El gobierno nacional no envió $4.500 millones de la tarifa social y el sistema ya siente el impacto. Piden a la provincia que intensifique los reclamos
Por Nicolás Maggi
La iniciativa pide al Ejecutivo municipal que solicite a la Secretaría de Transporte de la Provincia un informe detallado sobre el estado actual de las compensaciones.
Un proyecto presentado en el Concejo Municipal advierte por la crisis que atraviesa el sistema de transporte público en el interior del país y pone el foco en las demoras del Estado nacional en el pago de compensaciones por atributos sociales. Según el oficialismo, la deuda acumulada hasta marzo asciende a $4.500 millones.
La situación ya está provocando recortes de frecuencias, menos unidades en circulación y dificultades operativas en la ciudad de Santa Fe y los servicios interurbanos, aunque por el momento desde la Municipalidad garantizaron el normal funcionamiento en Rosario.
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La iniciativa de Fabrizio Fiatti, que se aprobaría sobre tablas este jueves en el recinto, pide al Ejecutivo municipal que solicite a la Secretaría de Transporte de la provincia un informe detallado sobre el estado actual de esas compensaciones y el monto de la deuda que Nación mantiene con las empresas prestatarias y el impacto concreto que esa demora está teniendo sobre la prestación del servicio.
"Recordemos que hoy hablamos de la demora en la transferencia de los fondos de la Sube, pero esto es parte de una crisis de los últimos años, en los cuales el gobierno nacional eliminó los subsidios al transporte del interior y no envía los fondos correspondientes al impuesto a los combustibles, asumiendo nuestro propio municipio lo que dejó de enviar la Nación y que genera una diferencia en los costos”, manifestó el edil de Creo.
En tanto, solicita que la provincia intensifique las gestiones para reclamar la regularización urgente de los pagos y garantice previsibilidad hacia adelante. Según fuentes del Palacio de los Leones, el sistema recibe unos 1.600 o 1.700 millones de pesos, dependiendo del mes, y el gobierno de Javier Milei no abonó todavía los correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.
Los atributos sociales incluyen la cobertura del 45 por ciento del valor del boleto e incluye beneficios como el boleto estudiantil, los pasajes para personas con discapacidad y otras tarifas subsidiadas que deben ser compensadas por el Estado nacional a las empresas y que en Rosario tiene 200 mil usuarios.
El problema es que esos fondos no están llegando en tiempo y forma a las empresas que prestan servicio en base a los viajes cancelados con la Sube, lo que genera un desfasaje financiero que golpea de lleno a un sistema ya tensionado y el aumento de costos y la caída de recursos.
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El texto subraya que tanto la Municipalidad de Rosario como la provincia de Santa Fe vienen sosteniendo el sistema con recursos propios y menciona, entre otras herramientas, el incremento de aportes municipales y el Fondo Compensador Municipal del Transporte y el Fondo de Asistencia provincial, la exención del Impuesto a los Sellos y el Boleto Educativo. Aun así, advierte que ese esfuerzo no alcanza si Nación no cumple con las obligaciones que le corresponden.
En ese sentido, el concejal oficialista aseguró que “tanto el municipio como la provincia han aumentado año a año sus aportes a través del Fondo Compensador para el sostenimiento del sistema de transporte público, y en este caso estamos haciendo los esfuerzos necesarios para garantizar la frecuencia y que no se vea afectado el servicio para los usuarios”.
La preocupación no es sólo administrativa ni contable. Detrás del reclamo aparece como consecuencia concreta el peligro de tener menos servicios y peor conectividad para los usuarios. El proyecto señala que los sectores más vulnerables son los más afectados, ya que dependen del transporte público para acceder a la educación, el trabajo y la salud.
Ayer, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) describió la situación en Santa Fe como una de las crisis más agudas del sistema. Autobuses Santa Fe, empresa de la capital provincial, ya redujo entre un 6% y 7% sus servicios, con unos 12 coches menos en la calle, y que una de las principales causas es una deuda de $1.100 millones en concepto de atributos sociales de 2026.
Otro de los puntos que incorpora la iniciativa es el reclamo por el impuesto a los combustibles. Allí se cuestiona que una parte importante de lo que se recauda en Rosario no vuelva a la ciudad pese a que por ley esos fondos deberían tener como destino el sostenimiento de infraestructura y servicios vinculados al transporte. Del precio total por litro, más del 32 por ciento lo componen impuestos nacionales.
Con este proyecto, el Concejo busca poner en agenda una discusión que excede a Rosario y alcanza a buena parte del interior argentino: la desigualdad en el reparto de recursos para el transporte público. En el texto se habla directamente de una “inequidad territorial” que castiga más fuerte a las ciudades fuera del área metropolitana y deja a los sistemas locales cada vez más frágiles frente a cualquier demora o recorte.
“Sentimos que hay cierta contradicción entre algunos planteos que hacen los representantes de La Libertad Avanza en Rosario, al tiempo que no acompañan los reclamos de la ciudad frente al gobierno nacional por los fondos que se van en impuestos y no vuelven pese a que nos corresponden aún por ley”, concluyó Fiatti.
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