, tal como lo exige la ley penal tributaria, los encargados de explicar de donde provino el dinero para adquirir tales bienes.
En el caso de que no se pueda demostrar un origen legal del dinero están previstas penas de prisión efectiva y el decomiso de los bienes y propiedades. Los casos de enriquecimiento ilícito están comprendidos entre las excepciones en que se invierte la carga de la prueba: son los acusados los que deben demostrar la legalidad de sus activos.
