La propuesta del concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde, de transferir la totalidad del financiamiento de la salud pública rosarina a la provincia —bajo el paraguas de la autonomía municipal— desató un fuerte cruce institucional. El secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Chale, salió al cruce y calificó la iniciativa como “una de las peores de los últimos tiempos”.
Chale aclaró que el municipio no está dispuesto a ceder el control del sistema, especialmente la atención primaria. “Rosario nunca reclamaría la atención primaria, sobre la cual nos hacemos cargo dentro de la postura autonómica que tenemos”, afirmó, reafirmando el sentido de pertenencia local sobre la red sanitaria.
Salud y autonomía
La mecha que encendió la polémica fue la iniciativa que Monteverde presentó en el Concejo Municipal para su análisis parlamentario. Sobre las bases de la nueva Constitución provincial, el edil de Ciudad Futura propuso que se establezca por ley la delegación de funciones y partidas presupuestarias desde la Casa Gris hacia el municipio. Según sus cálculos, esa delegación parcial de competencias aseguraría unos 180 mil millones de pesos anuales, equivalentes al 26 por ciento que gira la provincia en el marco del convenio prestacional con Rosario.
Sin embargo, para Chale, este movimiento representaría “el mayor retroceso en la historia de la ciudad”. El funcionario recordó que el sistema actual es fruto de 150 años de construcción, edificios y una red hospitalaria sostenida con esfuerzo local y filantropía.
Para el secretario de Gobierno, el proyecto carece de lógica de gestión. “Cederíamos prioridades que hoy tenemos en centros de salud y Centros Cuidar. La propuesta rompería la capilaridad territorial que nos distingue”, marcó Chale. Además, cuestionó la comparación con la capital provincial: “En Santa Fe el sistema es puramente provincial. Aquí, la conclusión de este proyecto sería cerrar hospitales; se le pide a un gobernador que se haga cargo de todo el sistema en una ciudad de la envergadura de Rosario”.
Chale propuso una alternativa: que el convenio prestacional vigente desde 1989 se transforme en una ley provincial. “Esto le daría mayor previsibilidad y robustez, especialmente ante sectores, fundamentalmente del peronismo, que históricamente fueron refractarios a estos acuerdos”, señaló.
El funcionario subrayó que el municipio resistirá cualquier intento de “trasladar o delegar competencias” que debilite la presencia territorial. Según los datos oficiales que maneja el Palacio de los Leones, mientras que en 2009 el convenio prestacional entre provincia y municipio era del 16,8 por ciento, un año después trepó al 19,8 por ciento y fue ascendiendo progresivamente hasta alcanzar su pico máximo en 2019 con el 54,7 por ciento, aunque luego descendió hasta caer al 17,9 por ciento en 2024. En la actualidad se sitúa en el 42,7 por ciento.
“Bajo ningún punto de vista convalidamos este proyecto peligroso. En el clima de época actual, esto podría significar el cierre de efectores”, concluyó Chale.