Analistas económicos informaron que 3.200.000 personas cobran sueldos estatales. Ignoro si esta cifra es tendenciosa o real. En todo caso el gobierno no la desmintió. No le preocupa el desembolso mensual de miles de millones en pesos para pagar sueldos. A mí sí me preocupa. Ese 7,5% de la población argentina no produce nada y el simple sentido común obliga a su reducción: puestos que no son necesarios, acomodo de parientes en toda oportunidad, empleados ineptos e improductivos. La única solución viable para terminar este estado de cosas es convertir cada secretaría de gobierno en una empresa rentable. Como esta rentabilidad no podrá medirse en pesos lo deberá hacer mediante cumplimiento de metas, eficiencia obtenida, planes ejecutados. Condición esencial es poner al frente de cada organismo a empresarios totalmente apolíticos que puedan vender, combinar, eliminar, reducir, modificar, unir, cesantear. Hay hechos concretos que respaldan el manejo de la cosa pública según la forma propuesta: no podremos finalizar ningún ciclo lectivo nacional hasta que los maestros interpreten que son ellos los responsables de hacer cumplir sin interrupciones el plan anual. Hay multitud de empleados públicos ignorantes del más nimio proceso administrativo y se los debe capacitar en informática, en relaciones públicas, en atención al público, en trabajar todas las horas del turno. Nadie pensó aún en rescindir la relación con los ñoquis políticos pero hay que hacerlo ya porque están ausentes y su desvinculación molestará solamente a quienes los acomodaron ahí. Se debe informar al país la real remuneración de los legisladores, sus privilegios y el personal a sus órdenes pues es una exigencia de vieja data que jamás fue satisfecha. Ignoramos en la práctica la función que puedan desempeñar tres senadores por provincia (¿uno no sería suficiente?). Nos protege una rara mezcla de policías delincuentes. Es una aberración y necesitamos que se definan: o cumplen religiosamente su servicio o van a ir presos porque acá no hay chicana posible. La justicia es interpretada caprichosamente por parte de altos magistrados que no deben permanecer más en esos puestos. Hay que trabajar para que las estadísticas obtenidas por el Indec sobre inflación, índices de pobreza y nivel de desocupación sean técnicamente útiles. El pueblo argentino debe gozar del pleno derecho de libre circulación y movimiento sin impedimento alguno. Puedo seguir enumerando ejemplos con la seguridad que siempre he de olvidarme alguno. Dejemos actuar a quienes saben manejo de empresas sin interferencia política y todos saldremos ganando.
