El hijo de una víctima de la Tiple A aportó pruebas de la formación del grupo paramilitar

El bioquímico, vicepresidente del Banco Municipal de Rosario y dirigente peronista Constantino Razzetti, asesinado por la Triple A en nuestra ciudad hace 52 años, cuyo crimen lleva más de medio siglo de impunidad, fue perseguido e investigado por las fuerzas de seguridad que operaban desde unos años antes del homicidio, según una serie de nuevas pruebas documentales aportadas a la causa esta semana por su hijo, Carlos Razzetti, a las que tuvo acceso La Capital.

Un archivo secreto amarillento y escrito a máquina

Entre las pruebas aportadas por Razzetti aparecen un archivo secreto de la Secretaría de Informaciones del Estado fechado el 13 de agosto de 1973 sobre la conformación de “un equipo - comité que tenga a su cargo el estudio y asesoramiento para la Central Nacional de Inteligencia, sobre los antecedentes ideológicos marxistas de personas físicas y Jurídicas, entidades, organizaciones físicas o de existencia ideal, publicaciones y medios de difusión”; un acta del Concejo Nacional Peronista del 2 de octubre de 1973 que funge como la virtual fundación de la Triple A y el hábeas corpus presentado -y rechazado- en la Justicia Federal de Rosario por Constantino Razzetti en 1972, en el que denunció un allanamiento ilegal del Ejército y la Policía, que había sufrido en su casa, y que “están matando y despareciendo compañeros”.

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Razzetti presentó las pruebas ante el Ministerio Público de la Acusación, el Juzgado Federal Número 4 -que lleva la causa del crimen de su padre-, la Cámara Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario. “Estos elementos, sumados a los antecedentes que aquí se detallan, ratifican la responsabilidad estatal y la existencia de un plan de exterminio que culminó con el asesinato de mi padre, Constantino Razzetti, el 14 de octubre de 1973” abundó Razzetti en su presentación.

Un allanamiento ilegal del Ejército y la Policía

Con respecto al primer antecedente, Razzetti recordó que “el 2 de mayo de 1972, tras un allanamiento ilegal en nuestra finca familiar perpetrado por fuerzas conjuntas (Ejército y Policía), mi padre presentó un hábeas corpus ante el Juzgado Federal de 1ª Instancia, Sala A. En dicho trámite, que fue denegado, mi padre expresó con claridad su temor fundado, denunciando que ya se estaba matando y desapareciendo compañeros. El Estado, a través del Poder Judicial, ignoró la advertencia de quien meses después sería ejecutado”.

Con relación a los archivos desclasificados de la Secretaría de Informaciones del Estado (Side), Razzetti reveló que “adjunto dos archivos recientemente desclasificados de la ex Side de 1974. Estos documentos prueban la existencia de una estructura de inteligencia dedicada al fichaje de personas por «antecedentes ideológicos marxistas» meses antes del crimen de mi padre”.

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En cuanto al documento que prueba la participación del presidente Juan Domingo Perón y de un sector del peronismo en la formación de la Triple A, Razzetti advirtió que “esta prueba es concordante con las directivas del Consejo Superior Peronista del 2 de octubre de 1973, que ordenaba «impedir los planes del enemigo y reprimirlo con todo rigor» y fue publicada el 14 de octubre de 1973 por el influyente diario EL Mundo, de Jacobo Timermann, taxativamente el acta fundacional de la Triple A y las órdenes de matar”.

Consultado sobre la relación entre estas pruebas documentales con la persecución y el asesinato sufridos por su padre, Carlos Razzetti declaró a este diario que “la correlación entre el hábeas corpus denegado (1972), el documento reservado (1973), el espionaje de la Side (1974) y el posterior asesinato del 14 de octubre de 1973, junto a informes del jefe de Policía de Rosario -a quien le pasaban sus subordinados partes de inteligencia diarios del seguimiento a nuestra familia (obran en el expte 77/05)-, cierran el círculo de prueba sobre el terrorismo de Estado. No hubo ausencia estatal sino una presencia activa para señalar, desproteger judicialmente y finalmente eliminar a mi padre. La responsabilidad estatal es absoluta y el carácter de lesa humanidad del delito es indiscutible”.